El gremio metalúrgico rechazó el fallo que anuló las elecciones, nombró autoridades transitorias y declaró el estado movilización permanente. Distintos sindicatos como el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo salieron a respaldar a la organización y denunciaron un avance sobre la autonomía gremial.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) salió a confrontar abiertamente la intervención judicial dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y puso en marcha una estrategia política, gremial y administrativa para sostener el funcionamiento del sindicato en todo el país.

La decisión fue tomada durante una reunión extraordinaria del Consejo Directivo Nacional realizada en la sede central del gremio, con participación de más de dos tercios de las seccionales metalúrgicas. Allí, la conducción rechazó formalmente la resolución judicial que anuló las elecciones internas y declaró el estado de alerta, movilización y sesión permanente a escala nacional.

Desde la UOM señalaron además que el objetivo es preservar “la autonomía sindical, la continuidad institucional y los derechos colectivos de los afiliados”. Además de rechazar la intervención judicial, la organización designó a Daniel Daporta, actual secretario general adjunto y referente de la seccional Avellaneda, como Delegado Administrador nacional para sostener el funcionamiento operativo del sindicato.

 Desde la conducción de la UOM señalaron además que la disputa excede el marco interno del sindicato y advirtieron que está en juego el derecho de los trabajadores a elegir de manera autónoma a sus representantes gremiales, sin interferencias externas.

Respaldo del gremio marítimo

En paralelo, el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo declaró el estado de alerta y movilización permanente en rechazo al fallo que anuló las elecciones en la UOM.

A través de un comunicado emitido por su Comisión Directiva Central, la organización sindical denunció que la resolución judicial responde a un “modus operandi de la política neoliberal” orientado a debilitar a las organizaciones gremiales que enfrentan las políticas oficiales.

“Hoy se le arrebata al trabajador el derecho a elegir quién lo represente para defender sus condiciones laborales, permitiendo que la conducción sea digitada arbitrariamente por la vía judicial”, manifestaron desde el gremio marítimo.

La entidad sostuvo además que la intervención sobre la UOM no constituye un hecho aislado, sino parte de una estrategia de disciplinamiento hacia los sectores sindicales con mayor capacidad de resistencia frente a las políticas económicas del Gobierno nacional.

“No es casualidad la violación del Estado de derecho en una organización que hoy encabeza uno de los espacios de resistencia con mayor protagonismo y proyección contra las políticas antiobreras”, señalaron.

En el mismo documento, el Centro de Patrones apuntó directamente contra los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino y María Dora González, quienes firmaron la resolución. “Rechazamos categóricamente el fallo de los jueces que ya avalaron la Reforma Laboral y hoy se prestan al desmembramiento del modelo sindical argentino”, expresó el gremio y paralelamente ratificó su solidaridad con los trabajadores metalúrgicos y con la conducción nacional electa por el voto de los afiliados.

 

El conjunto auriazul con un empate se posiciona como líder del Grupo H. En Arroyito igualó sin goles en la primera fecha. Dirige el brasileño Raphael Claus y en el VAR estará su compatriota Wagner Reway. El encuentro está programado para las 19.

Los cadetes cuestionaron en el Concejo de Rosario el proyecto de regulación de la actividad y defendieron su modalidad laboral.

Zoe Gotusso se presentó la noche del sábado en La Sala de Las Artes con un show muy cálido, íntimo y cercano al público. La función en Rosario oficiaba de cierre de la gira por Argentina, en dónde también visitó Mar del Plata, San Juan, Córdoba, La Plata, Mendoza y Neuquén.

José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, advirtió que la iniciativa implica “un retroceso de casi 40 años” y cuestionó cambios que afectan garantías constitucionales.

La discusión por la reforma del sistema penal que impulsa el gobierno provincial se instaló con fuerza en el debate jurídico e institucional. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que los cambios buscan agilizar las respuestas frente al delito y fortalecer las herramientas de investigación, distintos sectores y especialistas en Derecho comenzaron a expresar preocupación por el alcance de las modificaciones propuestas.

En diálogo con INFOROSARIO, José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario sostuvo que el proyecto representa un cambio profundo del sistema acusatorio vigente y advirtió sobre las repercusiones que podría tener la reforma en las garantías y derechos de los ciudadanos.

“Este proyecto busca modificar algunos artículos del Código Procesal Penal y afecta garantías constitucionales. Se modifican el derecho de defensa, se permitirían los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de ser interrogado sin asesoramiento legal. Además, se habilitarían las actividades de inteligencia e investigación sin causa determinada, generando posibles situaciones de espionaje”, afirmó a nuestro medio el abogado penalista.

                                                      

Nanni sostuvo además que la iniciativa implica un retroceso respecto del sistema procesal implementado en Santa Fe desde febrero de 2014. “Estamos retrocediendo casi 40 años porque lo que se pretende sancionar ya fue eliminado del Código Procesal enal. El código actual es moderno, fue pionero y está acorde a parámetros internacionales”, señaló.

El titular de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario también cuestionó lo que definió como una confusión entre política criminal y política de seguridad. “Las políticas para atacar la inseguridad tienen que ver con la prevención del delito. El derecho procesal comienza cuando el delito ya se cometió. Se están mezclando herramientas de seguridad ciudadana con cuestiones judiciales que terminan afectando a todos los santafesinos”, expresó.

En ese marco y en cuanto a la defensa de las garantías, recordó que “el garantismo en nuestro país nació en 1983, luego de la dictadura, cuando Alfonsín y distintos juristas comenzaron a elaborar una línea ideológica basada en el respeto de las garantías individuales”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto institucional que podría tener la reforma. “Lo peligroso es que esto va a afectar a todos los ciudadanos y a las garantías que les corresponden. Por eso hubo pronunciamientos de colegios de abogados, magistrados y organismos de derechos humanos”, indicó.

Nanni reclamó además una discusión más amplia antes de avanzar con la iniciativa en la Legislatura provincial. “Una reforma de estas características necesita convocar a los especialistas y tener un debate profundo. Hay que sospechar de un Estado autoritario que no respeta el debate ni el pensamiento diferente”, manifestó.

Por último, vinculó el impulso de la reforma con la agenda política del oficialismo provincial. “Claramente hay cuestiones políticas. El caballito de batalla del gobierno siempre fue la seguridad y se intenta volver a poner ese tema en el centro de la escena. Generar un proyecto de ley de estas características me parece arbitrario”, concluyó.

 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el encuentro junto a Karina Milei, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y el resto de los ministros. La agenda parlamentaria, como eje.

Aunque la nómina definitiva para la Copa del Mundo aún no fue confirmada, Lionel Scaloni pateó el tablero y armará una delegación ampliada para los amistosos antes del Mundial.

 

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