José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario, advirtió que la iniciativa implica “un retroceso de casi 40 años” y cuestionó cambios que afectan garantías constitucionales.

La discusión por la reforma del sistema penal que impulsa el gobierno provincial se instaló con fuerza en el debate jurídico e institucional. Mientras desde el Ejecutivo sostienen que los cambios buscan agilizar las respuestas frente al delito y fortalecer las herramientas de investigación, distintos sectores y especialistas en Derecho comenzaron a expresar preocupación por el alcance de las modificaciones propuestas.

En diálogo con INFOROSARIO, José Nanni, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario sostuvo que el proyecto representa un cambio profundo del sistema acusatorio vigente y advirtió sobre las repercusiones que podría tener la reforma en las garantías y derechos de los ciudadanos.

“Este proyecto busca modificar algunos artículos del Código Procesal Penal y afecta garantías constitucionales. Se modifican el derecho de defensa, se permitirían los allanamientos sin orden judicial y la posibilidad de ser interrogado sin asesoramiento legal. Además, se habilitarían las actividades de inteligencia e investigación sin causa determinada, generando posibles situaciones de espionaje”, afirmó a nuestro medio el abogado penalista.

Nanni sostuvo además que la iniciativa implica un retroceso respecto del sistema procesal implementado en Santa Fe desde febrero de 2014. “Estamos retrocediendo casi 40 años porque lo que se pretende sancionar ya fue eliminado del Código Procesal enal. El código actual es moderno, fue pionero y está acorde a parámetros internacionales”, señaló.

El titular de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario también cuestionó lo que definió como una confusión entre política criminal y política de seguridad. “Las políticas para atacar la inseguridad tienen que ver con la prevención del delito. El derecho procesal comienza cuando el delito ya se cometió. Se están mezclando herramientas de seguridad ciudadana con cuestiones judiciales que terminan afectando a todos los santafesinos”, expresó.

En ese marco y en cuanto a la defensa de las garantías, recordó que “el garantismo en nuestro país nació en 1983, luego de la dictadura, cuando Alfonsín y distintos juristas comenzaron a elaborar una línea ideológica basada en el respeto de las garantías individuales”.

Asimismo, advirtió sobre el impacto institucional que podría tener la reforma. “Lo peligroso es que esto va a afectar a todos los ciudadanos y a las garantías que les corresponden. Por eso hubo pronunciamientos de colegios de abogados, magistrados y organismos de derechos humanos”, indicó.

Nanni reclamó además una discusión más amplia antes de avanzar con la iniciativa en la Legislatura provincial. “Una reforma de estas características necesita convocar a los especialistas y tener un debate profundo. Hay que sospechar de un Estado autoritario que no respeta el debate ni el pensamiento diferente”, manifestó.

Por último, vinculó el impulso de la reforma con la agenda política del oficialismo provincial. “Claramente hay cuestiones políticas. El caballito de batalla del gobierno siempre fue la seguridad y se intenta volver a poner ese tema en el centro de la escena. Generar un proyecto de ley de estas características me parece arbitrario”, concluyó.