En la Comisión de Ecología y Ambiente se trató el expediente del Colectivo Asambleario “El Paraná No se Toca” que solicita suspender la licitación pública del proyecto “Parque Acuático – Costanera Norte” hasta que el Concejo Municipal reciba y analice información técnica vinculada a la iniciativa.

Será el domingo 31 de mayo en la plaza del Ferroviario de 14 a 19 horas con una variada agenda de actividades y dispositivos para todas las edades.

La Dirección Nacional de Vialidad salió este martes a aclarar su postura respecto a las intervenciones realizadas frente al emprendimiento Hotel Sol de Funes, ubicado sobre la Autopista Rosario–Córdoba, luego de la controversia generada en torno a supuestas órdenes de demolición de obras sobre la colectora.

A través de un comunicado oficial emitido desde Santa Fe, el organismo nacional sostuvo que “en ningún momento se dispuso la demolición de las obras ejecutadas sobre la colectora”, y explicó que durante las inspecciones realizadas se constató que los trabajos ya estaban terminados, incluyendo accesos y modificaciones sobre cunetas.

Según detallaron, lo que sí se solicitó fue “la regularización administrativa y técnica de aquellas intervenciones que puedan adecuarse a las condiciones de seguridad vial exigidas”.

En el escrito, Vialidad también alertó sobre la existencia de “conexiones ilegales directas entre la autopista y la colectora”, una situación que calificaron como “un grave riesgo para la vida de los usuarios”.

El organismo explicó que estas conexiones permiten maniobras de ingreso y egreso desde una vía de circulación rápida hacia la colectora “sin carriles de aceleración ni desaceleración, sin canalización adecuada, sin distancias de visibilidad seguras y sin señalización preventiva”.

“Este tipo de movimientos improvisados obliga a realizar maniobras bruscas e inesperadas, aumentando significativamente el riesgo de colisiones y siniestros viales de extrema gravedad”, advirtieron desde Vialidad.

Otro de los puntos observados durante las inspecciones fue la presencia de una columna de media tensión que interfiere con un portón de acceso al establecimiento. Desde el organismo remarcaron que se trata de “un gravísimo problema adicional de seguridad”, ya que obliga a los vehículos a realizar maniobras peligrosas en un espacio reducido.

Asimismo, las evaluaciones técnicas detectaron problemas hidráulicos vinculados al escurrimiento del agua de lluvia sobre la colectora intervenida. Según explicaron, las obras realizadas “sin el tratamiento técnico adecuado” provocaron que el agua atraviese transversalmente la calzada, deteriorando rápidamente las mejoras ejecutadas y generando condiciones peligrosas para la circulación.

Finalmente, la Dirección Nacional de Vialidad reiteró que sí se exigió “la corrección inmediata de las reformas ilegales y altamente peligrosas” detectadas en el lugar, remarcando que dichas intervenciones “atentan contra la seguridad de los usuarios y van en contra del lógico y adecuado funcionamiento de la infraestructura vial nacional”.

 

La tensión política y laboral en la comuna de Ricardone ingresa en su etapa más crítica. Este viernes vencerá de manera impostergable el plazo legal de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, herramienta que hasta el momento logró frenar el conflicto generalizado entre el gremio de los trabajadores municipales y la administración local.

En diálogo exclusivo con SL24, altas fuentes de la conducción gremial que encabeza Lito Ramírez adelantaron que no aceptarán más dilaciones. Los representantes de los trabajadores plantaron bandera y advirtieron que, si en la audiencia clave de este viernes las autoridades comunales no aseguran de manera fehaciente los fondos necesarios para hacer frente a los aumentos salariales acordados en la paritaria del sector, la negociación se romperá de forma definitiva.

Ante ese escenario de incertidumbre económica, la estrategia del sindicato liderado por Ramírez ya está definida: solicitarán formalmente que el Ministerio declare el cierre de la instancia administrativa y libere a las partes, lo que habilitará de manera inmediata el inicio de una medida de fuerza por tiempo indeterminado. Una huelga de este calibre paralizaría por completo la prestación de servicios esenciales, la recolección de residuos y la atención administrativa en la vecina localidad, en una semana ya fuertemente congestionada por el transporte pesado.

La interna sindical: “Quiroga quedó neutralizado”

Además del frente de conflicto con la gestión comunal, la paritaria de Ricardone desató una subterránea pero feroz batalla por la representatividad de los trabajadores en los corralones y oficinas públicas.

Desde el gremio mayoritario que comanda Lito Ramírez fueron tajantes al ser consultados por SL24 sobre los recientes movimientos de Edgardo Quiroga, líder del sindicato municipal de la vecina San Lorenzo, quien en los últimos días intentó desembarcar en el territorio para capitalizar el descontento de un sector de las bases.

Según afirmaron voceros de la comisión directiva mayoritaria a este medio, la maniobra de Quiroga para presionar y tratar de sentarse a la mesa de negociaciones fue firmemente desactivada por el propio personal de la comuna de Ricardone.

“Los movimientos de Quiroga por intentar copar el patio de la comuna y negociar los aumentos por su cuenta quedaron totalmente neutralizados. Hoy no tiene margen de acción propia y solo juega un rol de ‘segundo’, replegado y esperando expectante a ver cuáles son los movimientos y las decisiones que tome Ramírez”, sentenciaron con dureza desde el gremio local.

Con las cartas sobre la mesa, las próximas horas serán de febriles negociaciones telefónicas previas a la cita en la cartera laboral santafesina. La comuna deberá afinar el lápiz para conseguir el respaldo financiero que destrabe la paritaria o prepararse para afrontar un duro paro municipal por tiempo indeterminado a partir del próximo lunes.

 

El ataque a tiros a las 19 de este miércoles en Sanguinetti al 5200. El hombre fallecido era un anciano vecino del barrio. Hay cuatro demorados.

El Canalla no pudo asegurarse el liderazgo en la zona. Ambos equipos estaban clasificados a octavos de final.

La iniciativa presentada por el diputado Esteban Paulón reabrió el debate sobre el derecho a decidir en el final de la vida. La Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina asegura que existe un fuerte consenso social y reclama que el Congreso avance en una discusión “plural, informada y respetuosa”.  Según encuestas recientes, entre el 76% y el 80% de la población se muestra a favor de una ley de eutanasia. Propuesta del proyecto y la opinión de Dinah Magnante, especialista en el tema.

El debate sobre la eutanasia volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública argentina tras la presentación del proyecto de ley presentado por el diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Provincias Unidas. La iniciativa propone la regulación y el derecho de acceder a la eutanasia o al suicidio asistido en casos de enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.

El proyecto contempla dos modalidades: la eutanasia, entendida como la administración directa de una sustancia letal por parte de un profesional de la salud, y la muerte asistida, donde la persona se autoadministra la medicación provista bajo supervisión médica. La propuesta está dirigida a mayores de 16 años, argentinos o residentes permanentes con al menos un año de residencia, que atraviesen enfermedades graves e incurables, padecimientos crónicos imposibilitantes o cuadros terminales que provoquen sufrimiento físico o psíquico intenso. La iniciativa establece que la decisión deberá ser voluntaria, consciente e informada, sin presiones externas, y exige dos solicitudes separadas por al menos quince días. Además, prevé la intervención de un equipo médico interdisciplinario y de una Comisión de Evaluación y Garantías. También reconoce la objeción de conciencia individual para profesionales de la salud, aunque impide que instituciones médicas rechacen la práctica por razones religiosas o ideológicas.

Otro de los puntos centrales es la incorporación de la Asistencia Médica para Morir al Programa Médico Obligatorio (PMO) y la modificación del Código Penal para eximir de responsabilidad penal al personal sanitario que actúe bajo el marco legal previsto.

“Presenté un proyecto de ley para garantizar la muerte voluntaria médicamente asistida. Buscamos proteger la libertad de morir de manera voluntaria, regulando los procedimientos, definiendo los principios y salvaguardas, estableciendo los derechos y deberes del personal de salud, y creando los mecanismos institucionales de evaluación, control y seguimiento”, manifestó el diputado Paulón.

La discusión no es nueva en Argentina. La abogada y magíster en Ética Biomédica Dinah Magnante, autora del libro Bioética Clínica. Toma de Decisiones. Final de la Vida. Legislación Internacional, recordó que “desde 2021 se fueron presentando proyectos”, aunque aseguró que ahora observa un escenario más favorable. “Estoy más esperanzada”, afirmó.

En diálogo exclusivo con INFOROSARIO, Magnante señaló que todas las iniciativas legislativas presentadas hasta ahora “admiten ambas modalidades, la eutanasia y la muerte asistida”, y remarcó que el eje del debate pasa por la autonomía personal. “Nadie quiere que decidan por uno cómo morir. Nadie quiere sufrir”, sostuvo. Incluso citó al papa Pío XII al recordar que “nadie necesita sufrir para llegar al Cielo”, en referencia a la legitimidad ética de la sedación paliativa.

La especialista también destacó el crecimiento de la Campaña Nacional por el Derecho a la Eutanasia en Argentina, espacio que impulsa el debate público y la adhesión social a una futura ley. “Están firmando personalidades y ciudadanos, y todos lo vamos difundiendo. Con el ingreso del nuevo proyecto del diputado Paulón se le está dando mucho tratamiento al tema”, explicó.

Desde la campaña remarcan que el objetivo es garantizar “el derecho a decidir en el final de la vida”, junto con el acceso universal a cuidados paliativos. En una carta pública de adhesión difundida recientemente, sostienen que “en determinadas situaciones de padecimiento intolerable, incurable y de sufrimiento persistente, las personas tienen derecho a decidir de manera libre, informada, fehaciente y acompañada sobre el final de su vida”.

El documento también subraya que una regulación adecuada permitiría establecer “marcos claros, controles estrictos y garantías para evitar abusos”, al tiempo que reclama fortalecer los cuidados paliativos y respetar la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.

Magnante consideró clave el rol de los medios de comunicación en este proceso. “Recuerdo que para la sanción de la ley de muerte digna la prensa fue muy importante. Ahora está pasando lo mismo y me parece fundamental aclararle a la población de qué se trata”, indicó. Y aclaró: “Nadie obliga a acceder a la eutanasia”.

Según una encuesta realizada por el Observatorio Pulsar de la UBA el 76% de los consultados estaba de acuerdo con la eutanasia, mientras que otro relevamiento de la Universidad de San Andrés indicó un apoyo cercano al 80%.

“Creo que la sociedad está preparada para eso”, reflexionó Magnante, quien además integra Plataforma Dignidad, un espacio regional conformado por representantes de varios países latinoamericanos que intercambian experiencias sobre legislación vinculada al final de la vida.

En América Latina, Colombia aparece como uno de los países más avanzados en esta materia, mientras que Uruguay aprobó su ley en octubre de 2025, sumándose al grupo de naciones que avanzaron en regulaciones sobre eutanasia y asistencia médica para morir.

“Es importante que ahora lo trate el Congreso”, concluyó Magnante, mientras el debate comienza a expandirse más allá del ámbito legislativo y sanitario para instalarse en la conversación pública argentina.

Para adherir a la campaña: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-p9cSnX-IyMpwke1fkAoxGVKrXuhs21qBWlqCXQs42IBPIQ/viewform

 

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