La economía argentina transita hoy por una fractura expuesta. En la superficie, el tablero macroeconómico exhibe fuertes compras del Banco Central y un tipo de cambio que se mantiene estable en torno a los $1.400. Todo esto apalancado por una cosecha récord y los dólares frescos de Vaca Muerta. Pero bajo esa apariencia de control, la microeconomía de las familias y las empresas cruje inmersa en una crisis profunda. La economia real no logra consolidarse, la salida de divisas para atesoramiento no se detiene y el intento oficial de reactivar el consumo vía crédito choca de frente contra hogares ya endeudados, un empleo formal a la baja y un nivel de mora bancaria que encendió todas las alarmas en la city.

Desde comienzos de 2026, el BCRA adquirió más de USD 5.000 millones en el mercado de cambios mediante intervenciones diarias que representaron, en promedio, el 20% del volumen operado, muy por encima del objetivo inicial del 5%. Según el informe de la consultora Invecq, en el primer trimestre se compró casi el doble que en igual período de 2025 y 3,3 veces más que el promedio 2003-2023.

El ancla de Vaca Muerta y el rojo en las reservas

El contexto ayuda. La cosecha agropecuaria de esta campaña se perfila como excepcional, con un volumen de liquidación proyectado en torno a los USD 40.000 millones. Vaca Muerta consolida su lugar como motor de divisas genuinas: las exportaciones de hidrocarburos crecen, la sustitución de importaciones energéticas avanza y el barril de petróleo, por encima de los USD 100 impulsado por el conflicto con Irán, mejora sensiblemente los términos de intercambio. A eso se suma una minería en expansión, especialmente en oro y litio. Las importaciones, por su parte, cayeron un 12% en el primer bimestre, aliviando adicionalmente la salida de divisas.

Pero si bien las compras van por el carril positivo, las reservas netas —las verdaderamente disponibles para intervenir en el mercado— retrocedieron USD 865 millones. La explicación es que, sin acceso al financiamiento externo por un Riesgo País que sigue limitando las colocaciones, el Tesoro absorbió sólo el 67% de los dólares que compró el BCRA (unos USD 3.658 millones) para hacer frente a sus propios vencimientos de deuda, y las arcas netas están en un terreno cercano a los USD 15.500 millones negativos.

La contracara del orden macroeconómico es una microeconomía que está en fuerte crisis y, aunque el Gobierno asume que repuntará vía crédito, en realidad empieza a perder el faro de la recuperación.

El estallido de la mora familiar

La mora de familias en entidades financieras subió al 11,2% en febrero, el nivel más alto desde 2004 y el decimosexto mes consecutivo de aumento, según datos de la consultora 1816. La mora total del sector privado trepó al 6,7% y la de empresas al 2,9%. En las entidades no financieras —que concentran los préstamos a sectores más vulnerables—, la irregularidad alcanzó el 29,9%.

Lo más significativo del dato es que el deterioro es transversal: la mora subió en 28 de las 30 principales entidades financieras por préstamos a hogares. No es un problema de política crediticia de algún banco en particular, sino un fenómeno que opera a niveles macro.

El derrumbe del consumo en los mostradores

La asfixia financiera de los hogares tiene su correlato en los mostradores. Según el último Índice de Ventas Minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la facturación de las pymes registró en marzo una retracción del 0,6% interanual y un retroceso desestacionalizado del 0,4% frente al mes previo. De esta manera, el primer trimestre de 2026 cerró con un rojo acumulado del 3,6%. El dato más sensible se refleja en el rubro de alimentos y bebidas: acumuló un derrumbe del 5,1% en lo que va del año. Otros sectores fuertemente castigados, como bazar y decoración (-13,3% acumulado) o perfumería (-7,4%), confirman que las familias pasaron la motosierra por todos los gastos que exceden la canasta básica.

La asfixia fiscal y el rojo en las provincias

El ajuste de las cuentas públicas, el principal ancla del programa libertario, también empieza a mostrar signos de fatiga por el lado de los ingresos debido a la parálisis comercial. El cuadro fiscal es cada vez más exigente: la recaudación acumula ocho meses consecutivos de caída en términos reales, arrastrando un deterioro generalizado en el cobro de los principales tributos asociados al mercado interno, como el IVA y el impuesto al cheque. Esta sequía de fondos impacta directamente en las cajas de los gobernadores.

Las provincias enfrentan un combo letal: reciben menores recursos transferidos desde la Nación, en simultáneo con mayores demandas de contención de gasto social y salarial. En este marco de asfixia territorial, un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) confirmó que el reciente uso de adelantos de coparticipación a los distritos subnacionales emerge como un síntoma claro de una tensión fiscal más profunda, demostrando que la motosierra sobre el gasto público no logra compensar el agujero que deja la recesión en las arcas impositivas.

Los Ingresos Totales de la Administración Pública Nacional cayeron 3,5% interanual en términos reales. Los ingresos impositivos retrocedieron 11,5%. Ganancias se desplomó un 25,9% real por cambios en el esquema de anticipos. Los Derechos de Exportación cayeron 44%, en parte por el adelantamiento de liquidaciones que el Gobierno incentivó en 2025 con reducciones de alícuotas. El IVA bajó 5,5% real, reflejo de la debilidad del consumo. En pesos constantes, la recaudación total de marzo se ubica 12% por debajo del promedio del período 2017-2026, en niveles comparables a 2020 en plena pandemia.

El éxito de la desinflación bajo amenaza

El mayor capital político que ostenta la administración de Javier Milei —la desinflación acelerada— también empieza a mostrar grietas que amenazan con desacomodar el resto de las variables macroeconómicas. La inflación de la Ciudad de Buenos Aires adelantó que en marzo el dato fue del 3%, y que el índice núcleo —sin estacionalidad o ajustes de regulados— creció al 2,7%.

El diagnóstico es que la economía crece de manera heterogénea. Los sectores exportadores —agro, energía, minería— traccionan el PBI. Los sectores intensivos en mano de obra —industria, construcción, comercio— muestran debilidad persistente. El empleo formal registró destrucción neta de más de 200.000 puestos. El salario real privado registrado de enero fue el más bajo en 18 meses. El consumo masivo no repunta.

La trampa del crédito y el límite del modelo

En este cuadro, el equipo económico apostó a reducir encajes bancarios para estimular el crédito y, a través de ese canal, reactivar la actividad. Pero la apuesta tiene dos problemas estructurales que identifica Vectorial en su informe semanal: los bancos ya prestaron a los individuos con mejor perfil de riesgo disponibles, y ese segmento parece haber alcanzado su límite de endeudamiento. La capacidad instalada en la industria está en niveles históricamente bajos y las encuestas del INDEC señalan que la debilidad de la demanda interna es el principal obstáculo para expandir la producción.

El crédito, además, sigue siendo caro. La Tasa Nominal Anual (TNA) de préstamos personales en bancos ronda el 70%, equivalente a una TEA cercana al 100%. La brecha entre esa tasa y la tasa de referencia del sistema está en niveles prácticamente inéditos para la última década. La reducción de encajes no perforó ese spread.

El dilema es sin salida rápida: si la política monetaria se relaja para abaratar el crédito, el riesgo inflacionario crece. Si se endurece para contener la inflación —que ya muestra signos de aceleración respecto a 2025—, la mora sube más. En ambos escenarios, la mora continúa en ascenso. Vectorial concluye que la irregularidad no es un fenómeno transitorio, sino un rasgo estructural del actual programa de estabilización.

El mundo del periodismo deportivo está de luto tras conocerse el fallecimiento de Julio Ricardo López Batista, a los 87 años, quien dejó una huella imborrable en radio y televisión.

El emblemático comentarista arrastraba algunos antecedentes de salud cardiovascular que habían requerido intervenciones en años anteriores, y en las últimas semanas había estado internado en la Clínica Zabala.

AMPLIAREMOS.

La emblemática cuadra de Bulevar Oroño 166 fue el escenario de una nueva jornada de protesta este domingo. Allí, un nutrido grupo de damnificados por la empresa Pilay se manifestó para visibilizar una problemática que, según denuncian, ha dejado de ser un conflicto entre privados para convertirse en un tema de interés público debido a su masividad y al impacto social que representa.

Alicia Bernal, una de las referentes del reclamo, dialogó con la prensa en la puerta de la sede administrativa y describió un panorama de «incumplimientos sistemáticos» que se sostienen desde hace años. «Nos costaba mucho saltar el cerco que mantenía esto oculto, pero al empezar a juntarnos con otros que tienen la misma problemática logramos dar pasos importantes», explicó.

Un laberinto de contratos e incumplimientos

El testimonio de Bernal es un reflejo de lo que atraviesan cientos de familias en Rosario y la región. Con 16 años de aportes mensuales al día, todavía se encuentra dentro de un plan de vivienda que no ha sido finalizado. Según detallan los afectados, las modalidades de incumplimiento denunciadas incluyen:

• Plazos extendidos: Adjudicaciones que superan ampliamente los tiempos pactados en el contrato original.

• Cambio de radicación: Entrega de unidades fuera del radio céntrico o de las zonas estipuladas inicialmente.

• Suspensión de sorteos: La desaparición de las instancias de sorteo y licitación monetaria, herramientas que históricamente permitían a los ahorristas acceder a la unidad de forma anticipada.

«Ese dato de cuántos somos solo lo tiene la empresa, pero nosotros afirmamos que somos miles», aseguró Bernal, quien destacó que la organización a través de redes sociales (Instagram: @incumplimientoenpilay) ha sido clave para romper el aislamiento de los casos individuales.

El salto a la esfera institucional

La gravedad de la situación llevó a los damnificados a la Cámara de Diputados de la Provincia el pasado miércoles. En una reunión con la Comisión de Vivienda y Urbanismo, los afectados expusieron la situación de las firmas Bauen y Pilay, ambas empresas de trayectoria histórica con origen en la ciudad de Santa Fe.

El conflicto cuenta actualmente con el respaldo legislativo a través de un proyecto de comunicación impulsado por el diputado Miguel Rabbia. La iniciativa busca habilitar pedidos de informes detallados al Poder Ejecutivo para que el Estado intervenga y exija respuestas claras sobre el estado de los planes y la situación financiera de las obras.

«Esto ya trasciende lo privado por la magnitud de los casos que estamos registrando», concluyó Bernal frente a la sede de Oroño. Mientras tanto, los damnificados aseguran que mantendrán el plan de lucha y las movilizaciones hasta obtener una respuesta concreta sobre el destino de sus ahorros y el sueño de la casa propia.

«Interés Público»

El reclamo de los adjudicatarios hace hincapié en que la cantidad de afectados y la naturaleza del bien en juego (la vivienda única) obligan a una fiscalización estatal más rigurosa. La mirada está puesta ahora en los informes que se solicitarán desde la Legislatura para conocer el estado real de cumplimiento de los contratos vigentes en toda la provincia de Santa Fe.