La Policía Federal Argentina habría realizado este martes un procedimiento en la zona rural del departamento Vera y habría secuestrado una avioneta con una importante cantidad de drogas, según publica el portal InfoVera.

Hasta el momento no se conocen muchos detalles del operativo, pero habría una persona detenida y al menos tres prófugos.

“Por ahora no se precisó la ubicación exacta del campo ni la cantidad de droga incautada. Pero se sabe que es la zona oeste del distrito Vera” señalaron desde el sitio web informativo del norte provincial.

Agregaron que fuentes de la justicia federal de Reconquista confirmaron el hecho, aunque deslizaron que no se trataría de una avioneta caída sino que “la habrían esperado en el lugar por inteligencia previa”.

Lo que en principio parecía un divorcio conflictivo tras dos décadas de matrimonio se transformó en uno de los casos judiciales más resonantes de la política santafesina. Romina Hoffmann, médica gerontóloga y exesposa del intendente de Funes, Roldiver “Roly” Santacroce, radicó inicialmente una denuncia por violencia de género en la Comisaría 23ª de esa localidad. Sin embargo, tras contratar a la mediática abogada Ana Rosenfeld para su división de bienes, el caso escaló hasta sacudir los cimientos del poder local.

Rosenfeld, conocida como “el terror de los maridos”, se incorporó al equipo jurídico de Hoffmann en marzo de 2026. Según explicó la letrada, su clienta la buscó por “miedo y desconfianza” ante el peso político de su exmarido. La abogada asumió no solo la causa por malos tratos y agresiones verbales, sino también una investigación patrimonial que algunos ya comparan con una suerte de “causa de los cuadernos” a escala regional.

“Me contrató una mujer que busca lo que le corresponde”

Desde el desembarco de Rosenfeld en Funes, Santacroce intentó instalar la idea de que se trata de una operación política. La respuesta de la abogada fue tajante: “A mí no me contrató la política, me contrató una mujer que busca lo que le corresponde”, declaró a medios rosarinos.

Si bien la letrada insiste en que su rol se circunscribe al derecho de familia y la compensación económica, reconoció que al investigar a un funcionario público “salen a la luz muchas cosas que hubieran preferido evitarse”. Hoffmann, por su parte, sostiene que necesitaba una representación independiente del entramado de poder que rodea al intendente para poder litigar en igualdad de condiciones.

El patrimonio bajo la lupa: 14 propiedades y millones de dólares

El eje central es lo que Rosenfeld denomina la “ruta del dinero de Funes”. La defensa de Hoffmann sostiene que el patrimonio real del intendente no guarda relación con sus ingresos públicos y que el desfasaje habría sido ocultado mediante una red de testaferros.

La investigación apunta a al menos 14 propiedades, cuentas bancarias locales e internacionales y vínculos con allegados que habrían prestado sus nombres para registrar activos. La compensación reclamada oscila entre los 15 y los 70 millones de dólares, una cifra que dimensiona la magnitud de la riqueza en disputa. “Donde pongo la mano, encuentro cosas”, graficó Rosenfeld, quien aseguró estar recibiendo información de personas dispuestas a delatar activos no declarados.

Valijas, efectivo y “Funes S.A.”

Uno de los puntos más oscuros del expediente surge de la declaración policial de Hoffmann: la mujer afirmó que Santacroce se retiró del hogar conyugal llevándose tres valijas cargadas con dinero en efectivo en una camioneta con destino a Calchaquí. Este episodio dio pie a la hipótesis de una “ruta del dinero físico” acumulado fuera del sistema formal.

Pero la denuncia va más allá de lo doméstico. Rosenfeld acuñó el término “Funes Sociedad Anónima” para describir un presunto esquema de retornos vinculados al desarrollo inmobiliario. La sospecha es que el crecimiento explosivo de barrios cerrados en la ciudad estuvo “lubricado” por dádivas y aportes a fideicomisos municipales irregulares a cambio de habilitaciones. La Justicia ya tendría en su poder una lista de empresarios y presuntos testaferros que habrían participado de este circuito.

La defensa de Santacroce: “Es una maniobra política”

El intendente Santacroce rechazó todas las acusaciones, calificándolas como una operación orquestada por la oposición para frenar sus aspiraciones a la gobernación. Negó los cargos de maltrato y afirmó que se trata de un conflicto familiar derivado de una separación traumática.

Desde su entorno aseguran que la contratación de Rosenfeld busca generar un escándalo mediático para forzar una negociación económica y dañar su imagen electoral. No obstante, el avance de la causa y la filtración de datos patrimoniales han llevado el conflicto mucho más allá del ámbito privado del derecho de familia.

Presiones y una causa que no se detiene

El clima en torno al caso se volvió asfixiante a medida que trascendieron los detalles de la investigación. La propia Ana Rosenfeld denunció públicamente haber recibido cartas documento, correos electrónicos y llamadas intimidatorias que interpreta como maniobras directas del entorno de Santacroce para silenciar su labor. Sin embargo, lejos de bajar el perfil, la abogada redobló la apuesta y amplificó sus declaraciones tanto en medios regionales como nacionales.

Estas presiones, en lugar de frenar el avance judicial, parecen haberle inyectado mayor combustible a la causa. Para los investigadores, cada intento de acallar el proceso se convierte en un nuevo indicio de que existen irregularidades de fondo en la gestión de Funes que se pretenden ocultar.

Con la lista de empresarios ya en manos de la Justicia, el caso permanece abierto y en plena ebullición. Mientras Rosenfeld advierte que “lo más importante todavía está por conocerse”, la política santafesina aguarda con una mezcla de expectativa e inquietud los próximos capítulos de un escándalo que ya se perfila como uno de los procesos judiciales más gravitantes de la provincia en los últimos años.

Redaccion LT9

La tensión entre la cámara exportadora y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso luego de que la dirigencia gremial anticipara que habrá un escenario de agresión incluso antes de que se abrieran las mesas de negociación oficiales. Según la visión de Gustavo Idígoras, este clima de confrontación no tiene una raíz estrictamente laboral, sino que está vinculado a las aspiraciones de la conducción gremial de proyectarse políticamente hacia entidades sindicales de nivel nacional.

Idígoras fue tajante al señalar que la industria nunca ha dejado desprotegidos a los aceiteros ante el fenómeno inflacionario. En la actualidad, el salario ajustado del sector se encuentra por encima del índice oficial de inflación, por lo que consideró que no existe una necesidad técnica urgente de abrir una revisión paritaria inmediata. Hizo un llamado a los trabajadores no sindicalizados y a las bases para que mediten si las actitudes agresivas y violentas son realmente el camino para mantener el poder adquisitivo, o si por el contrario, podrían terminar perjudicando la estabilidad de sus ingresos.

Finalmente, el presidente de CIARA-CEC abordó la preocupación gremial por la posible modificación de la Ley de Cabotaje. Sobre este punto, Idígoras marcó distancia de las propuestas que surgen de forma aislada desde algunos sectores del gobierno nacional y abogó por un debate amplio, sincero y masivo. Manifestó que no es saludable para la actividad portuaria despertarse con una normativa nueva sin consenso, y propuso mesas de trabajo técnicas para modernizar la ley de manera que beneficie la competitividad sin generar conflictos innecesarios en un sector que es el motor de la economía argentina.

Integrantes de la cooperativa Trechel expusieron este martes en la comisión de Producción y Promoción del Empleo del Concejo Municipal de Rosario para alertar sobre una orden de desalojo enviada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) sobre el predio donde funcionan desde hace 13 años, en barrio Refinería.

Según explicaron, la notificación llegó el pasado 30 de abril y establece un plazo de diez días hábiles para abandonar el terreno fiscal donde desarrollan su actividad industrial.

“El problema más grave es que nos mandaron una notificación de la AABE ordenando el desalojo en diez días hábiles. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando”, sostuvo Carlos Gavio, representante de la cooperativa, durante la reunión en el Palacio Vasallo.

La cooperativa de Trechel se conformó en 2013 luego del cierre de la empresa original, que funcionaba desde 1952. “El 18 de marzo de 2013 llegamos y no había nada, los patrones se habían llevado todo. Ese año se formó la cooperativa y ahí arrancamos”, recordó Gavio.

De acuerdo a lo relatado por los trabajadores, inspectores de la AABE visitaron recientemente el predio para constatar que la actividad continuaba desarrollándose y, días después, enviaron la intimación de desalojo.

Uno de los puntos que más preocupa a los integrantes de Trechel es la imposibilidad material de abandonar el lugar en el tiempo exigido. “No nos da el tiempo ni para sacar las máquinas y, por los años que tienen, si las movemos probablemente no sirvan más”, advirtieron.

Además, señalaron que históricamente existió voluntad de regularizar la situación del terreno y remarcaron que nunca habían recibido una intimación previa en más de una década de trabajo en el lugar.

Tras escuchar el planteo, desde la comisión de Producción manifestaron preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores y propusieron avanzar con gestiones administrativas ante el Estado nacional para intentar abrir una instancia de diálogo o encontrar alternativas de relocalización.

La medida impulsada por familiares y legisladores busca ofrecer asistencia económica mensual y vitalicia a personas con secuelas graves o familiares de fallecidos.

A casi un año del inicio de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo adulterado que dejó 114 personas fallecidas y decenas de personas con secuelas graves, familiares de víctimas participaron de una reunión convocada por el diputado Christian Castillo, quien desde el Partido de los Trabajadores Socialistas propuso la iniciativa de una pensión graciable reparatoria.

“Hemos presentado con la presencia de familiares de víctimas un proyecto para instituir una pensión graciable .Estamos estableciendo una pensión porque muchos de ellos eran sostén de familia, y también garantizar la cobertura de IOMA o darles una y la atención de los distintos sectores profesionales que realizan acompañamiento en causas de este tipo”, manifestó el diputado provincial del PTS FIT-U, Christian Castillo. La convocatoria se realizó este martes en el Anexo de la Cámara de Diputados y los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas concretas e integrales por parte del Estado Nacional.

“La causa judicial es clara: no se trató de un hecho aislado, sino de una falla estructural del sistema sanitario y regulatorio, evidenciada por la falta de trazabilidad efectiva, la debilidad en los mecanismos de reporte de información sanitaria, las fallas en los sistemas de control y la ausencia de coordinación en la respuesta ante la crisis”, argumentaron las familias de las personas fallecidas.

A su vez, desde un comunicado destacaron: “Se trata de un hecho inédito, sin precedentes a nivel mundial, que hoy expone a la Argentina ante la mirada internacional. Estas limitaciones no solo afectan la capacidad de prevención, sino también la respuesta frente a eventos de alta gravedad, y sobre todo el riesgo sigue vigente y nadie está exento”.

En la presentación del proyecto estuvieron presentes también otros legisladores que lo acompañan como Mónica Scholotthauer de Izquierda Socialista, Romina Braga de la Coalición Cívica, asesores del PTS y el asesor de la diputada Romina Del Plá.

“Aun no pasó a tratamiento. El diputado Christian Castillo nos pidió que podamos empezar a trabajar el proyecto  con otros bloques, para pedir que acompañen. Tenemos pendiente el contacto con el presidente de la Cámara de Diputados. Es un pedido para que el Estado Nacional tome compromiso con este escenario”, expresó Alejandro Ayala,  integrante de Familias víctimas del Fentanilo Adulterado a INFOROSARIO.

Durante sus palabras en el encuentro en Diputados, Alejandro sostuvo: “No estamos discutiendo solamente un proyecto de ley, estamos hablando de un suceso sanitario que dejó un centenar de fallecidos, decenas de afectados y miles de familias atravesadas por un daño irreparable. Es un debate sobre la capacidad del Estado para prevenir, controlar y responder ante riesgos críticos”.

Los familiares asimismo cuestionaron que a la fecha  la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Manuel Quintar, no ha asumido el compromiso político de tratar ninguno de los proyectos presentados: “Existe hoy una brecha evidente entre el diagnóstico y la acción. Falta decisión política para transformar ese diagnóstico en medidas concretas que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse”.

Finalmente Alejandro Ayala, hermano de Leonel (víctima del fentanilo adulterado) reflexionó: “Tenemos la responsabilidad de transformar esta tragedia en un punto de inflexión. De fortalecer las capacidades del sistema y de garantizar que una situación como esta no vuelva a suceder. Porque cuando el Estado no controla, no previene o llega tarde, las consecuencias no son administrativas, son humanas”.

La medida impulsada por familiares y legisladores busca ofrecer asistencia económica mensual y vitalicia a personas con secuelas graves o familiares de fallecidos.

A casi un año del inicio de la crisis sanitaria provocada por el fentanilo adulterado que dejó 114 personas fallecidas y decenas de personas con secuelas graves, familiares de víctimas participaron de una reunión convocada por el diputado Christian Castillo, quien desde el Partido de los Trabajadores Socialistas propuso la iniciativa de una pensión graciable reparatoria.

“Hemos presentado con la presencia de familiares de víctimas un proyecto para instituir una pensión graciable. Estamos estableciendo una pensión porque muchos de ellos eran sostén de familia, y también garantizar la cobertura de IOMA o darles una y la atención de los distintos sectores profesionales que realizan acompañamiento en causas de este tipo”, manifestó el diputado provincial del PTS FIT-U, Christian Castillo. La convocatoria se realizó este martes en el Anexo de la Cámara de Diputados y los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas concretas e integrales por parte del Estado Nacional.

“La causa judicial es clara: no se trató de un hecho aislado, sino de una falla estructural del sistema sanitario y regulatorio, evidenciada por la falta de trazabilidad efectiva, la debilidad en los mecanismos de reporte de información sanitaria, las fallas en los sistemas de control y la ausencia de coordinación en la respuesta ante la crisis”, argumentaron las familias de las personas fallecidas.

A su vez, desde un comunicado destacaron: “Se trata de un hecho inédito, sin precedentes a nivel mundial, que hoy expone a la Argentina ante la mirada internacional. Estas limitaciones no solo afectan la capacidad de prevención, sino también la respuesta frente a eventos de alta gravedad, y sobre todo el riesgo sigue vigente y nadie está exento”.

En la presentación del proyecto estuvieron presentes también otros legisladores que lo acompañan como Mónica Scholotthauer de Izquierda Socialista, Romina Braga de la Coalición Cívica, asesores del PTS y el asesor de la diputada Romina Del Plá.

“Aun no pasó a tratamiento. El diputado Christian Castillo nos pidió que podamos empezar a trabajar el proyecto  con otros bloques, para pedir que acompañen. Tenemos pendiente el contacto con el presidente de la Cámara de Diputados. Es un pedido para que el Estado Nacional tome compromiso con este escenario”, expresó Alejandro Ayala, integrante de Familias víctimas del Fentanilo Adulterado a INFOROSARIO.

Durante sus palabras en el encuentro en Diputados, Alejandro sostuvo:“No estamos discutiendo solamente un proyecto de ley, estamos hablando de un suceso sanitario que dejó un centenar de fallecidos, decenas de afectados y miles de familias atravesadas por un daño irreparable. Es un debate sobre la capacidad del Estado para prevenir, controlar y responder ante riesgos críticos”.

Los familiares asimismo cuestionaron que a la fecha la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por el diputado Manuel Quintar, no ha asumido el compromiso político de tratar ninguno de los proyectos presentados: “Existe hoy una brecha evidente entre el diagnóstico y la acción. Falta decisión política para transformar ese diagnóstico en medidas concretas que eviten que una tragedia similar vuelva a repetirse”.

Finalmente Alejandro Ayala, hermano de Leonel (víctima del fentanilo adulterado) reflexionó: “Tenemos la responsabilidad de transformar esta tragedia en un punto de inflexión. De fortalecer las capacidades del sistema y de garantizar que una situación como esta no vuelva a suceder. Porque cuando el Estado no controla, no previene o llega tarde, las consecuencias no son administrativas, son humanas”.