La Confederación General del Trabajo (CGT) volvió a marcar distancia de la reforma laboral que impulsa el Gobierno del presidente Javier Milei y advirtió que el proyecto avanza sin una consulta real a los sectores involucrados. Así lo expresó el cotitular de la central, Jorge Solá, al describir como “viciado” cualquier intento de reforma “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa”, al tiempo que reclamó previsibilidad en el debate.

Según Sola, cualquier modificación del régimen laboral que se impulse sin un acuerdo amplio “nace viciada”. Planteó además que el Poder Ejecutivo está “invirtiendo las prioridades”, porque la primera reforma que necesita el país es la tributaria, no la laboral. “Bajen los impuestos, esa es la reforma que necesita la Argentina”, afirmó.

En declaraciones radiales, el dirigente sostuvo que la central obrera llega “fortalecida y unida” al debate que eventualmente se abrirá en el Congreso, y remarcó que el movimiento obrero no se limitará a resistir los cambios propuestos, sino que también está dispuesto a presentar alternativas propias.

Sola subrayó que, hasta ahora, el Ejecutivo no presentó ningún proyecto concreto. “Son todas incertidumbres. Se filtran versiones y luego se desmienten. Así no se puede discutir en serio”, sostuvo. Ese esquema, dijo, genera preocupación porque quienes sufrirían los impactos de la ley “no están sentados en ninguna mesa de consulta”.

Al analizar el rol del Consejo de Mayo, Sola fue tajante: “Está Gerardo Martínez representándonos, pero no hay un tratamiento real. Solo lineamientos generales que buscan reeditar el decreto 70/23, que ya fue declarado inconstitucional”, señaló.

El sindicalista también advirtió que es imposible avanzar con una reforma transversal para todos los sectores. “Cada actividad tiene dinámicas laborales distintas. La minería no funciona como un banco, ni una aseguradora como una empresa de servicios. Los convenios colectivos ya vienen incorporando cambios como el home office, el trabajo remoto y el uso de IA. No estamos anclados en el pasado”, aseguró.

Además, defendió la necesidad de un Estado “eficaz e inteligente”, que garantice reglas claras y políticas de Estado sostenidas en el tiempo. Estimó que, por los tiempos legislativos, el proyecto del Gobierno recién llegaría al Congreso después del debate del Presupuesto, es decir, hacia febrero.

En cuanto a las quejas empresarias por los juicios laborales, Sola respondió: “Si el empleador paga lo que corresponde, el juicio no existe. El trabajo en negro es un delito”. Reconoció que los procesos judiciales extensos perjudican a ambas partes, pero señaló que el problema reside en el funcionamiento de la Justicia, no en la legislación laboral.

El dirigente volvió a cargar contra la presión fiscal, a la que calificó de “asfixiante” para el sector productivo. Una pyme, ejemplificó, enfrenta impuestos “nacionales, provinciales y municipales antes de contratar a un solo trabajador”. Esa carga, afirmó, puede representar entre el 30% y el 40% de sus ventas.

Respecto de las declaraciones del ministro Luis “Toto” Caputo sobre eliminar los aportes sindicales obligatorios, Sola aclaró que el aporte solo corresponde cuando el trabajador está afiliado, porque la afiliación es un derecho constitucional. Y advirtió: “Cualquier medida que debilite la representación gremial es inconstitucional, así lo establece el Pacto de San José de Costa Rica”.

En el cierre, Sola volvió a remarcar el rol de la central obrera en el debate que viene: “Llegamos unidos, preparados para discutir y con propuestas para mejorar el trabajo y los salarios. Representamos a todos los trabajadores, piensen como piensen. Los derechos laborales no tienen color partidario”.

Medidas de fuerza en aumento

Los conflictos laborales escalaron en las últimas semanas, especialmente luego de que dos gremios anunciaran nuevas medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y condiciones de trabajo. La reacción sindical se da en un contexto de tensiones crecientes entre el Gobierno y los sectores que buscan recomponer ingresos frente a la caída del poder adquisitivo.

Las decisiones de los sindicatos más grandes suman presión al escenario político, donde la paritaria nacional, los cambios propuestos en materia de políticas laborales y el avance de distintas reformas generan incertidumbre. Las organizaciones aseguran que las medidas responden a la falta de respuestas oficiales y a la necesidad de proteger los derechos de sus afiliados.

En paralelo, el Gobierno intenta sostener su agenda de ajuste fiscal y reorganización del Estado, mientras crece la preocupación por el impacto en el mercado de trabajo. La tensión entre ambas partes anticipa semanas de negociación intensa, con la posibilidad de que se sumen más sectores a las protestas.