La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con nuevas medidas judiciales que apuntan a desentrañar el supuesto entramado de contrataciones irregulares entre ese organismo y la droguería Suizo Argentina.

Hasta el momento, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) revisó gran parte de los contratos cuestionados. Sin embargo, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) informó que no pudo recuperar mensajes eliminados del dispositivo, limitando la posibilidad de confirmar comunicaciones con funcionarios de alto rango, incluyendo a Javier y Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Spagnuolo permanece recluido en su domicilio y mantiene contacto solo con su entorno y abogados, mientras evalúa su situación en el marco del expediente. En paralelo, la Justicia sigue analizando los contenidos extraídos de otros teléfonos, incluyendo los del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, y su círculo cercano. Los hermanos Jonathan y Eduardo Kovalivker, dueños de Suizo Argentina, también tienen sus dispositivos incautados, aunque aún no se logró acceder a su información.

Los empresarios habían solicitado la nulidad de la causa, alegando que se basaba en grabaciones ilegales y en hechos similares previamente archivados. No obstante, el juez Sebastián Casanello y los tribunales de Comodoro Py mantienen la investigación, considerando que los presuntos actos de corrupción requieren revisión, independientemente del origen de las pruebas.

La investigación se inició el 25 de agosto a partir de la denuncia de Alejandro Díaz Pascual, de la asociación civil Arco Social, sobre compras millonarias de medicamentos sin licitación pública. La auditoría interna iniciada por el nuevo titular de la ANDIS, Alberto Vilches, también analiza los contratos y la estructura del organismo, que cuenta con 921 empleados y un presupuesto de 3,74 billones de pesos.