Entre los acusados se encuentra Heber Ríos, secretario general de la seccional General Rodríguez, junto a referentes del gremio de otras localidades bonaerenses.

La investigación, a cargo de la Fiscalía Penal y Contravencional N° 26, conducida por Luis Aranudo, imputa a los gremialistas por desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga.

De acuerdo con la causa, entre el 18 de julio y el 16 de septiembre de 2022 se llevaron a cabo bloqueos en las plantas de Moctezuma (Carlos Casares) y Villa Devoto (CABA), donde se denunció intimidación al personal y obstrucción del ingreso y egreso de mercadería.

El dictamen señala que las medidas gremiales impactaron en la producción y distribución, generando un perjuicio económico de más de $61,6 millones.

Parte de la materia prima debió ser redireccionada a otras fábricas dentro y fuera de la provincia de Buenos Aires, mientras que los productos semielaborados destinados a la venta fuera de CABA ocasionaron pérdidas adicionales.