El Senado vivió este jueves una jornada histórica que dejó en jaque al Gobierno de
Javier Milei. En un mismo día, la Cámara alta rechazó su veto a la
ley de Emergencia en Discapacidad —con 63 votos a favor y apenas 7 en contra— y avanzó con media sanción a un proyecto que
reforma el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), limitando su uso presidencial. El último antecedente de un veto caído se remonta al 2003, durante la gestión de Eduardo Duhalde.
La sesión se desarrolló en medio del escándalo por las denuncias de presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que derivaron en la salida de su titular Diego Spagnuolo y salpican a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Afuera del Congreso, familiares y organizaciones de personas con discapacidad celebraron el rechazo al veto con banderas, carteles y aplausos.
La caída del veto presidencial
El rechazo al veto de Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad significó un revés institucional y político de gran magnitud. El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, acusó al presidente de mostrar “insensibilidad y desprecio total” hacia los sectores más vulnerables. “Hacen campaña hablando de los discapacitados, pensionados y jubilados, y después, a la hora de la votación, se abstienen. Cuánta hipocresía”, apuntó contra dirigentes de la oposición dialoguista.

La senadora bonaerense Juliana Di Tullio también fue contundente: “Los discapacitados y las discapacitadas de este país son los que le están poniendo un freno a Milei”.
Desde la vereda oficialista, el jefe del bloque libertario Ezequiel Atauche defendió la postura del Gobierno y votó en contra, aunque decidió no hacer uso de la palabra en el cierre del debate.
En el medio, el radical Martín Lousteau planteó una posición crítica, pero con matices. Reconoció la necesidad de depurar la base de datos de pensiones irregulares, aunque cuestionó que la respuesta del Gobierno haya sido el recorte indiscriminado: “Si consultan con expertos van a encontrar formas de ajustar sin lastimar gente y poder aumentar las pensiones por discapacidad”.
La ley, ratificada por el Congreso, declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2026 e incluye financiamiento de pensiones no contributivas, actualización de aranceles, condonación de deudas a prestadores y nuevos ingresos al régimen de empleo protegido.
Un freno a los decretos presidenciales
En la misma sesión, el Senado dio media sanción a la reforma de la ley 26.122, que regula los decretos presidenciales. Con 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la oposición aprobó un proyecto que establece que los DNU deberán tratar una sola materia, tendrán un plazo de 90 días para ser avalados por ambas Cámaras y quedarán derogados si una sola los rechaza.
El radical Eduardo Vischi, jefe del bloque de la UCR, señaló: “No puede ser que sea más fácil gobernar mediante DNU. Nuestra democracia no se merece que no podamos tener una discusión adulta y que las cuestiones se resuelvan por consenso”.
En la misma línea, Martín Lousteau cuestionó el uso de esta herramienta y advirtió que “con solo el silencio de una de las dos Cámaras, un DNU queda vigente”. Recordó el caso del DNU 70/2023, rechazado por el Senado pero sin tratamiento en Diputados: “Con esta ley, el Ejecutivo podría hasta eliminar la ley Nacional de Educación o la de Protección contra la Violencia de Género”.
Del lado del oficialismo, el riojano Juan Carlos Pagotto defendió la figura de los decretos para gobiernos en minoría: “Se ha hecho abuso de los DNU, pero los gobiernos que están en minoría en el Congreso también tienen derecho a dictarlos”.
La mendocina Anabel Fernández Sagasti (UxP) fue más allá: “Desde el 21 de diciembre la Argentina de Milei cayó por un tobogán que parece no tener piso. Lisa y llanamente el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y una reforma constitucional de hecho”.
Con esta media sanción, la oposición buscará que la reforma se convierta en ley en Diputados, donde el oficialismo intentará bloquear el avance.