El presidente Javier Milei firmó antes de partir este jueves hacia Roma, el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria, con la que el gobierno buscará “blindar” a los ahorristas que usen en compras de bienes registrables o en depósitos a la vista, los ahorros en dólares que guardaron fuera del sistema formal y evita que sean sancionados por futuras administraciones por evasión fiscal.
Las propuestas contienen modificaciones la Ley Penal Económica con el objetivo de que las personas que decidan utilizar su dinero que está fuera del sistema luego no queden expuestos a procesos judiciales.
A fines de mayo, el Gobierno presentó el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, un paquete de medidas que busca alentar la regularización de activos no declarados. Desde la gestión libertaria lo definieron como “un cambio de régimen”.
Implica una fuerte desregulación de la información personal que tiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cambios en los registros que exige la Unidad de Información Financiera (UIF) y la suba de umbrales para pedir informes sobre operaciones de los contribuyentes. A esto se agrega el intento de modificar dos leyes de carácter sensible en el Congreso.
“El proyecto de ley de protección de los ahorros de los argentinos fue enviado al Congreso. Lo firmamos anoche con el presidente (Javier Milei) y hoy fue enviado", señaló Francos en diálogo con La Red.
Y añadió: "Es una ley que tiene varios puntos, entre ellos modificaciones de normativas vigentes, de montos para la aplicación de la ley penal económica y también para la prescripción. Abarcan distintos aspectos con los que se pretende que la gente que realice gastos con fondos propios, con sus ahorros, no quede sometida a ninguna de las legislaciones anteriores que penaban esto. Y se achican los plazos de prescripción, por lo cual se dan garantías para la utilización de estos recursos".
El proyecto se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno de incrementar la base monetaria sin emisión, apelando a recursos existentes en el país que hasta ahora no fueron incorporados al circuito económico formal, así como evitar mecanismos que impliquen nueva emisión monetaria o incremento de la presión impositiva.
Francos argumentó que muchos de los ahorristas que recurrieron al mercado informal no tenían una intención delictiva y que actuaban motivados por la necesidad de proteger el valor de sus recursos frente a la inflación y la volatilidad cambiaria.
Modificaciones de la UIF
En el mismo sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF) aumentó los umbrales para los depósitos en efectivo sin identificación y para la compraventa de automóviles e inmuebles, en el marco de las medidas que lleva adelante el Gobierno para simplificar y desregular operaciones relacionadas con la inversión y la adquisición de bienes.
Se incrementó el umbral de depósitos bancarios en efectivo sin identificación del depositante, desde 20 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM) hacia 40 SMVM equivalentes a aproximadamente U$S 10.000.
Asimismo, se estableció el aumento de los umbrales del Registro de La Propiedad Automotor y eliminación de la certificación contable para la compra de rodados. Para la compra de automóviles, se aumentó el umbral desde $60.000.000 hacia $115.000.000, equivalentes a aproximadamente U$S100.000, luego de lo cual se requerirá documentación respaldatoria.
Además, se eliminó la certificación contable y se estableció su reemplazo por Declaraciones Juradas de Origen y Licitud de Fondos.
En cuanto al aumento del umbral de los reportes sistemáticos de Escribanos y del Registro de la Propiedad Inmueble, este umbral pasó de 700 SMVM a 750 SMVM, equivalentes aproximadamente a U$S 200.000 luego de lo cual se reportará sistemáticamente a la UIF.
