Trabajadores portuarios de Concepción del Uruguay fueron violentamente reprimidos con balas de goma, palos y detenidos durante un reclamo a la empresa uruguaya Urcel SA, incluso cuando se acordaba una conciliación obligatoria dictada por la Provincia de Entre Ríos.
Según trascendió, la violencia ejercida por las autoridades policiales fue ordenada de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi, con apoyo de la empresa Urcel SA y FeMPINRA (Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina).
Los hechos tuvieron lugar este lunes en el Puerto de Concepción del Uruguay cuando trabajadores estibadores reclamaban el reconocimiento de su organización sindical y la defensa del trabajo local. La violenta intervención de las fuerzas de seguridad dejó como saldo varios detenidos y heridos y se produjo en el marco de un conflicto laboral aún no resuelto, en medio de una conciliación obligatoria dictada por Entre Ríos.
Las autoridades gremiales responsabilizaron por la dura represión directamente a la empresa Urcel SA, a las autoridades del puerto, a la Fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi y señalaron con especial gravedad el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), que a través de su delegado gremial acompañó y avaló el accionar represivo, alineándose en contra del gremio local, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Concepción del Uruguay. Desde allí, sus autoridades recientemente electas denunciaron a la empresa de capitales uruguayos Urcel SA por desconocer la legislación laboral argentina, marginar a los trabajadores locales y contratar personal de otras localidades en condiciones de precarización, desplazando a la mano de obra entrerriana. Un trabajador portuario manifestó que la violencia “no fue un hecho aislado, lo mismo que sucedió en el puerto sucedió también en los frigoríficos avícolas, presionados a acordar mediante un acuerdo a la baja para los trabajadores”.
En el centro del conflicto aparece además el rol de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA), señalada por los estibadores por motivar el accionar policial a través de su delegado gremial, apoyando a la empresa uruguaya Urcel SA y dándole la espalda a los estibadores locales.
Mientras los estibadores de Concepción del Uruguay se encuentran entre los peores pagos del país y denuncian explotación laboral, precarización, violaciones a la Ley de Asociaciones Sindicales y el desconocimiento de un sindicato legalmente constituido, la FeMPINRA no solo guarda silencio, sino que según denuncias de los propios trabajadores habría acompañado el accionar de la empresa uruguaya Urcel SA, la represión policial y las decisiones de la fiscalía a cargo de la Dra. Marina Albertina Chichi durante los hechos.
