El Gobierno de Javier MIlei atraviesa un fuerte cuestionamiento tras los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se revela un presunto esquema de sobornos en la compra estatal de medicamentos que involucra a funcionarios cercanos al presidente y a su hermana y mano derecha, Karina, que aparece como una de las principales beneficiarias.

“Coimasgate (o Karinagate) se suma a una cadena de crisis no clausuradas que alimentan la decepción frente a la gestión. Con una aprobación de gobierno que viene en baja desde hace unos meses, este caso de corrupción surge a posterior de una derrota legislativa como el rechazo al veto a la ley de emergencia en discapacidad, y con el trasfondo de las muertes por el fentanilo contaminado y la crisis sin clausura del libragate, motorizada por la falta de información, subestimación, negación y
ocultamiento”, sostuvo el equipo de Zuban Córdoba que realizó el estudio.

De acuerdo al documento, un 62% juzgó a la respuesta del gobierno para enfrentar la crisis como improvisada. Mientras que un 65%  opina que los funcionarios involucrados deben renunciar y se ponerse a disposición de la justicia.

Un contundente 70% de los argentinos no pondría las manos en el fuego ni por Karina Milei ni por los Menem que integran el gobierno y un 56 % considera que Milei debe ser sometido a juicio político por el escándalo de las presuntas coimas. Un 60% de los encuestados cree que las sospechas de corrupción han debilitado al gobierno y un 61% opina que el escándalo impactará negativamente en los mercados, y que también provocará una caída en la confianza de los inversores. En tanto que un 57,5 % consideró que empeorará la estabilidad financiera y económica del país.

Paralelamente, casi la mitad de los argentinos, un 47% cree que el gobierno de Milei es más corrupto que los gobiernos anteriores y un 22% afirma que Milei no es corrupto.

“Estamos ante una crisis múltiple, o como la denomina Mario Riorda ‘policrisis’, donde convergen incertidumbre transversal —nadie sabe cómo puede evolucionar el caso ni se controla la información—, implicancias judiciales en los niveles más altos del poder, daño reputacional con riesgo de pérdida de cargos y un efecto económico potencial en los mercados”, valoró el equipo de la consultora.

¿Cuál podría ser el impacto de cara a las elecciones legislativas de octubre? La encuesta arrojó que un 12% de quienes votaron a Milei en el ballotage de 2023 afirma que luego de este escándalo ya no lo volverá a votar. Eso se suma a un 13% que ya antes del escándalo había definido no votarlo más.

“La sangría existe y es visible. En un año electoral cualquier mínimo porcentaje importa, puede inclinar la balanza hacia un lado u otro. Incluso, un pequeño 3%”, concluyó el análisis.

La muestra tomó 1200 casos de población mayor a 16 años y se realizó del 27 al 28 de agosto. El error de muestreo es de +/- 2,7 % y el nivel de confianza de 95%.