El presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsan una polémica reforma legislativa a la Ley General de Sociedades en el Congreso.
El argumento oficial es que la iniciativa busca incorporar nuevas figuras jurídicas para adaptar el marco empresarial argentino a la economía digital y los sistemas algorítmicos autónomos, sin la presencia de empleados.
El núcleo de la propuesta permite la constitución de firmas operadas completamente por agentes de inteligencia artificial (IA), prescindiendo de trabajadores en relación de dependencia o directores humanos para su funcionamiento cotidiano.
El proyecto, bajo tratamiento en comisiones del Poder Ejecutivo, introduce dos categorías societarias que han encendido debates tanto a nivel local como internacional y que son cuestionadas por los expertos.
- Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO): Orientada a organizaciones estructuradas a través de contratos inteligentes y tecnología blockchain, con esquemas de gobernanza distribuidos y desintermediados.
- Sociedades Automatizadas: Entidades diseñadas para funcionar de manera autónoma mediante software, donde la toma de decisiones administrativas ordinarias recae en sistemas algorítmicos.
Desde el sector oficialista, el mandatario ha defendido la desregulación total de la IA. En una columna publicada en el diario británico Financial Times, Milei argumentó que estas reformas atraerán inversiones globales al posicionar a la Argentina como un polo tecnológico de vanguardia, libre de las ataduras regulatorias tradicionales.
Los analistas sostienen que sectores expuestos a la automatización —como la programación, el procesamiento de datos, los call centers y la traducción— aparecen en el horizonte inmediato de este nuevo tipo de sociedades.
Sin embargo, la propuesta genera fuertes advertencias de juristas, gremios y expertos en tecnología. El principal foco de alarma radica en otorgar personalidad jurídica propia a un algoritmo, lo que podría derivar en un escenario de opacidad estructural.
Diversos especialistas advierten sobre los riesgos de "impunidad artificial", al señalar que la falta de un directorio físico o una cadena de mando humana visible dificultaría la asignación de responsabilidades ante fraudes, lavado de activos o quiebras
Asimismo, organizaciones sociales y ambientales alertaron sobre la desprotección jurídica que implicaría este esquema frente a eventuales violaciones de derechos laborales o daños socioambientales.
Mientras el Senado evalúa la letra chica de los contratos inteligentes y las obligaciones fiscales que deberán cumplir, la propuesta del gobierno se coloca en el centro de una discusión global sobre el límite legal entre el desarrollo tecnológico y la responsabilidad humana.
