En la previa de la sesión, el oficialismo sufrió un duro traspié tras tener que eliminar el capítulo III, referido a las reformas a la Ley de Tierras, que tuvieron que ceder frente al rechazo de la oposición y gran parte de los aliados. Mientras tanto, se lleva a cabo una movilización frente al Parlamento.
Hasta último momento, La Libertad Avanza intentó negociar con los bloques dialoguistas para mantener la última versión de la norma, pero la falta de apoyo de los gobernadores obligó a la jefa del bloque, Patricia Bullrich, a retirar el polémica capítulo referido a la extranjerización de las tierras.
El miércoles hubo un encuentro entre Bullrich, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y jefes de bloques y referentes de los aliados en la Cámara alta. Sin embargo, durante el transcurso de la jornada, los mandatarios provinciales comenzaron a manifestarse en contra de la iniciativa, a pesar de la última modificación del Gobierno del 15% al 25% el límite de tierras rurales que podrían quedar en manos extranjeras.
En este marco, el oficialismo busca aprobar los proyectos vinculados a cambios en el Código Civil y Comercial sobre desalojos, escrituración de tierras, manejo del fuego y expropiaciones.
Antes de que comience formalmente la sesión, y por una moción de Patricia Bullrich, los senadores mandaron a la Comisión de Asuntos Constitucionales los pedidos de Anabel Fernández Sagasti y Flavio Fama para participar de la cita de manera remota. De esta forma, ninguno de los dos podrá formar parte de la votación. La mendocina cursa un embarazo avanzado y no pudo viajar a Buenos Aires por recomendación médica, mientras que el radical catamarqueño hizo lo propio a raíz de una operación de rodilla.
Lo que se debate
La primera versión del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sufrió más de quince modificaciones. Entre ellas, se establecieron modificaciones al Capítulo IV que propone 8 artículos con cambios y derogaciones a la Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales (26.737).
Además, propone cambios a Ley de Expropiaciones (N° 21.499), incorporando expresamente la exigencia de que la declaración de utilidad pública, que será de interpretación restrictiva, cumpla con los estándares de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
También se establecen criterios objetivos para la determinación del valor del bien, tomando como referencia la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto estatal que pueda influir en su cotización. “De este modo, se evitará que la propia actuación estatal distorsione el valor del bien en perjuicio del expropiado, con lo cual se garantiza un justiprecio real”, remarcó el Ejecutivo.
Por otra parte, el proyecto de ley redefine el régimen de ocupación temporánea y establece límites claros que preserven su carácter excepcional. En ese sentido, se modifica la figura de la expropiación irregular mediante la incorporación de supuestos en los que el Estado, sin transferir formalmente el dominio, priva sustancialmente al titular de las facultades esenciales del derecho de propiedad.
Asimismo, introduce reformas al Código Procesal Civil y Comercial y al Código Civil y Comercial de la Nación, a fin de establecer la tramitación por vía sumarísima del proceso de desalojo e incorporar mecanismos de restitución anticipada del inmueble en supuestos de verosimilitud del derecho, bajo caución juratoria y con control judicial suficiente.
Movilizaciones frente al Congreso
Más allá de la eliminación del capítulo referido a la Ley de Tierras, las diversas organizaciones y sindicatos decidieron mantener la manifestación en la Plaza del Congreso en contra de la Ley de Inviolavilidad de la Propiedad Privada en general.
Los manifestantes comenzaron a llegar a partir del mediodia. En una conferencia de prensa, la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y otras agrupaciones sindicales ratificaron que "marcharán igual" en busca de marcar una "postura firme" en contra del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.
Los referentes gremiales denunciaron que la iniciativa oficialista constituye un intento de “ponerle un cartel de venta al país” para beneficiar a “unos pocos millonarios”.
“De lo que se trata es de que cualquier capital que ingrese tiene que tener las consideraciones de no solamente cuidar los recursos naturales, sino también la de generar producción, desarrollo, empleo y salario digno. La discusión real es qué tipo de propiedad, para quién, con qué función social, con qué límite es democrático y al servicio de qué proyecto del país", señaló el cosecretario general de la CGT, Jorge Sola.
Por su parte, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), alejado de la conducción cegetista, ratificó que marchan este jueves más allá de que se haya retirado el polémico capítulo.
“Celebramos no solo que la sociedad le haya pasado por encima al gobierno y a los partidos que han decidido ser cómplices de la entrega rechazando este proyecto, sino también que estemos ante un pueblo que rechace a un gobierno que quiere entregar al país entero con todos sus recursos”, destacó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
“Igual vamos a movilizar para seguir repudiando a los senadores han tergiversado su representación, porque debieran impulsar y votar iniciativas para defender los intereses de nuestra nación y no rematarla. Este es un avance significativo de la lucha. quedó demostrado que solo estando en la calle vamos a seguir recuperando soberanía”, agregó.
Frente a la masiva movilización, el Ministerio de Seguridad dispuso un fuerte dispositivo. De esta manera, la zona del Parlamento cuenta con custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, reforzaron las vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en las principales arterias aledañas: Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba.
