Cristina Kirchner publicó este miércoles una columna de opinión en medios internacionales —entre ellos El País, de España, y Libération, de Francia— en la que defendió su inocencia y cuestiona la condena que la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos, al tiempo que anunció una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU). Así también, en sus redes sociales, dio a conocer un texto con el mismo tenor, intitulado: Carta abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.
“Lo que he padecido y padezco no puede comprenderse únicamente como una sucesión de decisiones judiciales equivocadas. Estamos frente a graves violaciones de derechos humanos, nacidas de un machismo estructural que todavía subsiste en sectores del sistema judicial argentino”, acusó.
En esta misma línea, la expresidenta afirmó que “durante años” se pretendió juzgarla no sólo por sus actos, sino por su “condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos”.
La expresidenta cuestionó: “Ser la única mujer electa y reelecta presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿Ser la única expresidente condenada por la Corte Suprema? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad?”.
Tras denunciar una persecución con “violencia, estigmatización y arbitrariedad que excede cualquier límite razonable” —y mencionar como ejemplo el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022—, hizo hincapié en que la sociedad está frente a una “manifestación del profundo machismo” que persiste en instituciones que deberían “garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”.
Kirchner sostuvo además que el verdadero objetivo de la condena es impedir su participación política. “Todas y cada una de las arbitrariedades cometidas contra mí tienen un solo objetivo: proscribirme de la vida política. La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó.
“La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina”, marcó y sumó: “Por eso, cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino”.
Y subrayó: “Frente a esa realidad, no responderé con odio. No responderé con violencia. Responderé con más Derecho, con más democracia y con más verdad”.
En ese contexto, anunció la presentación de una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU y recordó que, en 2022, tras el atentado que sufrió, un grupo de juristas internacionales integrado por Raúl Zaffaroni (Argentina), Patricio Pazmiño Freire (Ecuador), Baltasar Garzón (España), Juarez Tavares (Brasil) y los italianos Francesco Schiaffo, Sergio Moccia y Antonio Cavaliere ya había presentado una denuncia ante organismos internacionales las presuntas irregularidades y violaciones de derechos en su caso.
Por último, informó que incorporó a su defensa a dos nuevos abogados: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, a quienes describió como juristas de “reconocido prestigio internacional” y con una trayectoria “independiente y ampliamente respetada” en materia de derechos humanos. “Su experiencia, su autoridad académica y su compromiso con el Estado de Derecho contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece”, destacó.
La causa de Vialidad
En junio de 2025, la exmandataria fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el marco de la causa Vialidad, que investigó y condenó una maniobra de corrupción centrada en la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
