La CGT resolvió este jueves dejar en suspenso la convocatoria a un nuevo paro general contra el gobierno de Javier Milei y avanzar en cambio con un plan de lucha sostenido en el tiempo, basado en protestas sectoriales y medidas rotativas, en un esquema que algunos dirigentes definieron como “a la francesa”.

La decisión fue adoptada tras una reunión de más de cuatro horas del Consejo Directivo. Durante la conferencia de prensa, el triunviro Jorge Sola sostuvo que el objetivo es "construir un plan de lucha que desemboque en un paro general con movilización" y remarcó en varias oportunidades que la fecha de la huelga aún no está definida por razones "tácticas y estratégicas". Además, desmintió que la central esté impulsando un "paro a la francesa", al señalar que esa definición "la pusieron ustedes, nosotros no".
“A partir de esto se decidió la iniciación de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal”, sostuvo Jorge Sola, uno de los triunviros.
Ahora, la CGT abrirá un período de deliberación en el que una comisión organizativa buscará la opinión de las regionales cegetistas de todo el país y de otros sectores, como el de las pymes, los jubilados y la educación, para resolver los detalles de las medidas y la fecha en que se llevarán adelante, aunque serán después de que finalice el Mundial de Fútbol, el 19 de julio, por lo que se estima que se concretarán recién en agosto.
Tras la reunión, el cotitular de la CGT Jorge Sola (seguros) anunció “la iniciación de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal que irá en conjunto con la convocatoria a las regionales y al plenario de secretarios generales que vamos a llevar adelante en reclamo de una revisión de todos los hechos que viene haciendo este gobierno”.
Detalló que la decisión es “terminar en una cantidad de acciones que serán desde asambleas hasta actividades en la calle y en los medios de comunicación para terminar en un paro, que, por cuestiones tácticas y estratégicas, lo haremos en el momento exacto para que sea lo más fortalecido posible”.
Otra resolución importante en la reunión fue el pedido expreso de los líderes de la CGT a cada sindicato para que impugnen en la Justicia las limitaciones que prevé la Ley 27.802 de Modernización Laboral sobre la ultraactividad, el principio jurídico que hasta ahora sostenía la vigencia de un convenio colectivo de trabajo aun después de haber vencido, hasta que sea reemplazado por uno nuevo.
En la práctica, de esa forma se evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios una garantía clave de estabilidad laboral.
La nueva ley, en realidad, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas” que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las cláusulas “obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y los sindicatos) se caen al vencimiento del convenio colectivo.
Tras la reglamentación de la Ley 27.802, el 1° de este mes, el Gobierno intimó a empresarios y sindicalistas para que renegocien unos 800 convenios con el fin de actualizarlos y adaptarlos a la nueva normativa. Ahora, la CGT pidió que cada sindicato se presente en la Justicia para tratar de que se restituya a pleno la ultraactividad.
Además, en la reunión se hizo un balance de las denuncias presentadas por la CGT en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estuvo a cargo del secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez.