La reunión entre referentes del sector y Federico Sturzenegger expuso fuertes diferencias sobre el futuro del corretaje inmobiliario. Desde COFECI y FIRA defendieron la colegiación, la capacitación profesional y la seguridad jurídica.
En la conversación también surgieron comparaciones con modelos internacionales. Los dirigentes del sector inmobiliario mencionaron experiencias de Estados Unidos, donde existen sistemas más flexibles pero igualmente regulados bajo supervisión profesional.
La iniciativa, liderada por el ministro Federico Sturzenegger, apunta a eliminar aranceles mínimos obligatorios, restricciones geográficas y esquemas corporativos que hoy encarecen cada operación. Una transacción inmobiliaria típica de U$S 100.000 puede cargar costos de intermediación que rondan los U$S 6.000 o U$S 7.000, es decir, entre el 6% y el 7% del valor total.
Eso incluye comisiones, pero también arrastra un conjunto de costos indirectos que muchas veces no se perciben de manera lineal: matriculaciones obligatorias, cajas compulsivas, aportes forzosos y restricciones territoriales que terminan impactando sobre el precio final que pagan compradores y vendedores, a través de los propios intermediarios, que también están obligados a sostenerlas.
En un escenario de mayor apertura y competencia real, operaciones similares podrían converger hacia niveles cercanos al 3% o 4% total, estiman quienes abogan por la apertura del mercado. El ahorro potencial: entre U$S 2.000 y U$S 3.000 por operación. No es un número menor cuando se lo multiplica por el volumen de transacciones que podría generar un mercado más activo. “Hoy una operación inmobiliaria promedio no solo carga comisiones elevadas.
También arrastra costos indirectos vinculados a matriculaciones obligatorias, cajas compulsivas, aportes forzosos, restricciones territoriales y distintos mecanismos regulatorios que, aunque muchas veces no se perciban de manera lineal, terminan impactando sobre el precio final que pagan compradores y vendedores, por medio de los propios intermediarios, que también son obligados”, señalaba Jorge Amoreo Casotti, CEO de Pint y uno de los principales impulsores de la ley.
La discusión va bastante más allá de las comisiones. Lo que el Gobierno llama “privilegios creados por ley” son estructuras que durante años limitaron la competencia en una actividad que es en esencia comercial. Aranceles mínimos fijados por decreto, restricciones geográficas que impiden operar fuera de jurisdicciones específicas, colegios profesionales con cuotas que deben pagarse incluso sin actividad real.
La iniciativa oficial contempla habilitar la figura del corredor independiente, eliminar restricciones territoriales y permitir que los honorarios se acuerden libremente entre las partes, por lo que las inmobiliarias ya pusieron el grito en el cielo.
El verdadero cambio estructural, sin embargo, aparece cuando la tecnología empieza a eliminar fricciones históricas: publicaciones inteligentes, reputación digital, automatización documental, inteligencia artificial aplicada a validación de operaciones, sistemas abiertos de competencia.
Ahí es donde el mercado deja de organizarse alrededor de estructuras corporativas cerradas y empieza a reorganizarse alrededor del consumidor y del valor real que cada actor aporta.
El propio Gobierno lo anticipa: será una “batalla importante”. El mercado inmobiliario argentino arrastra años de baja actividad, escaso crédito y altos costos de transacción. La promesa de menores costos y más competencia suena bien, pero se anticipa una dura batalla en el Congreso.
