La administración nacional concretó la adjudicación de dos tramos clave de la Red Federal de Concesiones viales, abriendo una etapa de gestión privada sobre más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales. El proceso, que genera expectativas en el sector de la obra pública y el transporte, forma parte de la denominada Etapa II-A y busca modificar el esquema de operación, eliminando subsidios y apostando a la inversión privada.

Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el esquema contempla inversiones completamente privadas y reemplaza el financiamiento estatal directo por contratos de explotación con peajes. Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es mejorar la conectividad, reforzar la seguridad vial y modernizar corredores considerados clave para el comercio, el turismo y la producción regional.

Las adjudicaciones comprenden distintos tramos ubicados en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa. Entre ellos aparecen corredores vinculados a las rutas nacionales 7, 8, 9, 33 y 188, además de otros accesos estratégicos para el movimiento de cargas hacia puertos y centros industriales.

De acuerdo con la información oficial, las empresas ganadoras deberán encargarse de tareas de mantenimiento, reparación, explotación de peajes y prestación de servicios a los usuarios durante varias décadas. El modelo impulsado por la administración de Javier Milei busca replicar esquemas de concesión ya utilizados en otros corredores nacionales, aunque con un mayor peso de la inversión privada y sin subsidios estatales directos.

Caputo defendió el proyecto y aseguró que permitirá “más eficiencia, más inversión y mejor infraestructura para los argentinos”. Además, vinculó el avance de las concesiones con una eventual recuperación de la actividad económica y de la construcción, un sector que el Gobierno considera estratégico para consolidar la reactivación durante los próximos meses.

El plan vial forma parte de una estrategia más amplia que incluye futuras licitaciones sobre miles de kilómetros adicionales de rutas nacionales. En paralelo, varias provincias ya comenzaron negociaciones con la Nación para administrar determinados corredores mediante convenios específicos que habiliten obras, mantenimiento y nuevos sistemas de peaje.