Por estos días, en los tribunales federales vuelve a tomar fuerza una figura tan decisiva como esquiva: la de los llamados “facilitadores profesionales”, operadores clave en la arquitectura del lavado de activos y la evasión que, sin embargo, rara vez terminan condenados. Detrás de cada circuito financiero ilegal suele haber una red de especialistas —contadores, abogados, escribanos y financistas— que diseñan, ejecutan o encubren las maniobras.

La investigación periodística de Hugo Alconada Mon pone el foco en este fenómeno, al que organismos internacionales como la OCDE describen como el conjunto de actores que “diseñan el andamiaje de estructuras fiscales y financieras” destinadas a ocultar el origen ilícito del dinero. En la práctica, su rol puede ir desde la creación de sociedades offshore hasta la utilización de testaferros o circuitos informales de transferencia de valor.

Casos emblemáticos en la Argentina ilustran este patrón. El financista Ernesto Clarens, el contador Víctor Manzanares o el empresario Carlos Wagner no solo participaron de esquemas de recaudación ilegal, sino que en algunos casos confesaron su intervención. También aparece el español Manuel Vázquez, quien en correos electrónicos detallaba cómo estructurar operaciones paralelas para beneficiar al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, evidenciando el nivel de sofisticación y planificación de estas redes.

Más recientemente, la Justicia investiga movimientos que podrían encuadrarse en este esquema. Uno de ellos es el de Orlando Rodolfo Mellino, un jubilado que recibió más de un millón de dólares en activos digitales y los redistribuyó en cuestión de minutos, lo que despierta sospechas sobre su rol como engranaje dentro de una operatoria mayor.

Otro perfil es el del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un articulador de maniobras dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde habría explicado el circuito ilegal a funcionarios y canalizado retornos económicos.

El denominador común en estos casos es la defensa de los implicados: sostienen que se limitaron a prestar servicios profesionales sin conocimiento del destino ilícito de los fondos. Esa línea argumental —“nosotros solo armamos la estructura”— aparece de manera recurrente. Escribanos como Adriana Nechevenko o Juan Bautista Derrasaga han esgrimido esa postura, incluso cuando sus firmas aparecen vinculadas a sociedades utilizadas en causas de narcotráfico, corrupción o lavado.

El problema, según coinciden fuentes judiciales, es probatorio. Fallos de la Cámara Federal han establecido que no basta con demostrar que un profesional diseñó o participó en una estructura irregular: es necesario acreditar que conocía el propósito delictivo y actuó con dolo. Ese estándar eleva significativamente la vara para lograr condenas.

Mientras tanto, organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han señalado a la Argentina por su debilidad en la persecución de estos actores, pese a que normativas como la resolución 156/2018 de la UIF obligan a estos profesionales a reportar operaciones sospechosas.

Existen excepciones. Ejecutivos del banco suizo Lombard Odier fueron condenados por su participación en la expatriación de fondos vinculados a Lázaro Báez. Sin embargo, son casos aislados dentro de un universo donde predomina la impunidad.

El fenómeno trasciende gobiernos y signos políticos. Desde estructuras offshore vinculadas a empresarios hasta maniobras financieras detectadas en bancos internacionales, el patrón se repite: sin estos “sherpas”, muchas de las grandes tramas de corrupción serían inviables.

En ese terreno ambiguo —entre la legalidad formal de un servicio y la complicidad efectiva en un delito— se construye la principal defensa de estos operadores. Y también, según advierten investigadores y especialistas, el mayor obstáculo para desarticular de manera estructural los circuitos del dinero negro.

 La Nacion