Los médicos de PAMI iniciaron este lunes un paro a nivel nacional en rechazo a las modificaciones en el esquema de ingresos, oficializadas en la resolución 1107/2026, publicada el domingo en el Boletín Oficial.

La medida de fuerza fue impulsada por profesionales que prestan servicios en todo el país y afecta la atención habitual de miles de afiliados, en medio de crecientes reclamos por las condiciones laborales dentro del sistema.

La crisis en el PAMI se profundiza tras la publicación de una nueva normativa que desató el rechazo de los médicos de cabecera. Se trata de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril, que según los profesionales implica un fuerte ajuste en sus ingresos.

De acuerdo con el gremio que los representa, la medida fue presentada por el organismo como un “ordenamiento” del sistema, pero en la práctica modifica las condiciones de trabajo y reduce de manera significativa la remuneración real.

Hasta ahora, los honorarios se componían de un monto por cápita —según la cantidad de afiliados asignados— más adicionales por consultas presenciales, visitas domiciliarias y formación profesional. Con la nueva normativa, PAMI elevó el valor de la cápita de $980 a $2.100 por paciente, pero eliminó todos los ítems extra.

Esto implica, según explicaron, que ya no se pagarán las consultas presenciales. “Se nos abonaba cada consulta en consultorio alrededor de 5.500 pesos y ahora pasa a ser de 2.100 por paciente al mes, sin importar cuántas veces lo atendamos”, detalló Carlos Mulqui, secretario general de la Asociación de Médicos de Guardia de Córdoba.

“Nos están obligando prácticamente a renunciar”, advirtió Mulqui, al tiempo que remarcó que el sistema de médicos de cabecera es clave en la atención primaria de la salud y que en otros países es uno de los mejor remunerados.

Entre los principales reclamos, los profesionales enumeran la eliminación del pago por consulta presencial —que hasta ahora permitía facturar hasta 140 atenciones mensuales—, la absorción de múltiples prestaciones dentro de un monto fijo y la quita de incentivos económicos vinculados a la formación y capacitación continua.

“Se cobra más por cápita, pero se pierde mucho más por lo que se elimina”, advierten. En ese sentido, explican que el nuevo esquema establece un pago fijo de $2.100 por afiliado que debe cubrir toda la atención médica, incluyendo consultas, seguimiento y prácticas, lo que consideran insuficiente.

Desde el sector aseguran que el impacto es directo: “más trabajo, menos ingresos y menor reconocimiento al ejercicio médico”, una combinación que califican como “inviable” para sostener consultorios privados, que deben afrontar gastos como alquileres, insumos y servicios.

La resolución también introduce cambios administrativos. En su articulado, el organismo dispone la modificación del nomenclador común y la aprobación de un nomenclador unificado para médicos de cabecera, con el argumento de “evitar la dispersión normativa”.

Además, deja sin efecto el artículo que contemplaba incentivos económicos para la formación de posgrado de los profesionales, al considerar que esos objetivos ya fueron cumplidos.

Esta decisión generó un fuerte rechazo entre los médicos, que cuestionan la contradicción: “Se exige más formación, pero se deja de reconocerla”, remarcan.