Mientras la Justicia investiga la muerte de un anestesista y un enfermero hallados sin vida en sus respectivos departamentos en Buenos Aires, debido a sobredosis de fentanilo y propofol, un especialista avanzado en la lucha contra el narcotráfico abordó la problemática y los perjuicios que se generan cuando el riesgo nace dentro del propio sistema de salud.

“Lo ocurrido en Argentina en los últimos días, con el uso irregular de propofol y fentanilo fuera del ámbito médico, no puede leerse como un hecho aislado. Por el contrario, pone en evidencia una problemática más profunda: cuando medicamentos de uso crítico se desvían de los circuitos sanitarios, el peligro deja de ser individual y pasa a comprometer a toda la estructura”, expresó Hernán Kovacevich, abogado penalista y ex investigador Federal. Cabe destacar que los fármacos habrían sido sustraídos de hospitales de manera ilegal.

 “Uno de los aspectos más preocupantes es la minimización del riesgo. El propofol y el fentanilo son sustancias altamente peligrosas si se administran sin control. Cuando se utilizan fuera de protocolo, el rol del profesional se distorsiona y puede transformarse en un factor de daño”, destacó.

Los casos

La muerte de Alejandro Zalazar, anestesiólogo que trabajaba en la guardia del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez, dio lugar a una investigación por el hallazgo de anestésicos e insumos médicos en su domicilio y derivó, además, en averiguaciones sobre presuntas reuniones privadas, en las que esas sustancias eran utilizadas por fuera del ámbito asistencial. Según testimonios de trabajadores de la salud, en las reuniones se ofrecían “viajes controlados”, en los que un médico supervisaba el consumo de las sustancias. En los últimos días se sumó una segunda víctima, el enfermero Eduardo Bentancourt, también hallado sin vida en su domicilio. Estaba titulado en enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde. La causa se enmarca en el robo de propofol y fentanilo, dos drogas usadas para adormecer, que fueron hurtados por parte de los anestesistas Hernán Boveri y Delfina Lanusse, para "fiestas privadas" en las que se sometían entre varios al consumo dichas sustancias.

Un antecedente

El especialista avanzado en la lucha contra el narcotráfico evocó que estos episodios tienen antecedentes que resultan imposibles de ignorar, como el caso de Gerardo Ismael Billiris, “que ya había mostrado hasta dónde puede llegar el uso indebido de anestésicos cuando se combinan acceso, conocimiento y ausencia de control”. Los testimonios de víctimas en aquel momento expusieron consecuencias extremas, con situaciones que derivaron incluso en estados de coma.

“Si bien los contextos no son idénticos —uno vinculado al consumo desregulado y otro a hechos de violencia—, ambos comparten un mismo punto de origen: la utilización desviada de herramientas médicas que requieren un manejo riguroso”, precisó Kovacevich y reflexionó que “esto obliga a cambiar la mirada, ya que el problema no se limita a delitos tradicionales o externos al sistema, sino que también puede gestarse dentro de instituciones formales, donde quienes tienen acceso y formación especializada pueden apartarse de las reglas”.

Finalmente enfatizó: “Se trata de una forma de criminalidad difícil de detectar, pero con un impacto particularmente grave. Por eso, la respuesta no puede centrarse únicamente en responsabilidades individuales. Es necesario revisar los mecanismos de control, fortalecer la trazabilidad de estos medicamentos y replantear las responsabilidades institucionales.

Porque cuando estas situaciones se reiteran se convierten en una señal clara de que el sistema necesita corregirse con urgencia”.