La investigación comenzó tras la filtración de audios comprometedores del exfuncionario Diego Spagnuolo, señalado como principal responsable hasta el momento. Según el expediente, la ANDI habría funcionado como una "ventanilla para recibir coimas" y pagar sobreprecios, perjudicando especialmente a las personas con discapacidad que dependen del organismo. El monto comprometido supera los $30 mil millones del erario público.
El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, el primer director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) del gobierno de Javier Milei, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.
La resolución, emitida este lunes y con más de 300 páginas, detalla cómo se habrían direccionado al menos 21 licitaciones para la compra de medicamentos, favoreciendo a privados farmacéuticos que accedían ilegalmente al sistema interno para modificar valores y manipular los concursos.
Entre las pruebas figura una auditoría interna ordenada por el gobierno actual, encabezado por Javier Milei. Esta auditoría confirmó irregularidades en los procesos de compra y la existencia de sobreprecios. Aunque Spagnuolo es el funcionario más alto procesado hasta ahora, el fiscal Franco Picardi continúa investigando si hay responsables jerárquicos aún no identificados.
