El texto final del decreto fue consensuado entre la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación), tras antecedentes fallidos que habían derivado en la derogación de medidas similares.
El jefe de Estado firmará un decreto que habilita la recomposición salarial de los funcionarios jerárquicos tras dos años de congelamiento. Se trata de un esquema que contempla la pérdida del poder adquisitivo y busca alinearse con los aumentos otorgados al empleo público.
El presidente de la Nación, Javier Milei, le pone fin a su relato de “austeridad” en el sector público y avanzará con la actualización de los salarios de los altos cargos del Gobierno, luego de un período prolongado sin incrementos.
La medida alcanzará al Presidente, la Vicepresidenta, ministros, secretarios y subsecretarios, y se formalizará mediante un decreto presidencial. Se estima que el decreto saldrá firmado el próximo martes.
Desde la Casa Rosada señalan que la recomposición cubrirá todo el lapso sin ajustes, aunque aclaran que no habrá un tratamiento diferencial respecto de los aumentos percibidos por los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes.
En el oficialismo sostienen que los sueldos jerárquicos acumularon una caída cercana al 60% en términos reales desde el inicio de la gestión, producto del fuerte impacto de la inflación, que superó el 117% en 2024 y continuó en alza durante 2025.
El esquema actual fija salarios brutos mensuales de alrededor de $4 millones para el Presidente, $3,7 millones para la Vicepresidenta, $3,58 millones para los ministros, $3,2 millones para los secretarios y $2,8 millones para los subsecretarios. En el Congreso, las dietas son superiores, con diputados en torno a $7 millones y senadores cerca de $9,5 millones.
Las negociaciones salariales del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), acordadas con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), incluyeron entre 2024 y 2025 aumentos escalonados y sumas fijas, con porcentajes mensuales moderados que sirvieron de referencia para el diseño del decreto.
A lo largo del año se registraron tensiones internas dentro del gabinete, con planteos directos para habilitar la actualización salarial, aunque el Gobierno decidió postergar la medida hasta después de las elecciones de octubre.
En el Ejecutivo admiten que el congelamiento dificultó la gestión interna, especialmente para la formación y retención de equipos técnicos, frente a una brecha cada vez mayor con el sector privado.
