El conflicto que envuelve a la Obra Social de los Peones Rurales (OSPRERA) en el marco de la causa que investiga presuntos pagos desde allí a empresas socias de la familia Menem escaló con una nueva resolución del juez federal Sebastián Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 7. La medida apunta directamente a funcionarios del Ministerio de Capital Humano, como el titular de Trabajo, Julio Cordero, y a opositores internos al titular de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), José Voytenco, quienes son investigados por una presunta intervención irregular en la obra social.
El dictamen, emitido por el tribunal, responde a un planteo de los abogados de UATRE y busca reconstruir la existencia de un supuesto «acuerdo criminal» con fines políticos y para «direccionar negociados», según la denuncia del gremio.
Amplían registros telefónicos y geolocalización
Uno de los ejes principales de las diligencias probatorias es la ampliación del límite temporal para la obtención de registros de comunicaciones. El juzgado solicitó a las empresas de telefonía móvil la entrega de listados de llamadas entrantes y salientes, tráfico de comunicaciones y geolocalización de varios abonados, retrotrayendo el período de análisis hasta el 15 de octubre de 2024.
La medida abarca números vinculados a múltiples personas bajo sospecha, incluyendo a Guillermo Comadira–exsecretario de Trabajo y figura central en las acusaciones–, al diputado libertario Pablo Ansaloni, y a otros dirigentes y exdirigentes de UATRE como Julio Cordero, Claudio Aquino, Aixa Petriatti, Marcelo Petroni, y Marcelo Andrada.
Según fuentes cercanas a la investigación, este retroceso temporal obedece a la necesidad de reconstruir si los vínculos sospechados existían antes de que se tomaran decisiones clave en los expedientes administrativos, como la suspensión preventiva del congreso de UATRE. El objetivo es probar la existencia de un «plan criminal» previo a la intervención formal.
Intiman a la Secretaría de Trabajo a entregar 19 expedientes
El Juez Casanello libró una Orden de Presentación dirigida a la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, requiriendo la entrega de una importante cantidad de documentación.
La Secretaría deberá poner a disposición del juzgado, en formato digital, la actualización y copia de 19 expedientes completos vinculados a diversas seccionales de UATRE en provincias como Buenos Aires, Salta, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, Neuquén y Santiago del Estero.
Esta medida apunta a desentrañar si hubo irregularidades o manipulación en los procesos administrativos que habrían servido de base para justificar las decisiones adversas contra la representación gremial.
Registros y legajo de Comadira en la mira
El Juzgado también puso la lupa sobre el rol específico de Guillermo Comadira. Se solicitó la entrega inmediata de su legajo personal y cualquier actuación interna vinculada a su desempeño de funciones en la cartera laboral.
Adicionalmente, se ordenó a la Secretaría de Trabajo que entregue la totalidad de los registros fílmicos y/o constancias documentales de acceso peatonal y/o vehicular de Comadira, abarcando sus ingresos, egresos y horarios de permanencia en la dependencia desde el 15 de octubre de 2024 hasta el 16 de julio de 2025.
La resolución judicial encargó el diligenciamiento de estas medidas al personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina, que deberá actuar el miércoles 26 de noviembre de 2025. La documentación e información requerida a la Secretaría deberá ser remitida digitalmente al juzgado en caso de no estar disponible en el acto, para continuar con la reconstrucción de la cadena de decisiones que llevó a la intervención de OSPRERA.
