También fueron convocados otros funcionarios del área de Salud. La cita es a las 11.
Será luego de más de tres meses de arduo trabajo en que el grupo, presidido por la diputada Mónica Fein, escuchó testimonios de personas afectadas por la sustancia, y de familiares de víctimas que ascienden a 124 y algunos medios ubican en 160. Además, hubo una reunión con Ernesto Kreplak el juez federal que investiga la causa.
La comisión de la Cámara de Diputados citó para esta reunión al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones; la titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio; el director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), Gastón Morán; y al doctor Juan Carlos Fernández, en representación de la Dirección de Evaluación y Registro de Medicamentos de ANMAT.
Fein en el reciente encuentro en el Concejo Municipal de Rosario explicó ante los familiares de las víctimas que la Comisión Especial “fue creada por unanimidad con el objeto de investigar cómo pudo haber pasado esta tragedia y qué debemos mejorar para que no vuelva a ocurrir”. Previamente, detalló que el próximo 9 de diciembre deberán elevar el informe final, por lo que consideran crucial el testimonio del ministro de Salud.
“Es importante que algo tan terrible, de resultados tan devastadores en la salud, haya encontrado que la política pueda trabajarlo en conjunto y con seriedad”, reflexionó Fein en uno de los últimos encuentros y agregó: “Hay un buen avance judicial, un buen trabajo legislativo de todos los bloques, y actores claves como han sido los familiares que movieron todo este proceso”.
“Es liviano decir ‘es la culpa de tal o cual’, porque acá hay una cadena de responsabilidades”, señaló Giudici en el encuentro Rosario, al tiempo que cargó que “debemos ayudar al juez a que el sector privado o estos delincuentes estén presos, sino también la complicidad histórica de García Furfaro quede a la luz y sea castigada”.
La semana pasada, los miembros de la Comisión presentaron un proyecto para fortalecer los mecanismos de control, transparencia y responsabilidad en la habilitación y funcionamiento de laboratorios productores de medicamentos.
“Personas con antecedentes penales por delitos dolosos, vinculados a la salud pública, la administración o la fe pública no podrán ser titulares o directores técnicos de laboratorios. Además, tendrán que presentar certificado de antecedentes penales y acreditar el origen lícito de los fondos destinados a la constitución o ampliación de establecimientos dedicados a la producción, fraccionamiento o envasado de medicamentos”, explicó la diputada Tolosa Paz.
