Con frecuencia la realidad supera a la ficción. Como si se tratara de una película de suspenso, la investigación judicial por la muerte de 53 personas tras recibir ampollas de fentanilo contaminado en hospitales de La Plata, Rosario y Buenos Aires reveló una trama empresarial de conexiones. Por un lado, el laboratorio responsable, HLB Pharma, tiene como dueño a Ariel García Furfaro, un empresario que comparte negocios, domicilios y vuelos privados con Lázaro Báez.

La causa penal se inició en mayo tras una denuncia de la ANMAT, luego de que en el Hospital Italiano de La Plata fallecieran varios pacientes de terapia intensiva que habían sido medicados con fentanilo. En las semanas siguientes, la investigación sumó casos similares en otros puntos del país y se confirmaron al menos 53 muertes vinculadas a bacterias detectadas en la cadena de producción del opioide. HLB Pharma y Ramallo (vinculado a la misma firma sería el lugar dónde se habría elaborado el medicamento) son los laboratorios apuntados por las muertes de fentanilo contaminado. Según la investigación, lo que sucedía en el interior de ambos contaba con un sistema de protección y contactos que les permitían múltiples maniobras: evitar inspecciones, conseguir contratos con el Estado y así operaron en las sombras durante años. La investigación judicial también apunta a desvíos de drogas al mercado ilegal.

¿Cuál es la relación entre los hermanos Ariel y Damián García y Lázaro Báez? Una de las puntas de la investigación conduce directo a Lázaro Báez. Top Air, la empresa de vuelos privados con la que el empresario K trasladaba millones en efectivo, tiene su sede original en Río Gallegos pero en 2016 estableció una dirección alternativa que es Yerbal 1021, correspondiente al barrio porteño de Caballito, dirección informada como domicilio particular de los hermanos García Furfaro y de su madre Nilda. Esa propiedad también figura como sede de varias de sus sociedades, puntualmente en los papeles de HLB Pharma y el laboratorio de Ramallo.

En esa misma reunión de directorio donde establecieron el nuevo domicilio, Top Air ratificó a Walter Zanzot como presidente. Zanzot fue socio de Báez en Austral Construcciones y está condenado por lavado de dinero en la causa de la Rosadita. Según trascendió, Zanzot y García Furfaro visitaron juntos a Báez en la cárcel de Ezeiza, en reiteradas oportunidades. Zanzot presidía también Aviación del Atlántico Sur SA (Aassa), dueña del hangar en San Fernando donde operaban tres jets de Báez. Uno de esos hangares fue transferido a García Furfaro entre 2016 y 2017, en plena avanzada judicial contra el entorno kirchnerista.

Se supo que la venta de Top Air se intentó concretar a través de una compra intermedia por parte de García Furfaro y Castrillón. Ellos estaban en posesión de los aviones y el hangar cuando el Learjet de Báez se prendió fuego, en un intento fallido de evitar que los bienes fueran decomisados.

En la Justicia se probó que Top Air pertenecía a Báez y entre 2014 y 2015, la habían vendido o habían tratado de venderla por US$4 millones a PTP Group. Se trata de una empresa dedicada a la operatoria portuaria en la hidrovía del río Paraná, en las terminales de Zárate y San Nicolás. Paralelamente, la firma PTP Group está siendo investigada por maniobras en la hidrovía del Paraná y por supuestas concesiones irregulares en puertos de Paraguay durante la gestión de Cartes. El nombre de García Furfaro aparece reiteradamente en cruces con operadores de ese ámbito. Conclusión: hay nombres que se repiten en las muertes por fentanilo y en el caso de la hidrovía.

Asimismo, en medio del escándalo por el fentanilo, las acciones de HLB Pharma y Ramallo habrían sido transferidas a Sebastián Nanini. Casualmente se trata de un abogado con vínculos en la Justicia que defendió a la exesposa y a uno de los hijos de Báez. Además, Nanini era el nexo para la provisión de enormes cantidades de productos para hospitales del municipio de José C. Paz, en la provincia de Buenos Aires. Sin dudas, se trata de una compleja red de negocios, sociedades y vínculos que la Justicia busca clarificar.

Tanto el gobierno de la provincia de Santa Fe como la Municipalidad de Rosario son querellante en la causa que investiga la distribución de ampollas contaminadas de fentanilo. En el caso de Rosario, la medicación fue utilizada exclusivamente en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez y una vez que Anmat emitió la primera alerta, fueron retirados todos los lotes que había en circulación y fueron devueltas cerca de 300 dosis que aún quedaban en stock.

El expediente está radicado en el juzgado Federal de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, y ya cuenta con la participación del Estado nacional, el Hospital Italiano y familias de víctimas.