O, al menos, la mayor parte de ella. Las ferias Ocean, Urkupiña y Mega Polo La Salada, que integran el polo de venta de ropa de marcas falsificadas más grande de Latinoamérica, regresarán al negocio con sus capos presos o prófugos, bajo estricto control judicial y una serie de reglas establecidas por el juez Luis Armella con un fallo firmado el viernes pasado.

Las reglas incluyen una estricta fiscalización de ARCA y un proceso de blanqueo con un interventor judicial que “suplanta a la actual administración”, de acuerdo al fallo firmado la semana pasada al que accedió Infobae. Intervendrán en la reapertura también la Municipalidad de Lomas de Zamora y el Ministerio de Producción bonaerense. LA PFA dispondrá un operativo de al menos 60 efectivos. El Ministerio de Seguridad provincial también deberá vigilar la situación.

ARBA, la agencia de recaudación bonaerense, “deberá coordinar el proceso de formalización impositiva, mediante la inscripción de la totalidad de los puesteros no inscriptos en el régimen de Ingresos Brutos Simplificado”.

No se admitirán productos de marcas falsificadas. Una inspección realizada dos semanas atrás al 20 por ciento del stock que quedaba dentro de los al menos seis mil locales de la megaferia reveló que el 70 por ciento de la mercadería contenía, precisamente, marcas falsificadas. Punta Mogote, la principal de las ferias de La Salada, se encuentra todavía bajo inspección de la PFA.

Así, comienza un desafío insólito para la Justicia y el Estado: poner a La Salada en blanco.

Permanecía cerrada desde el 22 de mayo, cuando la Superintendencia de Agencias Federales de la Policía Federal la clausuró en el marco de una megainvestigación por los delitos de lavado de dinero, evasión impositiva y venta de productos de marcas falsificadas llevada adelante por la fiscal Cecilia Incardona, con una redada realizada aquel día que incluyó más de 60 allanamientos y 20 arrestos.