En una decisión sorpresiva, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que a partir del próximo lunes comenzará a regir el nuevo Código Procesal Penal Federal en la jurisdicción que abarca la Cámara de Apelaciones de Rosario.
El ministro de Justicia firmó esta mañana la resolución que le ordena a la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario disponer “la plena e inmediata” entrada en vigencia del Código Procesal Penal. Según un comunicado emitido por el ministerio, el nuevo sistema regirá desde las 00:00 horas del lunes 18 de marzo.
Cúneo Libarona explicó en su resolución que tomaba la decisión por los “niveles inéditos de violencia” que está viviendo Rosario, “teniendo en cuenta el clamor social”, “la firme voluntad” que le “transmitieron los funcionarios” y “la reconocida bondad del sistema procesal propiciado”. Dijo que lo hacía exhortando “a las autoridades de las instituciones comprendidas por la medida, a fin de que, en coordinación con el Ministerio de Justicia, ejecuten las acciones conducentes para asegurar la plena operatividad del nuevo régimen de enjuiciamiento”. Básicamente, el nuevo Código Procesal pone en manos de los fiscales la responsabilidad de las investigaciones penal, mientras que los jueces son los que ordenan allanamientos o detenciones y velan por el cumplimiento de las garantías procesales.
La sanción del “nuevo Código” se produjo en 2014, pero su instrumentación avanzó muy lentamente a tal punto que sólo está en vigencia plena en las provincias de Jujuy y Salta, donde los delitos federales están muy vinculados a casos de narcotráfico, como en Rosario.
La instrumentación del Código estaba en manos hasta hace un mes de una Comisión Bicameral del Congreso, pero a fines de febrero, mediante un decreto el gobierno resolvió que sería el Ministerio de Justicia quien se encargará de su puesta en funcionamiento.
El sorpresivo anuncio del ministro de Justicia genera dudas sobre la eficacia de su instrumentación, ya se necesitan recursos para llevarlo a la práctica, cuando el gobierno aplica un severo ajuste en el gasto público.
Además implica un cambio en la forma de realizar procesos, ya que se instrumenta la oralidad durante la pesquisa. Esto es: la realización de audiencias orales en las que se acusa a los imputados, se fundamentan los pedidos de allanamientos o detenciones. Adiós a los escritos.
El Ministerio de Justicia no informó si para la implementación del nuevo Código en el ámbito de la ciudad de Rosario se había consultado con las autoridades de la Cámara Federal Penal de nuestra ciudad o con los responsables del Ministerio Público.
“La ley que incorpora a la legislación argentina el Código Penal Procesal Federal busca la más eficaz persecución de los responsables de los graves crímenes como el narcotráfico, la trata y el lavado de activos”, sostuvo el Ministerio en un comunicado.
“Todo esto es especialmente importante en Rosario y su área metropolitana ya que alrededor del 70% de los 500 homicidios (2022-2023) son resultado de delitos complejos del orden federal. Esto implica la incorporación del sistema acusatorio orientado según los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y no formalización”, agregó la cartera.