Di Pollina se sintió agraviado por Boasso, lo denunció en la Justicia

Eduardo Di Pollina y Jorge Boasso siempre transitaron la política en veredas ideológicas opuestas. Ahora ese enfrentamiento se trasladó a la justicia y parece que no hay posibilidades de una conciliación. 

El referente de Bases denunció a Boasso —actual secretario de Seguridad Social de Santa Fe— por daños y perjuicios a raíz de las declaraciones públicas del funcionario en contra de su persona tras la presentación de los amparos contra el tope jubilatorio.

La historia comenzó hace algunos meses; Di Pollina fue uno de los dos exlegisladores —también lo hizo Alejandra Vucasovich— que enfrentó en la Justicia la reforma jubilatoria que se aprobó en Santa Fe. A partir de ese momento fue blanco predilecto de los cuestionamientos de Boasso, que le apuntó por el amparo y, de paso, lo vinculó con su procedencia política. No hay puntada sin hilo. 

Allí se disparó el conflicto, que ahora se dirime en Tribunales. Di Pollina, quien fuera diputado provincial por el Frente Progresista y presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, consideró que Boasso lo difamó en sus declaraciones públicas y sus redes sociales. Uno no acepta un acuerdo de partes; el otro asegura que ratificará sus dichos.

La causa se tramita en el juzgado a cargo de la jueza Nieves Mazza, quien llamó a una audiencia de conciliación a la que asistieron Domingo Torricelli —abogado patrocinante de Di Pollina—, Boasso y su abogado defensor Hernán Martínez. El encuentro fracasó porque la decisión del exdiputado socialista es llegar hasta las últimas consecuencias. “El dinero que tendrá que pagar Boasso por sus agravios será donado íntegramente al hospital Vilela”, dicen cerca del denunciante, que no quiere hablar públicamente del tema hasta que se resuelva la denuncia que presentó. 

La jueza citó a las partes a una nueva audiencia para diciembre, esta vez con los conciliadores de la Corte Suprema. “Mis dichos, que los ratificaré, lo único que formulan es un análisis jurídico-político de una persona que fue 24 años diputado provincial y fue presidente de la misma Cámara que ahora aprobó la reforma jubilatoria”, le dijo Boasso a SP.

También sostuvo que en la audiencia que ya se llevó a cabo marcó “la gran contradicción entre el discurso de algunos políticos que hablan de justicia social, de los pobres, de los desposeídos, siempre y cuando no le toquen su bolsillo. Porque Di Pollina es una persona que tiene una jubilación de 18 millones de pesos, sin pagar un peso de Ganancias, e interpuso el amparo para declarar inconstitucional el tope y se oponía a pagar el aporte solidario”. También le reprochó que su abogado es Torricelli, el mismo que representa a buena parte de los exmagistrados y funcionarios del Poder Judicial que fueron contra la reforma previsional. 

Más allá de que Boasso sostiene que sólo formuló un juicio político-jurídico, Di Pollina se sintió “agraviado y difamado” y por eso no está dispuesto a un acuerdo y quiere llegar hasta las últimas consecuencias. “En la trayectoria política de Eduardo nunca sufrió los ataques y agravios que recibió ahora, desmesurados y sin ningún fundamento, y encima provenientes de un funcionario público; es razonable que no acepte ninguna conciliación”, insisten cerca del exlegislador. 

El secretario de Seguridad Social en su cuenta de X había sido mucho más directo contra el exlegislador del Frente Progresista. “Otro ex diputado provincial, ex presidente de la Cámara de Diputados, cobrando jubilación máxima atacando con amparo la ley previsional para no pagar el aporte solidario (que en su caso son 600 mil pesos). Eduardo Di Pollina. Sin vergüenza”, había escrito apenas se conoció la presentación del amparo. Y apuntó también contra su procedencia política: “Se dice de izquierda”, dijo en algunas de sus apariciones en los medios. Cuando habla de “otro diputado” se refiere a que el mismo camino del amparo eligió Vucasovich. 

Consultada por este medio, Vucasovich declinó contestar. “No voy a entrar en el juego de ellos”, sostuvo escuetamente. 

En aquel momento, Di Pollina planteó en su presentación en la Justicia contra la aplicación del tope jubilatorio en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral de la 1ª Nominación, a cargo de Bárbara Serrat, que “la reforma previsional vulnera el principio de legalidad, el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad, el principio de igualdad, la afectación de la movilidad jubilatoria y el carácter tributario de las medidas adoptadas”. 

Gentileza Suma Política

 

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