Se viene a Funes con fluídos contactos con el actual Intendente de la ciudad. Un importante grupo empresario vinculado al sector de la salud avanza en tratativas para concretar un desembarco de peso en Funes. Se trata del Hospital Italiano, que busca profundizar su proceso de expansión regional para competir de igual a igual con firmas como el Grupo Oroño, el Grupo Gamma y el Sanatorio de la Mujer. La iniciativa, que ya es seguida de cerca por las autoridades locales, marcaría un hito en la oferta prestacional de la ciudad y la zona.
El empresario de salud Carlos Tita, dueño de clínicas y sanatorios en distintas zonas de Santa Fe, será citado a declarar en la causa que tiene como principal acusado al juez federal de Rosario Gastón Salmain, imputado por haber pedido un soborno de 100 mil dólares, según reveló LPO.
Tita es médico cirujano devenido en poderoso empresario de la ciudad de Rafaela y fue, en los años 90, socio del actual ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, oriundo de la misma ciudad. Esa cercanía histórica cobra relevancia ahora que la Justicia Federal busca establecer si fue él quien aportó el dinero exigido para torcer una causa penal.
La pesquisa avanza sobre un entramado que conecta a un magistrado civil sin competencia penal, un ex alto funcionario tributario denunciado por corrupción, y un empresario con vínculos en las más altas esferas del poder judicial santafesino.
Según la imputación del fiscal federal Federico Reynares Solari, citada por LPO, Salmain le habría ofrecido al ex director regional de la AFIP Carlos Vaudagna —a través de la intermediación del abogado Diego Feser, director del diario La Capital de Rosario— la posibilidad de influir en el trámite de las causas penales que lo tenían como imputado, a cambio de 100 mil dólares.
El objetivo era que esos expedientes, radicados en el marco de la causa Vicentin y vinculados a delitos de violación de secreto, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, quedaran bajo la competencia de Salmain y se resolvieran a favor de Vaudagna. El juez, que es magistrado civil y carecía de competencia territorial y en materia penal, efectivamente intentó quedarse con las causas en diciembre de 2024, aunque sin éxito.
Vaudagna, que se convirtió en imputado colaborador, reconoció haber entregado la mitad del dinero solicitado, dejándolo en una vieja estación de trenes cercana a su domicilio, tal como le habían indicado.
Los indicios que pusieron la lupa sobre el empresario rafaelino surgen del contenido de un teléfono secuestrado a Vaudagna en el marco de la causa Vicentin, donde se descubrió que el ex funcionario cobraba a empresarios para ayudarlos a evadir impuestos y hacer colocaciones en paraísos fiscales, además de extorsionar contribuyentes.
En una de las comunicaciones que mantiene con Vaudagna, Feser le pregunta si ya habló con Tita, en fechas que coinciden con el intento de Salmain de apropiarse de las causas, según detalló LPO. Los mensajes también revelan que Vaudagna, cuando era el máximo jefe de la AFIP en Santa Fe, hacía trabajo de asesor contable para Tita, una actividad incompatible con sus funciones públicas.
La hipótesis de la Justicia es que Tita facilitó el dinero sin necesariamente saber para qué sería destinado, aunque las investigaciones abiertas en Santa Fe, Rosario y Reconquista arrojan indicios vehementes de que el pago se concretó.
En la audiencia del 31 de julio ante el juez de Garantías Román Lanzón, Salmain intentó desviar el eje de su defensa apuntando contra la cúpula de la Corte Suprema. Primero atribuyó las causas en su contra —dos de ellas por pedidos de coimas— a un armado orquestado por el presidente del tribunal, Horacio Rosatti, su secretario Silvio Robles, y fiscales de Rosario presuntamente vinculados a ellos.
Después, de manera inesperada, mencionó explícitamente a Lorenzetti, mostrando incluso una publicación periodística. Entre quienes siguieron la audiencia hubo una fuerte impresión de que se trató de un mensaje cifrado, dado que Lorenzetti participó personalmente de la ceremonia en la que Salmain asumió como juez federal de Rosario en julio de 2024.
El caso no es el único que compromete al magistrado: en otra causa resultó coimputado el escribano Santiago Busaniche, señalado como intermediario en un intento de soborno para que Salmain fallara a favor de un fideicomiso que buscaba comprar dólares durante la vigencia del cepo cambiario.
Carlos Tita construyó en pocas décadas un recorrido que va del ejercicio de la cirugía al manejo de un verdadero entramado de clínicas y sanatorios distribuidos en distintas zonas de Santa Fe, consolidándose como uno de los empresarios más influyentes del sector salud en la provincia.
Ese poder económico se combina con una trayectoria de vínculos en las esferas más altas de la Justicia: en los años 90, Tita fue socio de quien hoy integra la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti, paisano suyo de Rafaela. La sociedad de aquellos años no configura por sí sola ninguna irregularidad, pero resulta un dato que la Justicia Federal no pierde de vista al reconstruir el círculo de contactos del empresario.
Ese cruce de intereses económicos y judiciales explica, en parte, por qué el nombre de Tita despertó tanta atención cuando surgió en los mensajes analizados en la causa Vicentin. No se trata de un empresario cualquiera, sino de una figura con peso propio en Rafaela y con una relación personal, aunque antigua, con uno de los jueces con mayor incidencia en el sistema judicial argentino.
Por ahora, la citación a declarar no implica una imputación formal contra Tita, pero sí lo ubica en el centro de una trama que combina corrupción tributaria, intento de comprar competencia judicial y una red de contactos que atraviesa Rafaela, Rosario y los despachos más altos de la Corte Suprema.
