El conflicto entre Vialidad Nacional y el empresario Néstor Rozín por las obras realizadas frente al Hotel Sol de Funes sumó ahora un nuevo capítulo que cambia el eje de la discusión: el empresario acusó al organismo nacional de "desviar la atención" hablando de accesos irregulares a la autopista y sostuvo que la intimación en realidad fue por los arreglos sobre la colectora que, asegura, son su responsabilidad por normativa.
Después de que el organismo nacional sostuviera que intimó al empresario por construir accesos clandestinos sobre la autopista Rosario-Córdoba, el titular del emprendimiento aseguró que el propio municipio de Funes le exigió por ordenanza mantener operativa la colectora y ejecutar mejoras viales vinculadas al establecimiento.
Cronología de la polémica
La disputa comenzó cuando Rozín denunció públicamente que Vialidad Nacional le había enviado una carta documento para obligarlo a romper trabajos de reparación realizados sobre la colectora de la autopista, a la altura del kilómetro 307.
Según su relato, llevaba más de un año reclamando obras ante organismos nacionales y concesionarias sin obtener respuestas y decidió intervenir por cuenta propia ante el deterioro del acceso al hotel y la realización de eventos masivos.
Inicialmente, el caso se presentó como la historia de un privado que tapó baches y terminó intimado por el Estado para volver a dejar el camino destruido. Sin embargo, mediante un comunicado, Vialidad Nacional respondió que el problema no era únicamente el bacheo, sino también la apertura de ingresos y egresos de vehículos considerados clandestinos y peligrosos para una autopista de circulación rápida.
El organismo nacional sostuvo que las conexiones realizadas frente al hotel fueron ejecutadas sin autorización técnica ni medidas de seguridad vial y sin infraestructura necesaria, como carriles de aceleración y desaceleración. Según Vialidad, esos accesos representaban un riesgo para los automovilistas porque obligaban a realizar maniobras repentinas sobre la traza principal.
Disputa de jurisdicción
Ahora, Rozín contraatacó con un argumento jurídico y administrativo que busca respaldar su accionar: aseguró que la propia Municipalidad de Funes le había impuesto obligaciones concretas de mantenimiento vial cuando otorgó la prefactibilidad comercial del emprendimiento. “Vialidad ha desviado la atención con un ingreso al hotel, pero eso no es lo que me reclaman formal y legalmente”, afirmó el empresario.
Según explicó, la intimación oficial no cuestiona directamente una bajada clandestina, sino la intervención sobre la colectora. Además, negó haber ejecutado esos accesos irregulares. “No los hicimos nosotros. Son huellas de vehículos de personas que entran o salen y según vimos en Google están por lo menos desde 2016. Si la gente no puede salir por un lado, sale por donde puede”, sostuvo.
Rozín aseguró además que sí existieron presentaciones formales para arreglar la colectora. “No es cierto que no pedí permiso. Presenté documentación formal con ingenieros y cálculos técnicos. El proyecto estaba previsto a unos 150 metros antes de una curva y aproximadamente a mil metros del hotel”, señaló. El empresario también afirmó que desde el organismo incluso le solicitaron planos técnicos, “como si fuera a hacer un pavimento nuevo”, cuando “solamente se taparon pozos”, según indicó.
Ordenanza municipal
Pero el punto central de su defensa pasa ahora por la Ordenanza Nº 1.225/19 del municipio de Funes, que otorgó la prefactibilidad comercial al emprendimiento en zona rural. Rozín citó especialmente el artículo 4°, donde se establece que el emprendimiento debe ejecutar mejoras necesarias para ordenar el tránsito vehicular generado por el proyecto y el tránsito existente local.
“Ese artículo dice todo lo contrario al contenido de la carta documento de Vialidad. El artículo exige hacer la obra que ahora Vialidad pretende que volvamos atrás”, afirmó. El empresario también cuestionó que se lo intimara directamente a él y no a la concesionaria del corredor vial. “El que lucra con la autopista es quien cobra el peaje. Vialidad tendría que exigirle al concesionario que haga las reparaciones”, planteó.
Además, mencionó el artículo 13 de la misma ordenanza, que establece expresamente el “mantenimiento de colectora”. Allí se dispone que será responsabilidad del emprendedor “estabilizar el acceso principal y secundario hasta la arteria pavimentada más próxima dentro del municipio”. Con ese argumento, Rozín sostuvo que Vialidad Nacional “desconoce la autonomía municipal” respaldada por el artículo 123 de la Constitución Nacional y por el Código Civil y Comercial, que reconoce facultades propias a los municipios.
Por qué ahora
Otro dato que Rozín puso sobre la mesa es el tiempo transcurrido entre la obra y el reclamo formal. “Todo esto ocurrió hace nueve meses, en agosto de 2025, y recién ahora se acordaron de mandarme un reclamo”, cuestionó. Y recordó que cuando se realizó el bacheo, los trabajos estuvieron paralizados durante tres horas hasta que finalmente fueron habilitados “por el intendente, con anuencia del representante de Vialidad”, quien sería la misma persona que luego firmó la carta documento: el jefe del 7º distrito, Gastón Bruno. Y especuló que la aparición de la carta documento podría tener relación con un siniestro vial reciente en el sector.
Rozín también mencionó la existencia de accesos similares en otros puntos de la autopista Rosario-Córdoba. “Hay bajadas a Pérez, al Parque Industrial, Ciudad Industria y antes de llegar a la A012 hicieron una entrada oficial, la misma que yo había planteado para nuestra zona”, señaló. Mientras tanto, el deterioro de la colectora volvió a aparecer. “Hoy mismo ya está llena de pozos. Ya no hace falta volver a la situación anterior porque está pasando de hecho”, ironizó.
Por último, relativizó las objeciones administrativas vinculadas a la documentación presentada fuera de término. “Ellos dicen que presentamos un papel dos días después del vencimiento. Si uno quiere hacer una obra privada, ¿es tan importante presentarlo 48 horas tarde? Tiene que haber voluntad para hacer cosas público-privadas”, concluyó.
