El gobernador Maximiliano Pullaro, junto al ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, encabezó una comitiva oficial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para reunirse con el canciller Pablo Quirno. El objetivo central del encuentro fue la entrega de un exhaustivo informe técnico diseñado para defender la producción de biodiésel santafesina ante las recientes normativas de la Unión Europea. Este documento, elaborado con rigor científico, busca revertir la clasificación de la soja como un insumo de alto riesgo de cambio indirecto del uso del suelo, una etiqueta que hoy amenaza con bloquear el acceso del principal complejo exportador de la región a los mercados del viejo continente.

Durante la reunión, de la que también participaron la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada, y el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, se analizó el impacto económico que tendría para Santa Fe la aplicación de estas restricciones. Los funcionarios provinciales precisaron que no se trata únicamente de un debate técnico, sino de la protección de un motor económico que representa una posible pérdida de 390 millones de dólares si el mercado europeo se cierra. El dossier entregado reúne pruebas que demuestran que la metodología utilizada por la Comisión Europea no se condice con la realidad productiva de la provincia ni con sus estándares de sostenibilidad.

La importancia de este movimiento radica en que la Cancillería argentina llevará estos argumentos a Bruselas la semana próxima para presentarlos ante las autoridades de la Unión Europea. Puccini destacó que este trabajo es el resultado de una coordinación estrecha entre el sector público y los actores privados, incluyendo a la Región Centro y a las cámaras vinculadas a la nutrición de cultivos y la producción aceitera. Para la administración provincial, sostener estos mercados es una prioridad estratégica no solo por el biodiésel, sino porque esta regulación podría sentar un precedente negativo que condicione en el corto plazo las ventas de aceite, harina y porotos de soja.

La advertencia de Santa Fe se centra en que la normativa europea sobre el “alto riesgo ILUC” estigmatiza la materia prima desde su origen, ignorando los avances tecnológicos y los controles ambientales que se aplican en el territorio santafesino. El tema ya había ganado peso en la agenda regional tras las recientes reuniones del Gabinete Productivo de la Región Centro y la visita del embajador alemán Dieter Lamlé a las terminales portuarias del Gran Rosario. Ahora, con el dossier en manos de la diplomacia nacional, la provincia busca que la evidencia científica sea el eje de la discusión para garantizar que el complejo agroindustrial siga siendo competitivo a nivel mundial.