En un documento titulado “Entre allanamientos y reincidencia: la verdad incómoda sobre las drogas en Rosario”, el abogado, profesor de Derecho Penal en la Universidad del Gran Rosario y experto en Delitos Complejos, Hernán Kovacevich, abordó las problemáticas que transversalmente afectan a la ciudad y elaboró un balance.

“Rosario cerró 2025 con una realidad que ya no admite atajos discursivos: el problema de las drogas dejó de ser un tema exclusivamente policial para convertirse en un fenómeno estructural que atraviesa barrios, instituciones y generaciones enteras. Desde mi trabajo diario hay algo que resulta evidente: el Estado entra con operativos, pero sale sin resolver el fondo del problema”, manifestó el especialista.

Durante 2025, más del 70 % de los homicidios registrados en Rosario estuvo directa o indirectamente relacionado con disputas vinculadas al narcomenudeo. “La violencia que no empieza ni termina en un allanamiento. No son escenas excepcionales. Son conflictos repetidos, en los mismos barrios, protagonizados por jóvenes cada vez más chicos”, precisó Kovacevich.

En casi el 45 % de los casos, los imputados por delitos violentos ligados a drogas tienen menos de 25 años y en su mayoría ya habían pasado antes por el sistema penal. Eso no es casualidad, según él, es una dinámica que se retroalimenta. “Rosario no es una ciudad narco. Es una ciudad atravesada por un negocio ilegal que se instala donde el Estado llega tarde, mal o de manera intermitente”, sostuvo en el documento.

Según los expedientes judiciales, el 85 % de las causas por drogas en 2025 se concentró en tenencia, narcomenudeo o transporte en pequeña escala; en contraste, menos del 5 % de las investigaciones avanzó sobre quienes organizan el negocio, lo financian o lavan el dinero. “El mensaje es claro: el riesgo penal sigue estando en la calle, no en el dinero. Así, el sistema castiga, pero no desarma. Detiene, pero no desarticula. Y el negocio continúa”, destacó el experto.

En Rosario, 6 de cada 10 consultas por consumo en 2025 estuvieron vinculadas a cocaína, pasta base o policonsumo y un punto a considerar es que cada vez aparecen chicos más jóvenes, algunos desde los 14 o 15 años: “En los barrios más golpeados, uno de cada tres hogares convive con situaciones de consumo sin acompañamiento estatal sostenido. Muchas familias piden ayuda y no encuentran respuestas hasta que el problema ya está judicializado”.

¿Pero qué pasa con la reincidencia? De acuerdo al análisis del ex investigador  federal es el punto ciego del sistema. “Desde el derecho penal, hay un dato que explica gran parte de lo que pasa: más del 60 % de las personas condenadas por narcomenudeo vuelve a tener problemas con la Justicia en menos de tres años. No vuelven porque quieran. Vuelven porque salen de la cárcel y regresan al mismo barrio, sin trabajo, con antecedentes, con consumo problemático y con las mismas redes criminales esperándolos. El sistema penal detiene, encierra y devuelve. Y después se sorprende cuando la historia se repite”, explicó. Ante la pregunta: ¿Qué falta para cortar el ciclo? expresó que es indispensable una decisión política sostenida que debería incluir: acompañamiento obligatorio post-pena para condenas menores por drogas, con seguimiento real durante al menos 18 meses;  tratamiento del consumo problemático, integrado al proceso penal; inserción laboral protegida, con cupos específicos y estímulos reales; presencia estatal permanente en los barrios y persecución del dinero, del lavado y de las estructuras que reclutan.

Entre sus principales conclusiones, enfatizó que Rosario termina 2025 con una deuda pendiente: dejar de administrar el problema y empezar a resolverlo.

“La droga no se combate solo con patrulleros ni con discursos duros. Se combate rompiendo el ciclo que convierte a un pibe en soldadito, a un soldadito en preso y a un preso en reincidente. Entre allanamientos y reincidencia, Rosario sigue esperando una respuesta que vaya más allá del expediente”, concluyó el especialista.