La edil Fernanda Gigliani rechazó la medida anunciada por el Gobierno Nacional, que propone habilitar el blanqueo de capitales no declarados, sin ningún control. "Esta decisión debilita la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado, especialmente en una ciudad como Rosario, afectada por el accionar de las mafias del narcotráfico y crimen organizado, quienes resultarían los mayores beneficiarios de esta acción del gobierno de Milei", argumentó.
“Que el presidente tome una decisión como la que toma, que no le está hablando a doña Rosa que tiene un par de dólares en el colchón, es para los grandes evasores, los que tienen toda la plata afuera. Con esta normativa le facilita lo que el narcotráfico necesita, porque el gran problema que tiene el narcotráfico es cómo esa plata ilegal que viene manchada de sangre pueda blanquearla en negocios legales. Intenté en el Concejo que se declare una máxima preocupación y no hubo votos para que eso ocurra”, continuó explicando Gigliani.
Paralelamente, la concejala advirtió la contradicción que esta decisión tiene con la reciente ley antimafias. El pasado 15 de mayo, la publicación en el Boletín Oficial de la Ley N° 27.786, conocida como "ley antimafias", declaró a Rosario como "Zona Sujeta a Investigación Especial" , con el fin de otorgar a la Justicia Federal herramientas extraordinarias para desarticular las estructuras económicas y financieras de las organizaciones criminales que han asolado la ciudad.
En este sentido, Gigliani precisó que “la ausencia de controles eficientes en el blanqueo de capitales podría facilitar la legitimación de fondos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la evasión fiscal, ya que permitiría a personas físicas y jurídicas ingresar al sistema económico fondos cuyo origen no se encuentra acreditado, sin controles eficientes”.
“Si bien la ciudad ha sido pionera en la creación de herramientas institucionales para la prevención del lavado de activos, como la Ordenanza N° 9204/2014, que creó el Sistema de Control Económico Financiero de Grandes Inversiones, y la Ordenanza N° 10370, que estableció la Oficina Municipal de Prevención y Control del Lavado de Dinero, en la experiencia local el lavado de dinero ha sido una herramienta clave para las organizaciones criminales”, señaló.
Asimismo justificó su rechazo y preocupación por la medida, debido a que organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF), la AFIP, el BCRA y el Ministerio Público Fiscal han advertido en reiteradas ocasiones sobre los riesgos de implementar políticas de blanqueo de capitales sin la debida supervisión.
Finalmente indicó: "Medidas de desregulación como la anunciada por el Gobierno Nacional representan un serio retroceso en la lucha contra el crimen organizado y colisionan con las políticas públicas de transparencia y control que Rosario ha sostenido en los últimos años”.
