Por AireDigital

Desde el inicio, la gestión del gobierno de Maximiliano Pullaro, dio muestras de que uno de los ejes de su administración es reforzar las políticas de seguridad, combatir del delito organizado y reordenar a la policía de Santa Fe. Sin embargo, varias de las iniciativas recibieron duras críticas desde organizaciones sociales, expertos en derecho penal y dirigentes de la oposición.

Este lunes, el ministro de Seguridad y Justicia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que se bajó la orden a los efectivos policiales de incrementar los controles de averiguación de antecedentes.

En el marco de la presentación de 131 patrulleros para la ciudad de Rosario, Cococcioni reconoció que desde su cartera se han “bajado una serie de directivas” y precisó: “Controlamos los indicadores día a día y semana a semana y estamos midiendo las identificaciones por sistema Cóndor, las aprensiones en flagrancia, las aprensiones que hace la PDI por investigaciones y las detenciones por averiguación de antecedentes, que prevé el artículo 10 Bis”.

“Se cuestionó si se podía usar o no porque era inconstitucional. Nosotros lo bajamos como directiva expresa porque queremos que la usen”, sostuvo el funcionario.

“Lo que demuestran es que no hay trabajo policial”

Una de las primeras voces en alzarse contra las iniciativas en materia de seguridad del gobierno fue la exdiputada del PJ y especialista en derecho penal, Matilde Bruera, quien advirtió sobre la inconstitucionalidad de lo planteado por el ministro de Seguridad.

El “artículo 10 Bis” mencionado por Cococcioni se trata de una norma incluida dentro del estatuto policial de la provincia que establece que una de las funciones policiales es averiguar los antecedentes de las personas y, para esto, se habilita a la policía a detener a una persona sin orden judicial, a solo efecto de averiguar los antecedentes. “En democracia se debió haber derogado pero nunca se pudo”, aseguró Bruera que a la vez destacó: “Lo máximo que se logró fue ponerle un plazo, un término horario, de seis horas. La policía no te puede detener por más de seis horas para averiguación de antecedentes”.

Más allá de la posible inconstitucionalidad del artículo 10 Bis, la especialista en derecho advirtió que “el problema es que ellos (la policía) pone la hora en la que te detuvo y si quiere poner que fue cuatro horas después de la hora real de la detención, lo pone porque no hay forma de controlarlo”.

El caso Bulacio

Bruera recordó que la República Argentina fue condenada internacionalmente por el caso Bulacio, el joven que murió 1991 en una comisaría de Buenos Aires, luego de ser detenido, justamente, por averiguación de antecedentes, en el marco de un recital de Los Redonditos de Ricota. “El problema es que esas detenciones son inconstitucionales. El artículo 18 dice que nadie puede ser detenido sin orden del juez o autoridad competente. Argentina fue condenada por el caso Bulacio y se le exigió que derogue las normas que permitan las detenciones por averiguación de antecedentes”.

Por otro lado, la exlegisladora santafesina criticó duramente la decisión de la Legislatura provincial de sumar lo dispuesto en el artículo 10 Bis del estatuto policial en el Código Procesal Penal. “La barbaridad que se aprobó durante la gestión de Pullaro fue que eso se incorporó en el Código Procesal Penal de la provincia. En lugar de derogar esa norma y terminar con las detenciones sin orden judicial –que se ordenó en el caso Bulacio- lo incorporan en el código de procedimiento y sigue siendo inconstitucional”, sostuvo.

Por último, para Bruera, “si para controlar la seguridad la policía va a trabajar al boleo, lo que demuestra es que no hay trabajo policial ni de investigación. Demuestra un grado enorme de ineficiencia de la policía”.

“Responde a una lógica represiva”

Por su parte, Luciano Candioti, integrante de la Asociación Civil Juanito Laguna, que trabaja con problemáticas infantiles y adolescentes desde hace más de 22 años, sostuvo que la réplica de este tipo de políticas de seguridad “responde a una lógica represiva”.

“Vemos con mucha preocupación lo que pasa a nivel nacional y provincial. Lo único que vemos es que el Estado, que debe abrigar y proteger a nuestros pibes y pibas, lo único que hace es construir políticas represivas, que han sido declaradas inconstitucionales. Es toda una lógica represiva y de invisibilización sobre lo que más sufren”.

Una catástrofe a largo plazo

Por último, el diputado del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Carlos Del Frade, advirtió sobre el empoderamiento policial. “Primero hay que ver hasta dónde quieren llevar eso de la averiguación y la empoderación de la policía porque se puede cruzar el límite de la inconstitucionalidad”, dijo el legislador.

A su vez, indicó que el empoderamiento de la policía “puede generar buenos resultados ahora pero una catástrofe a largo plazo. Hay que profundizar la presencia virtuosa del Estado y no la corrupta, como los nichos de corrupción de la policía”.

“Lo mejor que le puede pasar a la sociedad santafesina es generar más derechos en los barrios antes que mayor represión. Nos preocupa mucho empoderar a la policía con la idea de tener más libertad para la averiguación de antecedentes”, concluyó.