La aprobación de la reforma laboral en Diputados dejó mucho material para el análisis, expuso contrapuntos, puso en discusión derechos, libertades y evidenció el esquema de alianzas.
El proyecto se aprobó con 135 votos a favor y 115 en contra tras más de 10 horas de sesión. Sin el polémico artículo 44 de licencias médicas el oficialismo logró dictamen y el viernes 27 de febrero, la Cámara Alta le daría una sanción definitiva.
Durante el debate se produjeron fuertes cruces y chicanas entre los senadores que responden al oficialismo y los opositores. "No vamos a permitir arrebatos golpistas", dijo Patricia Bullrich en respuesta a Florencia López, quien había asegurado que "no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen".
En el marco de un fuerte paro general de la CGT y movilizaciones en todo el país, el proyecto fue aprobado con el voto de La Libertad Avanza (LLA), del interbloque Fuerzas del Cambio -que reúne al PRO, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz- de Innovación Federal, Producción y Trabajo, Independencia y La Neuquinidad. Adhirieron también diputados de Provincias Unidas. Por su parte, Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y diputados de provincias rechazaron la propuesta.
“Los argentinos eligen la modernización laboral, empieza la Argentina que produce y genera empleo de calidad”, celebró en redes sociales el presidente Javier Milei. “Tenemos dictamen de la reforma laboral y votamos la próxima semana. Se los dije: trabajamos con resultados para hacer Argentina grande otra vez”, manifestó la senadora Patricia Bullrich.
El interbloque Popular rechazó el contenido de la iniciativa y calificó la norma como inconstitucional. Mariano Recalde definió la reforma “como una afrenta a los trabajadores cada vez más escandalosa”. Asimismo impugnó la velocidad del tratamiento y sostuvo que la ley afecta derechos fundamentales.
Juliana Di Tullio, representante del bloque Justicialista-Buenos Aires, apuntó: “El oficialismo y sus aliados están firmando dictamen para que los argentinos no tengan más derechos”.
“No hay un solo artículo de esta reforma laboral que beneficie a los trabajadores. El pueblo no se olvidará de quienes votaron a esta ley infame”, acusó el diputado Nicolás del Caño.
Caren Tepp férrea opositora a la reforma, expresó: “El único objetivo que persigue la ley es la destrucción de la negociación colectiva y de la organización de los trabajadores para la defensa de sus derechos”.
Por su parte la Oficina del Presidente comunicó a través de un comunicado publicado en redes sociales: “La aprobación de esta ley significa creación de trabajo registrado, menor informalidad, normas laborales adaptadas al siglo XXI, menor burocracia, mayor dinamismo en las relaciones laborales y, lo más importante de todo, el fin de la industria del juicio en la República Argentina”.
La decisión oficial generó repercusiones inmediatas en las cúpulas empresariales. La Unión Industrial Argentina (UIA) había sido una de las entidades que más activamente participó en la elaboración de propuestas para este capítulo de la reforma. La intención de los industriales era avanzar hacia un modelo donde el costo de la enfermedad no recayera de forma exclusiva y total sobre la espalda del empleador privado.
Desde la perspectiva internacional, el plan de Milei se interpreta como un intento de flexibilizar la legislación laboral en un país con casi la mitad de los trabajadores en la informalidad. Medios internacionales destacaron que la iniciativa se enmarca en un contexto de alta inflación, pérdida de empleos calificados y prolongada litigiosidad laboral, lo que ha llevado al oficialismo a defender la reforma como una actualización de normas obsoletas.
En un contexto marcado por la polaridad, el debate de derechos y el modelo de país, el Senado se prepara para su tratamiento definitivo.
