Nadia Beller recibió tres disparos el 17 de agosto, embarazada, y sobrevivió. Desde la cama de una clínica en Santa Cruz de la Sierra empezó a hablar. Dijo que el gobierno de Rodrigo Paz —el presidente, su esposa Bibi Urquidi y la familia de ella— tiene, con su expareja Fernando Cerimedo como operador, "negociados" de gasolina, diésel y oro. Dijo que había cajones llenos de billetes. Nombró a un intermediario financiero al que identificó solo como "Iván". Y fue más lejos: acusó a Cerimedo de ser "agente de la CIA". Días después sumó un nombre propio: dijo que quien lavaba el dinero de Cerimedo en Bolivia era Vicente Federico Quintanal, un empresario argentino. Pero es la primera vez que alguien, desde adentro del círculo de Cerimedo, pronuncia la palabra oro en voz alta.
Cuando la Fiscalía boliviana secuestró el teléfono de Cerimedo, apareció algo que nadie esperaba. Una nota fechada el 1° de agosto registra una audiencia en "Sala 3" a nombre de un tal "Adrian Lerma", lo que todo indica que es un error de tipeo y en realidad se refiere a Adrián Lema Roca.
Hay una segunda anotación, del 16 de agosto —un día antes del ataque a Beller, y dos antes de que la Fiscalía boliviana le secuestrara el teléfono al detenerlo, el 18 de agosto, por ese mismo ataque—: "Seguridad. Irrumpir a cosas. Sin seguimiento. Mineros. Negocios de torres. Martín y ministro. Fuertes inversiones." Cuatro líneas que funcionan casi como un índice de todo lo que atraviesa este expediente: seguridad y violencia, minería, negocios de infraestructura, un funcionario todavía sin nombre, y el flujo de una inversión importante. No dice "Emporio Dorado". No dice "oro boliviano". Pero es lo más cerca que estuvo nunca un operador político argentino de ese expediente.
Adrián Lema Roca tiene 22 años y es, hasta hoy, la única persona detenida por el intento de sacar 189,42 kilos de oro —77 lingotes, unos 13,5 millones de dólares— del aeropuerto Viru Viru el 22 de julio de 2026. La empresa que figuraba como dueña de la carga, Emporio Dorado S.R.L., tenía apenas un mes de vida: domicilio falso en Sopocachi, certificado de exportación con un código QR que no llevaba a ningún lado, sellos institucionales que el Senarecom denunció como falsificados. Lema Roca pasó 150 días en Palmasola. Su defensa, a cargo del abogado Juan Carlos Tolay, apeló la prisión preventiva y consiguió que la Sala Penal Tercera de Santa Cruz se la revirtiera el 14 de agosto, sustituida por arresto domiciliario, fianza y arraigo —una salida que el Gobierno calificó de "express" y que la Fiscalía apeló—. El expediente quedó, formalmente, sin nadie a quien acusar más arriba de él. Cerimedo, de hecho, sería detenido semanas después en ese mismo aeropuerto, cuando intentaba abordar un vuelo hacia Buenos Aires.
Hay un dato que cambia el tamaño del caso y que todavía nadie concilió: un programa boliviano de investigación reveló que Emporio Dorado ya le había hecho dos exportaciones legales de oro a una comercializadora del Zoco de Oro de Dubái —Asian Gold LLC— el 29 de mayo y el 29 de junio de 2026. Es decir, antes de la incautación. Si la empresa se constituyó recién en junio, como dice toda la prensa boliviana, esas exportaciones de mayo no deberían existir bajo ese nombre. O la fecha de constitución está mal, o el circuito ya operaba antes bajo otra razón social. Nadie lo aclaró todavía.
Mientras tanto, en Argentina, el entorno de Cerimedo construía su propio negocio minero. Su pareja, Natalia Basil —ingeniera química, exfuncionaria de la agencia de discapacidad ANDIS, de la que renunció meses antes de que estallara el escándalo de coimas que la salpicó de lejos— es dueña del 50% de Australis Energy Group S.R.L., una sociedad cuyo objeto social incluye, en estos términos, la exploración y explotación de litio, gas y oro.
El otro 50% es de Vicente Federico Quintanal, un asesor de empresas de unos 57 años que aparece como socio recurrente de Cerimedo en al menos media docena de sociedades —de energía a inmobiliarias, pasando por una empresa de salud domiciliaria— y al que la prensa argentina describe como el hombre que quedó al frente de sus negocios mientras Cerimedo está preso: el mismo nombre que Beller señaló como quien lavaba el dinero de Cerimedo en Bolivia. La empresa comparte domicilio administrativo, en Buenos Aires, con otras sociedades del mismo círculo —entre ellas Patagonia Energy Holding SA, otra pata energética armada por Cerimedo un año antes—. No hay, hasta hoy, ninguna prueba de que Australis haya extraído o exportado un gramo de nada. Es una empresa de escritorio, sin yacimiento conocido. Pero el rubro está anotado ahí, en el papel, desde antes de cualquiera de los dos escándalos.
Mientras Cerimedo seguía preso en Bolivia, apareció otro costado de su entramado, esta vez completamente doméstico. En 2024, una sociedad suya, Surlibre Inversiones S.A., se quedó con el control de Sanabria S.R.L., una empresa de Puerto General San Martín, a 35 kilómetros de Rosario, pegada a las terminales graneleras de Cofco, Bunge, Cargill y Terminal 6. Hasta entonces, Sanabria había sido una guardería náutica llamada "Lo de Mirto". El cambio de manos recién se publicó en el Boletín Oficial de Santa Fe en enero de 2026 —más de un año después—, y con él la empresa pasó a presentarse como prestadora de servicios portuarios, con el objetivo declarado de proveer combustible a las barcazas que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay entre Bolivia, Paraguay y la Argentina.
La Política Online, que reveló el caso, la describió como una "empresa fantasma": el predio es, según esa investigación, un terreno sin inversión, sin habilitación municipal definitiva, con apenas una autorización provisoria de la Prefectura Naval. El municipio de Puerto General San Martín terminó rechazando el proyecto por incumplimientos administrativos, y especialistas del sector lo calificaron de "técnicamente inviable" por falta de calado y por interferir con las terminales linderas.
Al frente de la gerencia, junto a los socios originales Iván Alberto Sanabria y Sergio Ezequiel Amarilla, quedó otra vez Vicente Federico Quintanal. Es en esa misma investigación de La Política Online donde aparece, por primera vez con nombre y apellido, la otra mitad de la acusación de Beller: que Basil estaría a cargo del "tancaje de combustible" que entra a Bolivia desde la Argentina. La Política Online es clara en un punto: es una acusación de una de las partes, todavía no probada judicialmente —aunque agrega que existe una red real y documentada de intermediarios de combustible que operan en los puertos de la hidrovía, incluida Bolivia, lo que le da a la denuncia, en sus palabras, "alguna consistencia con la lógica del negocio", sin que eso equivalga a una prueba.
Hay una coincidencia de nombre que vale la pena anotar: Beller dijo que el hombre que manejaba el efectivo de Cerimedo en Bolivia también se llama Iván —aunque aclaró que no conoce su apellido, y que vive en La Paz, en el mismo edificio que Cerimedo—. Iván Alberto Sanabria es el socio de Puerto General San Martín, operador portuario santafesino.
Viru Viru no es solo el aeropuerto de Emporio Dorado. El 29 de noviembre de 2025, un Gulfstream despegó desde Burbank, California, y aterrizó ahí mismo con la exdiputada Laura Rojas Ayala a bordo y entre 31 y 32 maletas —la prensa boliviana nunca se puso de acuerdo en el número exacto—. Rojas usó un pasaporte diplomático ya anulado para evitar el control aduanero. Terminó presa, primero por legitimación de ganancias ilícitas, después por una causa distinta de narcotráfico; hoy tiene arresto domiciliario en el primer expediente pero sigue detenida por el segundo.
Rojas fue diputada por Creemos, el partido de Luis Fernando Camacho, en representación de Santa Cruz entre 2020 y 2025, y llegó a presidir la Brigada Parlamentaria Cruceña —elegida en noviembre de 2024 como candidata disidente, en una votación que la propia conducción de Camacho llegó a desconocer—. Es una figura de la derecha cívica cruceña, no del oficialismo actual: no hay ningún vínculo documentado, ni pasado ni presente, entre ella y el gobierno de Rodrigo Paz o su partido, el PDC. Al dejar la banca se anotó como candidata a concejal por "Primero Santa Cruz", la alianza de Gary Áñez, pero renunció el 29 de enero de 2026, ya detenida.
Es, junto con Emporio Dorado, el otro caso de "oro y maletas" que le costó a Bolivia buena parte de su credibilidad aduanera en el último año.
El avión de Rojas tiene su propia historia rara. El permiso de vuelo boliviano estaba a nombre de Southern Cross Aircraft LLC, una correduría real y establecida de Fort Lauderdale que dirige la familia Hosmann desde 1989 —no es una empresa fachada—. Pero quien efectivamente operó el vuelo, según la denuncia de un diputado boliviano, fue otra empresa: Proflite LLC. De su dueño no hay ningún rastro público. La matrícula del avión, N585JC —un Gulfstream V, número de serie 618—, había pertenecido a Southern Cross hasta diciembre de 2024, cuando fue rematriculado con otro número. El identificador "N585JC" reapareció después, ya en 2026, bajo una fiduciaria de Utah, TVPX ARS Inc Trustee —el tipo de estructura que existe, precisamente, para que nadie sepa quién es el dueño real de un avión privado en Estados Unidos.
