La Asociación de Abogados Penalistas de Rosario expresó un duro rechazo al proyecto de reforma impulsado por el Poder Ejecutivo provincial al considerar que la iniciativa implica un retroceso en materia de garantías constitucionales y otorga facultades “exorbitantes” a fiscales y fuerzas policiales.

A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la propuesta “menoscaba reglas básicas de enjuiciamiento penal, división de poderes y garantías constitucionales”, además de retrotraer “la evolución legislativa y jurisprudencial de la Provincia de Santa Fe de los últimos 30 años”.

Los abogados penalistas recordaron que desde 2014 rige en Santa Fe un sistema acusatorio donde la investigación está en manos de fiscales y los jueces cumplen el rol de control de legalidad y resguardo de garantías. Según advirtieron, el nuevo proyecto “presenta institutos arbitrarios, absurdos e incompatibles con el derecho procesal penal moderno”.

En ese sentido, cuestionaron especialmente la ampliación de atribuciones para las fuerzas policiales y fiscales. Entre los puntos más criticados mencionaron allanamientos sin orden judicial, medidas coercitivas sin control de magistrados y la flexibilización de reglas probatorias.

“Privarle a un ciudadano de contar con un asesoramiento legal en los primeros momentos de una persecución penal es retrotraerse a épocas nefastas de nuestra historia constitucional”, señalaron desde la asociación.

En diálogo exclusivo con INFOROSARIO, José Luis Giacometti, integrante de la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario advirtió sobre posibles violaciones al derecho de defensa: “Se elimina la presencia del abogado defensor como condición ineludible. Es inconstitucional. El derecho a la defensa es fundamental”.

El letrado también cuestionó mecanismos contemplados en la iniciativa, como “allanamientos automáticos por secuestro de armas en la vía pública” y “derribos sin orden fiscal”.

Además, manifestó preocupación por los artículos vinculados a inteligencia e intervenciones digitales. “Se establecería el fortalecimiento de la actividad de inteligencia y espionaje digital electrónico. No existe más la privacidad”, afirmó.

A su vez, Giacometti consideró que “el Estado provincial quiere dejar que el orden del derecho y la estabilidad se deje de respetar y se instale un Estado gendarme para hacer y deshacer cosas”.

Posteriormente, el abogado penalista cuestionó: “Con el tema del espionaje me pregunto: ¿es para investigar un delito o para salir a pescar?”.

Desde la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario remarcaron además que el proyecto podría derivar en planteos de inconstitucionalidad ante tribunales provinciales, nacionales e internacionales, y reclamaron la apertura de un debate amplio con participación de todos los actores del sistema judicial.

“Avanzar rápido no es avanzar justo. El fin no justifica los medios. Las garantías procesales son para todos los santafesinos”, concluyó el comunicado.

Por su parte la entidad se puso a disposición para colaborar en la elaboración de normas “bajo parámetros constitucionales” y exhortó al Gobierno provincial a rediseñar el proyecto antes de su tratamiento legislativo. “Tenemos que estudiarlo”, finalizó Giacometti.