La secretaria de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Paula Sagué, expresó su rechazo al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N°26.657 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo encabezado por Javier Milei, al considerar que implica “un grave retroceso en materia de derechos, salud pública y abordajes interdisciplinarios”.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología señalaron que la iniciativa oficial “se inscribe en una serie de reformas regresivas impulsadas por el Gobierno Nacional”, y advirtieron que “la salud mental deja de ser concebida como un derecho para pasar a ser tratada como una mercancía sometida a la lógica del mercado”.

Sagué sostuvo que el proyecto “reinstala la noción de peligrosidad y vuelve a ubicar a las personas con padecimientos subjetivos en un lugar de tutela y estigmatización, en lugar de reconocerlas como sujetos de derecho”. En ese sentido, cuestionó que la reforma proponga reemplazar el concepto de “padecimiento en salud mental” por el de “trastorno”, reduciendo el sufrimiento humano a una lógica exclusivamente biomédica.

Asimismo, la docente de la UNR alertó que la propuesta oficial concentra las decisiones de internación únicamente en médicos psiquiatras, desplazando el trabajo interdisciplinario previsto en la legislación vigente. “En Argentina hay alrededor de 5.000 psiquiatras. Pretender centralizar todas las internaciones en esa especialidad no sólo es inviable, sino que además desconoce el rol fundamental de los equipos interdisciplinarios”, indicó.

La referente universitaria también cuestionó que el proyecto habilite nuevamente la centralidad de hospitales monovalentes y dispositivos de encierro, contrariando los lineamientos internacionales impulsados desde la Declaración de Caracas y los principios de desmanicomialización promovidos por organismos internacionales de salud.

“Nos quieren hacer creer que el problema es la ley, cuando en realidad el problema es el desfinanciamiento”, afirmó Sagué. Según precisó, la Ley Nacional de Salud Mental establece un piso presupuestario del 10 por ciento del presupuesto total de salud para el área, aunque actualmente el nivel de ejecución rondaría apenas el 1 por ciento.

En ese marco, desde la Facultad de Psicología remarcaron que el sistema público atraviesa una situación crítica debido al aumento sostenido de la demanda. Datos difundidos por el sector señalan un incremento del 77,2 por ciento de las internaciones vinculadas a problemáticas de salud mental y una suba del 133,8 por ciento en los tratamientos ambulatorios.

“Las familias están atravesando situaciones muy complejas producto del desempleo, la precarización laboral, el ajuste y el deterioro de las condiciones de vida. El sufrimiento social existe y es real. Lo peligroso es que el Gobierno utiliza ese padecimiento para impulsar una reforma que profundiza la mercantilización de la salud”, expresó.

Además, Sagué cuestionó el cierre y desfinanciamiento de dispositivos nacionales de atención y prevención, entre ellos el Hospital Nacional en Red Laura Bonaparte, las residencias interdisciplinarias en salud mental, centros comunitarios de Sedronar y programas de acceso a medicamentos y salud sexual.

Por último, desde la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de Psicología de la UNR manifestaron su respaldo a la declaración conjunta firmada por autoridades de salud mental de 15 provincias argentinas, que rechazaron públicamente el proyecto oficial por considerar que “criminaliza el sufrimiento, debilita el sistema público y vulnera derechos conquistados”.