El Gobierno mantiene la esperanza de llegar al 25 de mayo con la ley bases aprobada en general. Las reuniones no tan secretas del ministro Francos con el senador Lousteau y gobernadores de la UCR.
El Gobierno sigue negociando con senadores gobernadores radicales más modificaciones al Régimen de Incentivos para Grandes inversiones (RIGI) con el objetivo puesto en llegar a un dictamen de consenso para el próximo jueves y que la Ley Bases sea votada en general con algunos cambios, en particular el jueves 23 de mayo, dos días antes de la fecha puesta por Javier Milei para lanzar el denominado Pacto de Mayo, como un apoyo político y las herramientas para avanzar en las reformas del Estado y privatizaciones.
En un marco de total hermetismo, en la Casa Rosada confirmaron el encuentro secreto que mantuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, el pasado viernes con uno de los senadores radicales más díscolos al proyecto del Gobierno: Martín Lousteau, quien como titular de la UCR, busca imponer cambios al RIGI, al impuesto a las ganancias, al blanqueo de capitales, defendidos por el Gobierno como herramienta para atraer inversiones.
La polémica por el RIGI y los cambios que podrían imponer los radicales
En la Casa Rosada prometen sostener los cambios consensuados en el Senado si la ley bases vuelve con cambios a la Cámara de origen, Diputados.
Este lunes, uno de los hombres más cercanos a Milei, el vocero Manuel Adorni, salió a defender el RIGI de las críticas no solo de Lousteau, sino del kirchnerismo, que denuncia la posibilidad de que los beneficios que otorgaría de aprobarse ese artículo, otorgaría a empresas multinacionales de extraer ganancias y saquear los recursos naturales por 30 años.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni señaló que en la Argentina “el PBI per cápita es el más bajo de hace 13 años y hace 10 que el volumen de exportaciones y el empleo no crecen”. En ese marco destacó que el RIGI atraerá inversiones superiores a los 200 millones de dólares que “no se realizan si no existe la estabilidad tributaria y cambiaria que hoy estamos intentando generar”.
El funcionario resaltó que el nuevo Régimen de Incentivos “va a significar más empleo, más empresas pagando impuestos en la Argentina y el desarrollo de toda una cadena productiva”.
El titular de Atti, Mario Cesca, asistió hoy a la reunión de Servicios Públicos Concedidos presidida por la concejal Anahí Schibelbein, del bloque Radical.
El pasajero patrocinado por el abogado Gregorio Dalbón atribuyó la responsabilidad a los conductores de las formaciones involucradas en la colisión. Además, imputó al secretario de Transporte, Franco Mogetta, y al ministro de Economía, Luis Caputo.
El Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas alertó por crisis de salud y dijo que el aumento de los insumos y los costos médicos pone en riesgo las cirugías cardiovasculares
Mario Doval, propietario de un comercio gastronómico ubicado en avenida Costanera y calle Buenos Aires, expresó su malestar a la prensa esta mañana por la decisión de bajar la cota del Lago a 31 metros y aumentar la altura del rio aguas abajo cerca de los 13 metros.
Las prepagas quieren discutir con todos los actores de la cadena los costos de la salud privada. Apuntan en particular a los laboratorios que, aseguran, incrementaron un 500% los precios de los medicamentos en el último año
Tras el fallo reciente que suspende la obligación de devolver a sus asociados los aumentos de las cuotas que realizaron por encima de la inflación, las empresas de medicina prepaga reclaman la apertura de una mesa de diálogo en la que se puedan discutir los costos en toda la cadena de salud y correrse de un lugar que las expone como "enemigo público" por considerarse el final de la cadena.
Por el momento, quedó en suspenso el plazo de cinco días que vencía hoy que la Justicia les impuso a las empresas para presentar el plan de pagos para devolver los aumentos por encima de la inflación. En su lugar, resolvió convocar a una audiencia para el 27 de mayo con el Gobierno para definir la viabilidad o no de esa devolución.
Tras el fallo del juez Juan Rafael Stinco, fuentes del sector explicaron que las empresas de medicina "están convencidas que no cobraron de más como las denunció públicamente el Gobierno nacional, sino que lo hicieron de acuerdo a las estructuras de sus costos".
Si bien a partir del próximo mes van a empezar a incrementar las cuotas de acuerdo al índice de inflación mensual, "en una regulación de cuota que no se traslada de la misma manera a los otros costos que enfrentan las prepagas, las empresas requieren ir ahora a la cuestión de fondo y analizar la sustentabilidad del sistema".
Uno de los voceros de las empresas apuntadas, explicó que "las prepagas incrementaron sus cuotas entre un 120 y un 130 por ciento, pero no fue el sector que más aumentó, sino que entre sus costos la mayor incidencia son los medicamentos, un rubro en el cual los laboratorios aumentaron un 500% los precios en el último año".
Más allá de la audiencia del 27 de mayo para resolver puntualmente qué pasará con la devolución de "lo que el Gobierno primero autorizó y luego entendió que se cobró de más", los directivos del sector esperan que el ruido de las últimas semanas y el impacto que generó la discusión permita "conformar una mesa de diálogo sectorial en la cual la prepaga es el final de la cadena".
Allí, piden que estén representadas la Secretaría de Comercio, la Superintendencia de Servicios de Salud, las empresas, los laboratorios, las clínicas y las prepagas que son las financiadoras del sistema.
Afectación al sistema
"Retrotraer los precios a diciembre y obligar a las empresas a devolver en cuotas lo que el gobierno determinó como cobro adicional a la inflación, las dos cosas al mismo tiempo, era condenar al sistema de salud privado al colapso completo", explicó otro de los voceros al señalar que los financiadores deben "trasladar ese perjuicio" a los prestadores, los salarios, los servicios y los medicamentos.
El sistema prepago con seis millones de personas asociadas, detallan en una rápida radiografía del sector, representa el 15% del sistema de salud, un universo chico dentro del cual sólo 1,5 millón pagan de manera directa la prestación de salud, mientras que el otro 4,5 millón lo hace en convenio con empresas y gremios.
Pero el eventual quiebre de empresas de medicina privada, en particular las de menor volumen de asociados, tiene un perjuicio que va más allá de esos usuarios, al entender que el mayor ingreso de las clínicas y hospitales privados es el de los financiadores privados, de manera más importante que las obras sociales y el PAMI, por lo cual el desfinanciamiento termina afectando a todos.
"Hoy tienen la cuota regulada hasta septiembre de acuerdo a la inflación, las que no quiebran sufrirán una merma en la calidad porque al no poder recomponer los costos se las obliga a una prestación menor", se aseguró.
Más allá de la situación propia, las empresas advierten que "hay preocupación también en el gobierno porque llevaron la discusión a un punto en el que hoy no pueden retroceder sobre dos medidas muy publicitadas, al punto de forzar del presidente de la UAS", la Unión Argentina de Salud que encabezaba Claudio Belocopitt, a quien colocaron en el lugar de "enemigo público de la clase media".
"Este fallo que convoca al diálogo puede ser el principio del camino de solución, aún a pesar de un juez que primero fue en contra del sistema y una semana desarma el camino que había trazado", cuestionaron los voceros del sector.
A comienzos de mayo, la Justicia resolvió que las prepagas no podrían subir las cuotas más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que confecciona el INDEC de manera mensual además de que deberían devolver en forma de crédito a los clientes el exceso que se cobró por arriba de ese monto.
El fallo se dio a conocer luego que el ministro de Economía, Luis Caputo, se metió de lleno en el conflicto con las prepagas, para que reduzcan aumentos en una primera etapa, y se regulen hacia adelante.
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