El histórico Centro de Salud de Funes se convertirá oficialmente en el primer hospital público de la ciudad el próximo lunes 8 de junio. El anuncio, que marca un hito para la infraestructura sanitaria del distrito, prevé un acto central con la participación de las máximas autoridades del gobierno provincial y referentes de la comunidad.
La confirmación de la fecha de apertura adelantó el alcance de las nuevas instalaciones que funcionarán en la emblemática esquina de Monteagudo e Yrigoyen. El renovado centro de salud presentará una transformación edilicia y operativa de gran envergadura, diseñada para dar respuesta a la creciente demanda de la población local.
El salto de calidad médica es inédito para la localidad, ya que el edificio estará equipado para incorporar por primera vez camas de internación, un shock room para emergencias complejas y una guardia completamente renovada con tecnología de punta. Esta ampliación de servicios permitirá resolver cuadros de mediana complejidad dentro del propio territorio, optimizando los tiempos de respuesta y disminuyendo la necesidad de traslados urgentes hacia efectores de la ciudad de Rosario.
El Gobierno ofreció exenciones tarifarias al consumo de energía a provincias del norte y el litoral; persigue un ahorro fiscal de $272.000 millones, mientras que las facturas aumentarán en once provincias.
La escritora, guionista y directora Bárbara Di Rocco denunció públicamente una situación de discriminación que vivió junto a una amiga en un bar del barrio porteño de Palermo, donde una empleada del lugar les habría impedido utilizar el baño de mujeres.
“Mi documento dice mujer”, respondió Di Rocco cuando, según el video difundido, una trabajadora de la cocina del establecimiento les indicó que no podían ingresar al baño de mujeres. La activista por los derechos travestis-trans vinculó el episodio con el contexto político y social actual. “Son cosas que van a seguir pasando en el mundo entero, hay una revolución fascista, con discursos legitimados, como ocurre con nuestro presidente y con un montón de políticos que creen que tienen poder de decisión sobre la vida de otras personas, cuando debería ser para cuidarlas, no para hostigarlas y segregarlas”, expresó Barbie durante una entrevista exclusiva con INFOROSARIO.
Bárbara Di Rocco participó recientemente de una conferencia en Rosario, en la Plataforma Lavardén, sobre el Archivo Trans de la Argentina. En su charla reflexionó sobre la persistencia histórica de los discursos discriminatorios hacia las identidades travestis y trans. “En estos archivos que voy encontrando desde 1920 el debate es siempre el mismo: hombres que son mujeres, mujeres que son hombres. ‘Vayan al baño de hombres’. Es una discusión eterna”, sostuvo.
La escritora afirmó que las personas travestis continúan siendo colocadas “en un limbo” social. “Nunca vamos a estar ubicadas socialmente. Siempre se cuestiona a qué baño vamos, a qué nos dedicamos, incluso el documento”, señaló a nuestro medio.
En ese sentido, reivindicó la identidad travesti, aunque advirtió sobre las dificultades administrativas y legales que aún existen. “Soy partidaria de reivindicar la identidad travesti, pero a la hora de hacer trámites o viajar tendría que estar reconocida a nivel internacional”, indicó.
Sobre el episodio ocurrido en el bar, Di Rocco aseguró que mantuvo la calma y decidió enfrentar verbalmente la situación. “Soy una persona con una postura muy firme. Me mantuve con el teléfono en la mano y le pregunté a esa persona por qué hacía eso. No sé cómo alguien con el privilegio de tener trabajo se pone a discriminar y hacer un show patético”, manifestó.
Según contó, desde el establecimiento se comunicaron luego con ella por privado para pedir disculpas. “Me escribieron diciendo que estaban muy consternados. Mis amigas habían ido otras veces, pero el problema lo ocasionó esta persona de la cocina. ¿Cómo tenés a alguien que te arruina la imagen del lugar?”, cuestionó.
La activista también relató que la situación continuó incluso dentro del baño: “Estábamos en el baño y se metió a decirnos cosas detrás de la puerta. Horrible”.
Además, reclamó la implementación de un cupo laboral trans en el ámbito privado y pidió que existan consecuencias frente a este tipo de hechos. Asimismo Bárbara advirtió sobre los discursos que vinculan a las personas trans con situaciones de peligro o perversión. “Se instala que la mujer puede sufrir alguna violencia por parte de una persona trans”, señaló.
Finalmente, expresó su preocupación por el impacto social de estos discursos sobre las nuevas generaciones. “Nosotras ya somos adultas, pero qué pasa con las infancias trans, con padres que quieren corregir identidades de género distintas. Eso hace que no avancemos como sociedad”, reflexionó.
“Creo que nadie va a dejar de odiar una etnia o una religión, pero no tenés que hacerle saber al resto ese pensamiento y decirlo. Fijate cómo el odio pudo más, y dijo todo eso adelante de todos, incluso filmándola. Me da tristeza el ejemplo que le da a sus hijos”, concluyó.
¡Que me quiten lo bailado!
En su libro, recientemente presentado en Rosario, Bárbara Di Rocco, aborda la historia de Ana Lupez, una pionera trans de 83 años que sobrevivió a la censura, la violencia y el exilio. La autora destaca la celebración y el baile como sus actos más grandes de resistencia. La historia de Ana sirve como disparadora para reflexionar sobre la lucha de la comunidad trans, su fuerza y los desafíos de la vida cotidiana.
La convocatoria reunirá este miércoles a sindicatos, docentes y trabajadores sanitarios en defensa del sistema público, los medicamentos gratuitos y mejores condiciones laborales.
El objetivo de la iniciativa es concentrar la asistencia estatal en los hogares de menores ingresos y reordenar el esquema de financiamiento energético.
La polémica por la obra de la Costanera Norte y el Parque Acuático sumó un nuevo capítulo judicial. El abogado Ciro Bonomelli presentó un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Civil y Comercial Nº7 de Rosario, a cargo del juez Marcelo Quiroga, con el objetivo de que se revise la legalidad del proyecto impulsado por la Municipalidad. La presentación incluye además un pedido de medida cautelar para suspender los trabajos mientras se analiza el caso.
“El pedido más bien es que se analice la legitimidad de la obra y si se ajusta a las pautas del orden administrativo local y ambiental”, explicó Bonomelli en diálogo con Cadena 3 Rosario. El letrado aclaró que “no se discute la conveniencia política de la obra”, sino “si cumple con el ordenamiento jurídico local, provincial y nacional”.
El abogado detalló que representa a “dos vecinos de la ciudad de Rosario, usuarios de la Rambla y vecinos de la zona de Alberdi”, quienes decidieron acudir a la Justicia al considerar que existen dudas sobre el impacto ambiental y urbanístico del emprendimiento. “La ley 10.000 tiene una legitimación muy amplia para la defensa de intereses difusos”, explicó.
Según sostuvo Bonomelli, la principal preocupación está vinculada a la falta de información pública sobre la magnitud del proyecto. “Evidentemente algo ha sucedido en particular con esta obra, en la cual hay una escasez o falta de información respecto al potencial impacto que podría tener en la zona ribereña”, señaló.
El recurso apunta específicamente contra el decreto municipal que habilitó la licitación del denominado “Parque Acuático Costanera Norte”. “La licitación está proyectada como un parque acuático”, afirmó el abogado, aunque reconoció que luego el Ejecutivo presentó “un plan más genérico”.
Consultado sobre cuál sería el impacto ambiental concreto de las obras, Bonomelli admitió que esa evaluación debe surgir de estudios técnicos especializados. “Yo no podría determinarlo. Eso deberían decirlo expertos en materia ambiental”, remarcó. Y agregó: “Debiese existir previamente información disponible e incluso un proceso participativo”.
Uno de los puntos centrales de la presentación judicial es justamente la supuesta ausencia de estudios previos. “Frente a esta omisión encontramos un problema de legitimidad en el accionar”, indicó el letrado. Según argumentó, antes de avanzar con una obra de esta magnitud deberían haberse cumplido ciertos procedimientos establecidos en normas ambientales y urbanísticas.
Bonomelli también confirmó que la Justicia ya comenzó a intervenir. “El primer aspecto que debe analizar el juez es la admisibilidad y luego requerirle un informe a la Municipalidad con toda la documentación y la información disponible respecto de la obra”, explicó. Mientras tanto, los trabajos preliminares continúan en la zona de la Costanera Norte.
En la entrevista, el abogado insistió en que la discusión excede lo estrictamente político y abre un debate más amplio sobre el uso del espacio público y el ambiente. “Es una oportunidad muy valiosa para interpretar los nuevos principios incorporados en la reforma constitucional respecto a la tutela del ambiente, el agua y el derecho a la ciudad”, sostuvo.
Finalmente, Bonomelli aclaró que sus representados “son simplemente vecinos y usuarios del río” y negó una motivación partidaria detrás de la acción judicial. “No se trata de cuestionar la oportunidad o conveniencia de la actividad administrativa, sino de verificar si se cumplieron las reglas que exige el ordenamiento jurídico”, concluyó.
Gentileza C3
El concejal de La Libertad Avanza Jerónimo Gianello presentó un proyecto en el Concejo para prohibir los reductores de velocidad de plástico en Funes. "Quieren solucionar un problema y terminan generando algo peor, no se puede cuidar la seguridad vial a costa de romperle el auto a los contribuyentes", explicó el edil.
"Los reductores de velocidad terminan generando costos ocultos a los que trabajan, rompen suspensiones, neumáticos y trenes delanteros. Hay formas mejores y más eficientes de controlar la velocidad en la ciudad", amplió Gianello.
"El problema no es controlar la velocidad, el problema es hacerlo sin sentido común: los reductores traen más problemas que soluciones", disparó Gianello. "Muchos reductores se colocan sin estudios de tránsito, sin parámetros uniformes y sin homologación técnica", aseveró. Por esa razón, en el proyecto que presentó en el Concejo se prohíbe aquellos que "no cuenten con certificación técnica, homologación vigente y condiciones adecuadas de fijación y mantenimiento".
Según lo que planteó el libertario, "los reductores plásticos suelen romperse, desprenderse y requerir mantenimiento constante. Eso obliga al municipio a gastar reiteradamente en reemplazos y reparaciones". "Los contribuyentes pagan impuestos para soluciones duraderas, no para parches que se rompen cada seis meses", reclamó el concejal.
Gianello planteó que "la vía pública no puede ser un riesgo para autos, motos y bicicletas: estos reductores van a empezar a generar accidentes y la responsabilidad será de la Municipalidad, que deberá pagar indemnizaciones con la plata que ponen los funenses".
El proyecto también exige un relevamiento de todos los reductores instalados en la ciudad con su estado actual, que tiene que ser presentado en 90 días. Ese relevamiento es el primer paso para diseñar un plan progresivo de adecuación, priorizando zonas de alto riesgo.
Las nuevas formas de controlar la velocidad deberán ser, según propuso Gianello, "dispositivos constructivos permanentes debidamente diseñados; señalización horizontal y vertical reglamentaria; medidas de diseño urbano orientadas al calmado de tránsito; y sistemas de control y fiscalización de velocidad". “Una ciudad moderna regula mejor el tránsito con tecnología y planificación, no con obstáculos que parecen improvisados", remató Gianello.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.