El recambio en la Jefatura de Gabinete no logró revertir el clima de descontento que atraviesa al oficialismo. Así lo refleja el informe Reputación digital elaborado sobre más de 31.700 publicaciones en redes sociales y medios digitales.

 La información relevada entre el 23 y el 29 de junio muestra que la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli mantienen un saldo ampliamente negativo en la conversación pública.

Uno de los datos fundamentales del estudio arroja un Índice de Sentimiento Neto (ISN) general de -79,9, evidenciando que el cambio de nombres no alcanza, por el momento, para descomprimir el enojo social.

 Cambio de cara

Sin embargo, la llegada de Santilli presenta una diferencia respecto de su antecesor. Mientras Adorni registra un ISN de -84,6 y el presidente Javier Milei de -80,6, el nuevo jefe de Gabinete obtiene -52,6, es decir, 32 puntos menos de rechazo que el funcionario saliente.

Según el informe, esa diferencia responde a que Santilli no aparece directamente vinculado al escándalo que dominó la agenda pública, sino que la mayor parte de las críticas hacia él provienen de su pertenencia al oficialismo.

La conversación digital alcanzó su punto máximo el 28 de junio, con el anuncio de la designación de Santilli, superando incluso el impacto generado un día antes por la renuncia de Adorni. El análisis indica además que la llegada del nuevo funcionario despertó mayor interés que la salida del anterior.

El enojo lo cubre casi todo

En cuanto a las emociones predominantes, el enojo concentra el 84% de las menciones. Adorni y Milei alcanzan niveles de ira cercanos al 85%, mientras que Santilli registra un 69%, acompañado por un 11% de confianza, más del doble que el resto de los dirigentes analizados.

 Los temas con peor valoración continúan siendo el escándalo político y la situación vinculada a YPF, con índices de -92 y -94, respectivamente. En contraste, los ejes relacionados con el recambio de gabinete, la reestructuración del Gobierno y la llegada de Santilli presentan niveles de rechazo considerablemente menores, lo que el informe identifica como una oportunidad para instalar una nueva narrativa política.

 Entre las principales recomendaciones estratégicas, el estudio propone formalizar rápidamente la salida de Adorni del directorio de YPF para cerrar uno de los focos de mayor desgaste, profundizar el mensaje de una nueva etapa de gestión y evitar que Santilli quede asociado al escándalo que precipitó el cambio de autoridades.

 Los analistas anticipan además que “despegar a Santilli” sería clave para evaluar si el recambio comienza a modificar el humor social o si el rechazo al oficialismo continúa predominando.

 

Once allanamientos en Funes y Roldán resultaron con varios detenidos y droga secuestrada por el crimen de Ramiro Nast.

El joven de 26 años fue detenido luego de un operativo policial en el que se encontró un revólver calibre 22 dentro del vehículo en el que circulaba junto a otras tres personas.

Mientras cientos de brigadistas trabajan contrarreloj para encontrar sobrevivientes tras los terremotos que sacudieron Venezuela, 137 perros especializados en búsqueda y rescate fueron enviados por distintos países del mundo para colaborar en la localización de personas atrapadas.

Venezuela recibió apoyo militar, logístico y financiero, pero también equipos caninos entrenados para actuar en escenarios donde el acceso humano resulta prácticamente imposible. Durante una conferencia de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que los canes forman parte del amplio operativo internacional desplegado en las zonas afectadas.

Estos perros son capaces de detectar personas con vida bajo toneladas de hormigón, acero y tierra gracias a su extraordinario olfato y a años de entrenamiento especializado. Su intervención permite reducir considerablemente los tiempos de búsqueda y aumentar las posibilidades de rescatar sobrevivientes.

Un operativo con apoyo internacional

Los principales aportes llegaron desde América Latina. Colombia envió a Rojo, Candy, Dasta y Tamy, integrantes del reconocido equipo USAR COL-1, considerado uno de los mejores grupos de búsqueda y rescate urbano de la región. Los animales trabajan junto a decenas de especialistas coordinados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con participación de Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Ecuador también sumó efectivos al operativo con el envío de 47 rescatistas y dos perros especializados; México desplegó una importante misión integrada por 250 militares, cinco perros de rescate, cuatro aeronaves, un dron y suministros médicos para asistir a la población afectada Argentina también participa activamente a través del Ministerio de Defensa, que envió equipos integrados por binomios y trinomios caninos —perro, guía y auxiliar—, además de veterinarios, médicos, especialistas en estructuras colapsadas y operadores de drones.

Bart, el perro argentino que salvó a dos niños

Uno de los nombres que más repercusión tuvo durante los operativos es el de Bart, un pastor belga malinois perteneciente a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas Argentinas. Guiado por el agente civil Cristian Giroti, Bart logró localizar a dos menores que permanecían atrapados bajo los escombros. Según informó el Ministerio de Defensa, el perro ingresó por un estrecho túnel abierto entre los restos del edificio y marcó la presencia de sobrevivientes, permitiendo orientar con precisión las tareas de excavación y concretar el rescate.

Estados Unidos y Europa también enviaron equipos caninos

Estados Unidos desplegó varias unidades USAR (Búsqueda y Rescate Urbano) con perros especialmente entrenados para localizar personas con vida. Desde Virginia llegaron seis canes acompañados por 79 especialistas, mientras que California envió otro equipo integrado por Jet, Greta, Dee, Joey, Matti y Roma. Florida aportó otros seis perros junto a 80 rescatistas.

Estos animales ya cuentan con experiencia en grandes catástrofes alrededor del mundo. Uno de los perros del equipo de Virginia, por ejemplo, participó recientemente en el rescate de una madre y su bebé de nueve meses que permanecían atrapados bajo un edificio derrumbado.

Europa también sumó recursos. España envió dos unidades especializadas con perros de búsqueda pertenecientes a la Comunidad de Madrid y a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Suiza movilizó un equipo de 80 rescatistas con perros especializados, mientras que Países Bajos colaboró con 64 especialistas y cuatro canes.

Tsunami, de perro abandonado a símbolo del rescate

Otra de las historias que conmovió durante la tragedia es la de Tsunami, un border collie que pasó de ser un perro abandonado a convertirse en uno de los rescatistas más efectivos del continente. Junto a su guía, Tsunami ya había participado en las tareas de búsqueda tras los terremotos de Turquía en 2023 y en los deslaves ocurridos en Las Tejerías y El Castaño.

A lo largo de su carrera colaboró en la localización de más de 350 personas. Solo durante los operativos desarrollados en Venezuela logró encontrar con vida a 13 sobrevivientes atrapados bajo los edificios colapsados.

Grandes aliados y verdaderos héroes

Los llamados binomios caninos —integrados por el perro y su guía— reciben años de entrenamiento para actuar en condiciones extremas. Aprenden a desplazarse entre estructuras inestables, soportar ruido, polvo, oscuridad y situaciones de alto riesgo sin perder la concentración.

Su capacidad para detectar el olor humano entre toneladas de escombros los convierte en una herramienta irremplazable durante las primeras horas posteriores a un desastre.

No solo poseen un olfato extraordinario. También están entrenados para señalar con precisión el lugar donde detectan a una víctima sin alterar el terreno, permitiendo que los equipos de rescate trabajen con mayor rapidez y seguridad.

En medio de una de las mayores tragedias que enfrenta Venezuela, estos perros volvieron a demostrar por qué son considerados verdaderos héroes de cuatro patas: mientras el tiempo corre en contra, su trabajo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El presidente comunal de Álvarez, Joel De Genaro, cargó contra una supuesta fiscal que no existe tras la liberación de un conocido ratero del pueblo. Una vez en libertad, el sospechoso se despachó con graves denuncias sobre presuntos ofrecimientos para participar en actividades ilícitas y la oposición pidió que el MPA investigue.

El Gobierno de Pullaro colocó medidores de velocidad en rutas nacionales sin autorización de Nación. “Todas las multas quedan inválidas”, advirtieron desde el organismo nacional.

Un relevamiento interno de organismos nacionales encendió las alarmas sobre el sistema de control de velocidad en rutas y autopistas de la provincia Santa Fe. El informe arrojó que más de un centenar de radares instalados en rutas nacionales dentro del territorio provincial no contarían con la autorización correspondiente de Nación, pese a que fueron utilizados para labrar multas a conductores.

La situación compromete a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del gobierno de Maximiliano Pullaro, que habría avanzado con la instalación de cinemómetros, o medidores de velocidad, en corredores bajo jurisdicción nacional sin completar el procedimiento administrativo obligatorio ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial y sin intervención técnica de Vialidad Nacional.

La documentación a la que accedió este medio enumera radares fijos ubicados en distintos puntos estratégicos de la provincia. Entre estos aparecen equipos en arterias clave como la avenida Circunvalación de Rosario (A008); en la Circunvalación de Santa Fe (A007); y en la zona de Reconquista (A009).

El caso no es menor. Si los radares no fueron autorizados por Nación, las infracciones emitidas a partir de esos dispositivos podrían quedar bajo cuestionamiento administrativo y judicial. En otras palabras, miles de conductores podrían haber pagado multas originadas en equipos que, según Vialidad Nacional, no estaban habilitados para funcionar en rutas nacionales. Esto invalida esas multas.

En contacto con la prensa, el jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad NacionalGastón Bruno, confirmó la existencia del conflicto y apuntó directamente contra la APSV.

“Acá hay más de 100 radares en ruta nacional que no están autorizados. La principal responsable es la Agencia Provincial de Seguridad Vial”, sostuvo. El funcionario aclaró que el debate no pasa por la homologación técnica del aparato, sino por la autorización para instalarlo en una ruta nacional. Según explicó, un radar puede estar homologado como instrumento de medición, pero eso no significa que tenga permiso para ser colocado dentro de una zona de camino nacional.

“La homologación de un instrumento de medición, como es el radar o cinemómetro, es una cosa. Que el INTI te diga que ese aparato sirve para medir la velocidad no tiene nada que ver con la autorización”, explicó.

La diferencia es central. En las rutas nacionales, todo el espacio que va “de alambrado a alambrado” forma parte de la llamada zona de camino, bajo jurisdicción del Estado nacional. Cualquier estructura que se instale allí —desde carteles hasta pórticos, columnas o cinemómetros— debe ser informada, evaluada y autorizada.

“Cualquier obstáculo que vos coloques dentro de la zona de camino no deja de ser un riesgo latente para cualquier automovilista. La Agencia Nacional debería saber si donde lo colocan no genera un riesgo vial”, señaló.

Desde Vialidad Nacional sostienen que ese procedimiento no se cumplió. La APSV, según el jefe de la dependencia, instaló o permitió instalar dispositivos sin que Nación los tuviera inventariados ni hubiera intervenido en la evaluación técnica del lugar. “Te están colocando algo que nosotros no tenemos registrado”, alertó.

El esquema que describe Bruno tiene varios pasos: la Provincia, a través de la APSV, contrata una empresa que provee e instala los equipos; luego delega la emisión de infracciones en municipios o comunas; y las multas llegan al conductor con membretes locales, aunque dentro de un sistema articulado por la Agencia Provincial.

“La Provincia, por intermedio de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, tiene contratada una empresa que provee e instala los equipos, y después delega en los municipios”, indicó.

Uno de los puntos más sensibles es la Circunvalación de Rosario, uno de los corredores de mayor tránsito del país. Allí fueron detectados varios radares sobre la traza identificada como A008, especialmente en zonas de fuerte circulación como entre las bajadas de Ovidio Lagos y UriburuPor la autopista urbana rosarina circulan en promedio por día más de 60.000 vehículos.

Según el jefe del distrito santafesino, si no se cumplieron los pasos de autorización ante Nación, las actas emitidas por esos dispositivos pierden sustento. “No cumplidos esos pasos, y dicho por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, todas las multas que se efectúen quedan inválidas”, remarcó.

A su vez, relató un caso personal que expone la mecánica del sistema. Dijo haber recibido una multa en la vieja Ruta 9, en jurisdicción de Carcarañá, pese a tratarse de una ruta nacional donde el radar no contaba con autorización. “Me hicieron una multa en la vieja Ruta 9, en Carcarañá. El acta fue realizada por la Municipalidad de Carcarañá, pero arriba decía APSV. Envié una nota a la Agencia Provincia consultando cómo me estaban haciendo una multa en una ruta nacional donde el radar no está autorizado”, relató.

Según Bruno, junto con ese reclamo acompañó una carta documento enviada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la Municipalidad de Carcarañá para intimar por el uso del cinemómetro. “Hace más de dos meses que envié la nota y no me respondieron”, aseguró.

El conflicto ya escaló dentro de la estructura nacional. Bruno confirmó que la Agencia Nacional de Seguridad Vial comenzó a enviar intimaciones a distintas comunas y municipios para que retiren los dispositivos instalados sin autorización. Sin embargo, Vialidad Nacional todavía no avanzó con el retiro físico de los equipos porque la definición podría terminar en la Justicia.

“La Agencia Nacional ya empezó a librar intimaciones para que los retiren a distintas comunas. El distrito los iba a empezar a sacar, pero desde Buenos Aires nos indicaron que por ahora no lo hagamos porque aún no saben si iban a avanzar por vía judicial u otra vía”, explicó.

Para Nación, el problema no es solo económico. También hay un riesgo vial y jurídico. Si un automovilista sufre un accidente contra una columna o estructura no autorizada dentro de una ruta nacional, el Estado nacional podría quedar involucrado por un elemento que nunca fue informado ni aprobado. “Si se mata una persona en una ruta y choca contra la columna que soporta el radar, ¿que pasa? Nosotros no lo teníamos inventariado, nadie nos lo comunicó. Ahí habría graves problemas”, advirtió.

El caso abre una discusión de fondo sobre el uso de la seguridad vial como mecanismo de recaudación. La Provincia sostiene desde hace años un esquema de controles, convenios con municipios y emisión de multas en distintos corredores. Pero el planteo de Nación pone en duda la legalidad de una parte de ese sistema cuando se aplica sobre rutas nacionales.

“Cuando uno analiza la recaudación, primero está el perjuicio que le generas al usuario, cobrándole algo que no debería cobrarse. Y después está lo que recaudan de manera ilegal”, sostuvo Bruno.

La investigación deja planteadas varias preguntas: cuántas multas se emitieron con radares sin autorización, cuánto dinero recaudaron la Provincia y los municipios, qué empresa instaló los equipos, qué funcionario autorizó su colocación y qué pasará con los conductores que ya pagaron infracciones posiblemente inválidas.

El hecho ocurrió este lunes 29 de junio, generando una rápida movilización de los servicios de emergencia en la planta industrial ubicada en Pueblo Andino. Según las primeras informaciones, el trabajador sufrió un accidente mientras desarrollaba sus labores cotidianas, lo que obligó a una intervención inmediata del personal médico.

Ante la naturaleza de las lesiones, se decidió su traslado urgente hacia Rosario para recibir atención especializada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre la mecánica exacta del accidente ni el estado de salud actual del empleado, por lo que se aguarda el parte médico oficial para determinar el grado de compromiso de su cuadro clínico.

El incidente ha generado preocupación en el sector industrial de la región, que nuevamente pone el foco en los protocolos de seguridad laboral en las plantas de la zona.

 

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