“Lapidario” informe del Observatorio, la Defensoría y Unicef

El tercer informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia alertó sobre la problemática que atraviesan los centros residenciales que alojan niños, niñas y adolescentes en la provincia. El trabajo fue realizado en el período 2016-2017 por la Defensoría a cargo de Analía Colombo, y contó con la colaboración de Unicef. El texto, de setenta páginas, fue remitido -como es habitual- a los cincuenta diputados provinciales. Uno de ellos, Alejandro Boscarol, comentó algunos de los resultados y adelantó a El Litoral que este martes, en la reunión con la funcionaria que se había estipulado por otras razones, intentarán abordar el tema.

“Lapidario” informe del Observatorio, la Defensoría y Unicef

20-02-2018 12:59 hs.

El informe releva las 41 Instituciones de Acogimiento que posee la provincia de Santa Fe -el 32% estatales y el 48% conveniadas con organizaciones sociales-, y en las que se encuentran alojados 503 niños de diferentes edades -entre 0 a 18 años. Para la confección del trabajo se utilizaron técnicas cuantitativas y cualitativas, mediante encuestas y entrevistas.


Conclusiones relevantes


Uno de los resultados que se destacan es que el 39% del total de las instituciones relevadas se encontraban en condiciones de sobreocupación, mientras que el 44% presentaban condiciones de hacinamiento. El informe precisa que en el Nodo Reconquista “todas las instituciones se encontraban en condiciones de hacinamiento”, en tanto que en el Nodo Santa Fe “más de la mitad presentaban condiciones de sobreocupación y hacinamiento”.


Respecto de las condiciones edilicias, el 47% se encontraba en estado “regular o malo”; se detectaron “goteras, humedad, instalaciones averiadas, falta de luz natural”, entre otras falencias. El 44% de los centros carecía de ventiladores.


En cuanto a la disposición de los espacios, “el 66% no contaba con uno para entrevistas o encuentros privados”. El 44% no poseía un Salón de Usos Múltiples, y el 90% no tenía ningún tipo de adecuaciones para personas con discapacidad.


Acerca del acceso a derechos, como la salud, el 56% de las instituciones apuntó tener “dificultades para conseguir turnos médicos”, en tanto que “el 59% expresó dificultades para obtener medicamentos”. El 85% de los centros, en tanto, dijo tener problemas para acceder a “tratamientos de salud mental, a especialidades médicas y odontológicas”.


Más preocupación


Uno de los ítems evaluados fue la articulación de las instituciones de acogimiento con los equipos de la Subsecretaría de Niñez. El 90% de los centros calificaron a esas articulaciones como “regulares o malas”. Y el 88% sostuvo que “en pocos casos” los niños allí alojados mantienen contacto o comunicación con dichos equipos.


Boscarol consideró ese dato como alarmante. “Ni las instituciones ni los chicos tienen contacto prácticamente con la Subsecretaría de Niñez. Es más -advirtió-, no hay ningún sistema territorializado de seguimiento con registro nominal de cada chico; no hay un sistema informatizado para saber qué pasa con cada uno de esos 503 niños”. Precisamente, a la hora de evaluar los equipos de trabajo, se detectó que “el 88% estaban incompletos”; el 32% dijo no contar con presencia regular de personal de acompañamiento personalizado de la Subsecretaría de Niñez. Asimismo, el 56% consideró que la cantidad de acompañantes convivenciales era insuficiente; y el 85% advirtió sobre la necesidad de incorporar otras disciplinas a sus equipos de trabajo.


El 60% de los trabajadores de los centros, en tanto, se encontraba “con contratos informales o sin contrato”. Boscarol deslizó que mientras buena parte del personal de Niñez se concentra en tareas administrativas, se ha abandonado el trabajo de campo y de acompañamiento en las instituciones.
Plazos vencidos


Finalmente, el informe evaluó el estado de las medidas de protección excepcional y el tiempo de permanencia de las niñas, niños y adolescentes en los centros. El 71% de las instituciones afirmó que alojaban niños y niñas con medidas de protección excepcional “vencidas”. Se concluyó en que “el promedio de permanencia en una misma institución superaba el año y medio”. El propio estudio advirtió que “esa realidad lleva a la cronificación de las situaciones, la prolongación de plazos y la permanencia en las instituciones de acogimiento, significando una nueva vulneración de los derechos de las niñas, niños y adelescentes”.


“La ley habla de un plazo máximo de seis meses (para permanecer en una institución); esto (el promedio registrado en la mayoría de centros) supera tres veces lo que dice la ley. Son niños dando vueltas en las instituciones y su situación no se resuelve. Es una situación extremadamente preocupante”, concluyó Boscarol.


Textual

“El presente estudio ha permitido demostrar que la integralidad y la articulación entre actores siguen estando pendientes. Se ha evidenciado la falta de comunicación y encuentro entre los equipos de la Subsecretaría de Niñez y las instituciones de acogimiento por desconocimiento de información pertinente para acompañar las situaciones de las chicas y chicos, y de los tiempos legales de las medidas”. La cita corresponde a la página 56 del informe remitido a la Cámara de Diputados.

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