Sergio Gigliotti y Cristina Morla dejarán en la Casa Gris una nota con más de 100 mil firmas de apoyo a su pedido

El matrimonio de la capital provincial que reclama en adopción a un niño de 3 años que tuvo a su cargo como familia sustituta y en enero fue obligado a restituir al Estado santafesino, llegará hoy con su reclamo hasta la Casa Gris.

Sergio Gigliotti y Cristina Morla dejarán en la Casa Gris una nota con más de 100 mil firmas de apoyo a su pedido

20-02-2018 07:36 hs.

Sergio Gigliotti y Cristina Morla, quienes tuvieron a su cargo en el marco del programa provincial de Familias Solidarias al pequeño Kiki, dejarán en mesa de entradas de la Gobernación una nota con más de 100 mil firmas en apoyo a su reclamo para que les sea restituido el menor, que tuvieron en guarda en su hogar durante dos años y ahora se encuentra junto a otro hermanito y bajo el cuidado de otra familia en la ciudad de San Carlos, vecina a la ciudad de Santa Fe.

"Mientras seguimos esperando que se nos reciba, mañana (por hoy) vamos a dejar en mesa de entradas de la Gobernación un escrito que ya tiene más de 100 mil firmas", consignó anoche Gigliotti a La Capital. En tanto, una fuente de la Casa Gris consignó que no estaba previsto hasta ayer que el matrimonio sea recibido por algún funcionario del Ejecutivo provincial.

Como informó este diario, pese a que no podían tenerlo más de seis meses, el Estado "se dejó olvidado" a Kiki en el hogar del matrimonio Gigliotti Morla casi dos años, según sostienen.

Mientras fuentes oficiales recalcan que la familia sustituta había firmado al momento de recibir la criatura un compromiso aceptando que no podría aspirar a una adopción, lo cierto es que Gigliotti y Morla, luego de criarlo como un hijo propio, se vieron obligados en enero a restituirlo a la Subsecretaría de Derechos del Niños, Niñas y Adolescentes, que lo habían depositado en guarda en su hogar dos años atrás.

Gigliotti es periodista de LT10 Radio Universidad, circunstancia que amplificó mediáticamente el caso, que fue receptado además por la ciudadanía santafesina como una causa colectiva, según lo reflejan a diario las publicaciones en las redes sociales, lo cual derivó en el petitorio colectivo que ya lleva cosechadas más de 100 mil firmas.

La voz oficial

Sin embargo, la posición de las autoridades de la Subsecretaria de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes se contrapone abiertamente con la del matrimonio santafesino, ya que oficialmente se sostiene que los plazos de la guarda "no son tiempos administrativos, hay una parte que nos corresponde al Estado y otra es responsabilidad del Poder Judicial". Y que las dilaciones en el caso de Kiki obedecieron a que no se podía localizar a la madre biológica para informarle sobre el estado de adoptabilidad del menor.

Además, se argumenta oficialmente, "en este tiempo nació otro hermanito del nene, que hoy es un bebé de ocho meses, les ofrecimos llevarlo con ellos, pero Cristina no aceptó, no quería un bebé, que fue a otra familia que está en San Carlos. Nosotros tenemos que vincular a los dos hermanos, porque queremos que el juez declare el estado de adoptabilidad de ambos y los dos vayan con la misma familia", se explicó oficialmente.

La cuestión también tendrá hoy su correlato en el plano parlamentario. Sucede que la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la provincia citó a la Defensora General de Niños, Niñas y Adolescentes, Analía Colombo, para que brinde explicaciones a los legisladores sobre el sonado caso.

Según consignaron fuentes parlamentarias a este diario, el objetivo de la convocatoria a la funcionaria también está orientado a "conocer cómo se ha procedido desde los distintos organismos en este caso en particular y evaluar el funcionamiento del sistema de protección de derechos de niñas y niños en general". La reunión extraordinaria se desarrollará desde las 11 en las oficinas anexas del Palacio Legislativo, ubicadas sobre calle 1 de Mayo de la ciudad capital.

La citación a Colombo a la Legislatura coincide con la difusión de un informe del Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que reveló malas condiciones edilicias, hacinamiento y falta de personal en los centros de alojamiento de la provincia.

El Estado les dejó al niño a su guarda cerca de dos años, cuando no debería haber estado más

de seis meses.

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