Polemica o Impunidad

La Legislatura sancionó finalmente la ley 13.695, con la que se adjudica la postestad disciplinaria de fiscales y defensores de grado. La promulgación fue automática, por lo que solo falta que se publique en el Boletín Oficial.

Polemica o Impunidad

06-01-2018 07:10 hs.

Desde Santa Fe.

Ya es ley el proyecto sancionado por unanimidad por el Senado y la Cámara de Diputados el 30 de noviembre que asignó a la Legislatura el control externo de fiscales y defensores de grado, una potestad que ya tenía con los jefes del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Provincial de la Defensa Penal. Es la número 13.695. El gobernador Miguel Lifschitz dejó transcurrir el plazo de diez días hábiles para que se convierta en ley, que se cumplió el 29 de diciembre a la medianoche. Así que ahora, el ministro de Gobierno Pablo Farías deberá certificar la promulgación automática, posiblemente la semana que viene se publique en el Boletín Oficial y entrará en vigencia al noveno día hábil de su publicación.

La norma amplía la autoridad disciplinaria de la Legislatura que se limitaba a los jefes del MPA y de la Defensa, para incluir a fiscales y defensores de primera instancia, con las mismas causales y las mismas garantías que sus superiores. Y el artículo 4º ordena que desde el mismo día que la ley esté vigente, se aplicará a "los procesos disciplinarios en trámite y situaciones jurídicas existentes". Lo que significa que causas resonantes que hoy están a cargo de la auditora general del MPA María Cecilia Vranicich deberían pasar a la Legislatura, entre ellas la "investigación disciplinaria" a los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí pordenuncias del fiscal regional Carlos Arietti, del ministro de Seguridad de la provincia Maximiliano Pullaro y del intendente de Santa Fe José Corral.

La defensa técnica de Apullán y Martí -patrocinada por el penalista Néstor Oroño‑ ya recusó a Vranicich porque compartió el equipo de Lifschitz con Pullaro. En el gobierno de Hermes Binner, la funcionaria se hizo cargo del Patronato de Liberados. En la gestión de Antonio Bonfatti asumió como secretaria de Transformación de los Sistemas Judiciales y luego presidió el Consejo de la Magistratura de la provincia. Y en la etapa de Lifschitz, pasó por la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.

Apullán y Martí recusaron a Vranicich porque "desempeñó cargos políticos" en los gobiernos del Frente Progresista y "en esta investigación hay funcionarios políticos que aparecen como denunciantes y con interés en la causa: el caso concreto es el ministro de Seguridad", dijo una fuente consultada por Rosario/12. "Por eso, sin poner en duda las calidades personales ni la idoneidad técnica de Vranicich, su pertenencia política es indiscutida y en razón de esta situación se la recusó".

La auditora del MPA rechazó el planteo de los fiscales Apullán y Martí, que no insistieron porque "la cuestión se va tornar abstracta". El Senado y la Cámara de Diputados han sancionado la ley 13.695 que "le quita al Ministerio Público de la Acusación la potestad sancionatoria respecto de los fiscales y se la otorga a la Legislatura". Por eso, "cuando se reanude el período judicial y legislativo", la investigación que instruye Vranicich debería "pasar a la Legislatura", agregó la fuente.

-‑ ¿Vranicich ya no tendrá competencia para investigar a los fiscales? -se le preguntó.

-- La ley dice que será de inmediata aplicación, aún para las causas en trámite. Con lo cual, la auditora general sería incompetente para seguir entendiendo en estas causas administrativas o sancionatorias contra los fiscales ‑respondió.

Ya a mediados de diciembre, apenas la Legislatura comunicó a la Casa Gris la sanción de la ley 13.695, Lifschitz dijo que no tenía margen político para vetarla. "El proyecto contó con un apoyo no sólo unánime sino convencido de todo el arco político" representado en las Cámaras, recordó el gobernador en un diálogo con El Litoral. Y ese "respaldo político no se puede discutir".

El argumento de los legisladores del oficialismo y el arco opositor que votaron la norma es simple: si el mecanismo de control de la Legislatura es bueno para los jefes del MPA y de la Defensa Pública, ¿por qué no lo será para los fiscales y defensores de grado, si aplicará por las mismas causales y con las mismas garantías hoy tienen sus superiores?
R12

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