Un abogado rosarino denunció a los miembros de la Corte

Por considerarla ‘improcedente e infundada’, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aconsejó el rechazo in limine y el pase al archivo de la denuncia presentada por el abogado rosarino Hugo Alberto Scarzi contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y el fiscal de Estado.

Un abogado rosarino denunció a los miembros de la Corte

24-10-2017 07:14 hs.

En cambio, la Comisión de Juicio Político volverá a reunirse mañana para considerar una nota presentada por funcionarios y ex funcionarios de la Procuración General de la Corte que denuncian al titular, Jorge Barraguirre.

El socialista Eduardo Di Pollina preside la Comisión de Juicio Político a la que convocó para analizar ambos expedientes surgidos a partir de sendas notas ingresadas a la Cámara. Tras un intercambio de opiniones “llegándose a un consenso que, no obstante de encuadrarse constitucionalmente su tratamiento y sus argumentos, se estima no procedente la misma por lo se aconseja su rechazo in límine y se disponga el archivo de las presentes actuaciones, emitiéndose el dictamen correspondiente para su aprobación”, reza el acta y dictamen de la Comisión que llegará al recinto antes de fin de mes. Además de Di Pollina la firman Silvia Simoncini (PJ), Joaquín Blanco (PS), Roy López Molina (Cambiemos), Santiago Mascheroni (UCR), Jorge Henn (UCR), Verónica Benas (Pares) y Cesira Arcando (Cambiemos).

La denuncia de Scarzi implicaba a los seis ministros de la Corte y al Procurador por presunto “mal desempeño de sus funciones”, alegando en sustento de ello la posible violación de artículos de la Constitución en un trámite judicial que lo tuvo como impulsor.

El dictamen elaborado por la Comisión empieza por reafirmar la competencia que tiene el cuerpo para considerar la nota y se remonta al origen histórico del instituto del juicio político contemplado tanto en la Constitución provincial como nacional. “Es así que en el régimen constitucional argentino el propósito del juicio político no es el castigo del funcionario, sino la protección de los intereses públicos contra el peligro u ofensa por el abuso del poder oficial, descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo. De tal manera que se lo denomina juicio ‘político‘ porque no es un juicio penal sino de responsabilidad” explica el dictamen.

Luego destaca la cautela que debe guardar el Poder Legislativo para la remoción de un funcionario y advierte sobre la posibilidad que la intromisión en el quehacer del Poder Judicial produce el efecto contrario al perseguido por la Carta Magna y podría violar en principio de la división de los poderes del Estado.

Duros términos

Más adelante el dictamen fundamenta que la causal invocada en la petición, debe rechazarse “por improcedente e infundada”. Agrega que “entender que la falta de adopción de una decisión por parte de los acusados ante las denuncias administrativas impetradas por el solicitante configura la violación del llamado principio del plazo razonable y que ello de por sí constituye mal desempeño de las funciones, resulta una afirmación dogmática, carente de fundamento jurídico y de todo sustento probatorio idóneo que permita colegir la procedencia de la acusación”.

Es más, asegura que la presentación de Scarzi y la documental que define como ‘harto escasa e incompleta teniendo en consideración la gravedad institucional de la acusación que realiza’, “se vinculan con causas penales o investigaciones administrativas, las que a la luz de tales elementos documentales se infiere que aún al día de hoy se hallarían en trámite y que, por otro lado, va de suyo que deben ser abordadas, tramitadas y resueltas por los órganos jurisdiccionales competentes en tal materia”.

Los diputados afirman que “no se advierte incumplimiento de plazos legales ni retardo injustificado por parte de los acusados que permita habilitar con la prudencia que debe imperar en estos casos el mecanismo constitucional del juicio político”. Y remata afirmando que “la remoción de un magistrado por mal desempeño de sus funciones, sólo debe proceder cuando están debidamente acreditados graves actos de inconducta o que afecten seriamente el debido ejercicio de la función”.
 

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