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Gustavo Marconatto imputado en la causa de perjuicio a las Arcas Públicas

El juez federal Claudio Bonadio ordenó este viernes (19/05) allanamientos en oficinas del Gobierno, en el marco de una causa que investiga operaciones financieras realizadas con los activos de la Anses. La causa se inició por las denuncias de dos diputados de la oposición que aseguraron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) vendió acciones generando un grave perjuicio a las arcas públicas.

Gustavo Marconatto imputado en la causa de perjuicio a las Arcas Públicas

21-05-2017 07:40 hs.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó este viernes (19/05) allanamientos en oficinas del Gobierno, en el marco de una causa que investiga operaciones financieras realizadas con los activos de la Anses. La causa se inició por las denuncias de dos diputados de la oposición que aseguraron que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) vendió acciones generando un grave perjuicio a las arcas públicas.

Según informó Infobae, Bonadio ordenó hoy allanamientos en el Ministerio de Finanzas, la Anses, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las oficinas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, en Tucumán al 500. También en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última vendida recientemente por Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri.

Cabe recordar que días atrás el fiscal Jorge Di Lello imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, al secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, Pedro Lacoste; a Gustavo Marconato, secretario de Hacienda; a Emilio Basavilbaso, director ejecutivo de ANSES, y a Luis María Blaquier, quien fuera director del FGS.La causa se inició por dos denuncias, una de la diputada de Libres del Sur, Victoria Donda, y otra del diputado del FPV Rodolfo Tahilade, que denunciaron que algunas operaciones de venta de acciones del FGS habrían generado un perjuicio al Estado.

En el expediente se investiga si se cometió los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública en dos operaciones con acciones y bonos que realizó el FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que se nutre de dinero del sistema previsional.

En su escrito, Donda denunció la venta de las acciones de Petrobras Argentina (PESA) a Pampa Energía (de Marcelo Mindlin) en noviembre del año pasado. La operación se concretó luego de que Pampa Energía le comprara a Petrobras Internacional el paquete mayoritario (67%) de Petrobras Argentina (PESA), en mayo de 2016. Eso condujo al grupo de Mindlin a lanzar una Oferta Pública Obligatoria de Adquisición (OPA) para ofrecerle a los accionistas minoritarios la compra o el canje del resto de las acciones. El FGS de la Anses tenía el 11,85% de participación en PESA y accedió a vender su parte, a un valor de $10,37 por acción. Recibió en total $ 2.482.140.001.

Para Donda se trató de una operación “sin respetar los principios de rentabilidad, seguridad y transparencia” que impone la ley. Consideró que se sacrificaron “no sólo los activos del FGS sino también importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones”.

Entre otros argumentos, Donda esgrimió que actualmente, y tras la fusión por absorción con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina están en un valor que ronda los $18, con una tendencia alcista muy pronunciada en pocos meses. “Los destinatarios del beneficio fueron empresarios que mantienen relaciones extremadamente cercanas al actual gobierno nacional”, manifestó la diputada.

Por su parte, Tahilade denunció otra operación: señaló que en octubre del 2016, el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos. En la misma acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. Según el denunciante, la medida habría generado una pérdida de US$75 millones al Estado.

Según consta en la imputación que hizo el fiscal, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.

Donda y Tahilade, en tanto, pidieron investigar la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor, una empresa controlada por Braskem (subsidiaria de Odebrecht). El escrito indica que los papeles se vendieron a $3,42, un valor presuntamente inferior al precio de mercado vigente.

La unidad fiscal especializada en delitos contra la seguridad social (Ufises), también elevó un escrito donde consideró que la venta de las acciones de Indupa generó un perjuicio de US$ 1.168.502.

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