Diez años atrás te contamos de Scarpello y ahora te decimos ¿Arturo Trini?

Wilfredo Scarpello y un profesional de su estudio están acusados de colocar testaferros para comprar un campo con fondos del tráfico de efedrina.

Diez años atrás te contamos de Scarpello y ahora te decimos ¿Arturo Trini?

21-04-2017 05:00 hs.

El l titular de un importante estudio jurídico de Rosario fue procesado por intentar lavar dinero procedente del contrabando de estupefacientes por el que fue condenado el denominado "Rey de la efedrina", Mario Roberto Segovia. La acusación alcanza al abogado que maneja ese despacho, a dos contadores que trabajaban allí al momento del ilícito presunto y a un primo de Segovia. La imputación consiste en haber orquestado una operación para colocar a dos personas como testaferros de Segovia con la finalidad de comprar un campo usando el dinero que provenía de las actividades ilícitas del hombre que vivía en una mansión de Fisherton y tenía excéntricos gustos.

El principal implicado en el intento de blanquear activos de origen clandestino, tal como figura en la resolución judicial, es Wilfredo Germán Scarpello, un abogado tributarista de conocida trayectoria en los Tribunales locales. Su estudio jurídico en el tercer piso del Victoria Mall, en San Martín y Córdoba, fue allanado por la Brigada de Drogas Ilícitas de Zárate-Campana en noviembre de 2008, cinco días después de que la casa de Segovia en Fisherton fuera requisada por la misma fuerza, en un operativo en el cual se incautaron costosos vehículos importados, dinero en efectivo, lingotes de oro y valiosos relojes.

Segovia fue condenado por el Tribunal Federal de San Martín a 14 años de prisión por 91 hechos de contrabando de efedrina a México y por integrar una organización que elaboraba metanfetaminas en una quinta de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

El delito que se le atribuye a Scarpello, en tanto, surge de un legajo colateral a esa investigación que se abrió a raíz de aquel allanamiento a su estudio jurídico. Según el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, se basa en el intento de administrar los fondos que obtuvo Segovia con esas actividades ilícitas.

Tributarista de nombre

Wilfredo Scarpello es conocido por haber asesorado a Rosario Central y participado en la compraventa de futbolistas junto al ex secretario del club auriazul Gonzalo Estévez (h). Es dueño de la más importante vivienda en el barrio cerrado Kentucky de Funes y ofició como apoderado de más de un centenar de empresas rosarinas.

Tanto a él como a un contador que trabajaba en su estudio jurídico, Roberto Guerini, el juez federal les atribuye haber realizado gestiones para que dos personas aparecieran como testaferros de un campo que iba a ser adquirido por Segovia a fin de justificar el monto de 310.000 pesos de la inversión, que para esa época era algo menos de 100 mil dólares.

A los dos el magistrado les atribuyó el delito de tentativa de lavado de activos. A otras dos personas a las que consideró prestanombres el magistrado las procesó como partícipes necesarias de ese mismo ilícito. Estos son una contadora que trabajaba en el estudio jurídico, Delia Ulecia, y a Sebastián Segovia, que es primo del condenado por tráfico de efedrina.

Cuando les fueron imputados los hechos todos los acusados negaron haber cometido delito alguno. Scarpello dijo que Mario Segovia era un cliente menor del estudio y que nunca sospechó que se dedicara a actividades ilegales. Adujo que jamás realizó gestiones tendientes a comprar un campo y que cuando Segovia se presentó le delegó la operación a dos abogadas de su estudio, a las que nombró, por lo que él no había tenido responsabilidad. Sostuvo que la fiscalización con la Afip se la derivó al contador Roberto Guerini. También planteó que era apoderado de 200 empresas de Rosario y que en 23 años de profesión no había tenido el menor inconveniente.

El juez citó largos pasajes de escuchas telefónicas que a su criterio desnudan que Scarpello comandó gestiones técnicas "para disimular los bienes obtenidos como consecuencia de la actividad de narcotráfico desplegada por Mario Roberto Segovia para hacerlos aparecer como de origen lícito y pertenecientes a Delia Ulecia y Sebastián Martín Segovia". Los términos utilizados en los audios de las escuchas, dice el juez González Charvay, referidos a "blanquear" y al uso de "testaferros" y "contradocumentos", claramente exponen las verdaderas intenciones de los investigados.

También afirma que no resulta lógico ni creíble que Scarpello no supiera los negocios que se realizaban en su estudio. Más bien las conversaciones destacan que "en las maniobras investigadas" tenía un rol preponderante. Que cuando Guerin, en un diálogo telefónico, refiere "que estuvo hablando con Scarpello respecto a lo que le podrían ofrecer a Delia Ulecia para figurar como testaferro de Segovia" no tenía ningún motivo para mentir.

"Aparece como lo más coherente a las conversaciones que Wilfredo Scarpello, verdaderamente y contrario a sus manifestaciones, junto con Guerini, se encargaban de realizar las acciones tendientes a dar a los bienes obtenidos por Mario Roberto Segovia apariencia sólida", indicó el magistrado.


Coautores

El abogado Scarpello y el contador Guerini terminaron procesados como coautores de tentativa de lavado de dinero del narcotráfico al realizar gestiones para utilizar testaferros para ocultar de los organismos de control el dinero de la actividad ilícita. Para ello, indica el juez, dos personas fueron seleccionadas como prestanombres. Uno por ser familiar directo de Segovia ("verdadero dueño del dinero") y la otra por ser allegada a Scarpello y Guerini y por sus buenos antecedenes fiscales, lo que "constituía un elemento vital para la concreción de la maniobra".

La contadora Ulecia sostuvo que le hicieron la propuesta de comprar un campo pero que jamás le dieron los datos que requirió para analizar si participar, por lo que no lo hizo. También indicó que el estudio contaba con todos sus datos y que éstos fueron utilizados a sus espaldas. Sebastián Segovia dijo que su primo jamás le dijo algo sobre ser prestanombre, que había estado dos años detenido con acusaciones infundadas y que el único bien que tuvo a su nombre era un Renault Clio modelo 2006.

El juez considero mendaces y faltos de sustento los descargos de Sebastián Segovia y Ulecia en el sentido de que ignoraban que serían usados como testaferros. Indica que eso carece de lógica, más aún cuando de las conversaciones interceptadas queda en evidencia "el dinero que se les ofrecería como contraprestación y el hecho de que si bien comenzarían con 310 mil pesos posteriormente recibirían más dinero con lo cual la relación continuaría en el tiempo".

González Chervay dictó los procesamientos contra los cuatro acusados y les trabó un embargo de 200 mil pesos a cada uno.

La Capital

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