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Diputados FJPV denunciaron millonario perjuicio por concesión AU Rosario-Santa Fe ver imágenes

Conocidas las aclaraciones hechas por el gobierno provincial sobre la rescisión de la concesión de la autopista Santa Fe - Rosario como consecuencia de las denuncias efectuadas por el Bloque Frente Justicialista para la Victoria, ratifican todos los términos de la misma, y particularmente el millonario perjuicio perpetrado en contra del estado santafesino como consecuencia de una solución jurídica arbitraria, infundada e ilegal materializada a través de una rescisión mutua del contrato celebrada por el Ministro de Infraestructura José Garibay y ratificada por decreto N° 5194/16 del Gobernador Miguel Lifschift.

Diputados FJPV denunciaron millonario perjuicio por concesión AU Rosario-Santa Fe ver imágenes

20-04-2017 15:21 hs.

Del comunicado hecho publico por la Administración Provincial resulta: . Que queda acreditada la falta de participación en las actuaciones de organismos técnicos y de control con competencia en la materia tales como la Dirección Pcial de Vialidad, la Sindicatura General de la Pcia y el Tribunal de Cuentas, que si bien no resulta obligatoria su intervención en la actuación iniciada a efectos de la rescición, en el marco de una sana y transparente administración y en atencion a sus competencias, atribuciones y/o participación en el proceso de la concesión, hubiera resultado conveniente su consulta a efectos de evaluar el estado de obligaciones de la concesión, como asimismo en las alternativas posibles de rescisión y de las modalidades para el mantenimiento y explotación de la autopista en el futuro. · Asimismo que queda acreditada la falta de participación en las actuaciones de organismos de asesoramiento jurídico de obligatoria participación conforme a las funciones y competencias previstas en el régimen vigente, como lo son la Dirección de Control Técnico y de Asesoramiento Jurídico del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado que tienen como misión el análisis jurídico-administrativo de las gestiones con efecto hacen que sean presentadas por las jurisdicciones con proyectos de decreto puestos a consideración del gobernador. Mas grave aún es que se reconoce la falta de dictámen de Fiscalía de Estado como órgano de asesoramiento jurídico del Poder Ejecutivo y de la defensa legal, que actua como última instancia en el asesoramiento administrativo, ejerciendo la dirección de los procesos en que sean parte los entes administrativos con capacidad jurídico procesal cuando aparezcan comprometidos intereses sustanciales. · El informe elaborado por el director del órgano de control se limita exclusivamente a realizar un detalle de los hechos ocurridos en relación al desarrollo de la concesión, agregando un informe de la coordinación técnica del órgano que señala el incumplimiento de la concesionaria de su obligación de repavimentar toda la traza , y agrega información relativa a la evolución de las tarifas, sin expedirse sobre ninguna alternativa de resolución del contrato ya que no le fue requerido. Se le solicitó solamente su participación a efectos de informar sobre las actuaciones llevadas a cabo durante el proceso de la concesión, pero no sobre las alternativas de rescisión, ni mucho menos sobre la opción de rescisión por mutua voluntad, o sobre el convenio suscrito. Además, nunca se se le dio vista a las respuestas y reclamos de ARSSA, ni tampoco a los resultados de las auditorias de la UNR, agregadas a continuación de su intervención. · Se da intervención a la asesoría jurídica de la autoridad de aplicación, sin intervención previa de ningún organismo provincial de control ni técnico, para que se expidan sobre los reclamos de la empresa, concluyendo que existen incumplimientos mutuos, pero sin valorar la magnitud de los incumplimientos de ambas partes, y señalando que si se considerara la alternativa de una rescisión de mutuo acuerdo seria necesario llegar a una “justa composición de intereses , quedando esto supeditado a las auditorias contables y técnicas de la UNR.” No se le dio intervención posterior una vez conocidos dichos informes, ni se expidió definitivamente sobre la resolución adoptada, los términos del convenio y solución transitoria de continuidad del contrato. · Las aclaraciones hechas en relación a la salida de las empresas que conformaban la UTE – ARSSA al momento de la oferta, hechas mas dudas aún que certezas sobre el accionar del gobierno provincial, ya que siendo de público conocimiento la desvinculación de varias empresas de la UTE, señala que no existe autorización alguna del ministerio competente e ignoran como fue el proceso de retiro, de lo cual se acredita una manifiesta inacción por parte de la autoridad de aplicación. Si el gobierno provincial hubiera actuado conforma a la ley, rescindiendo el contrato por graves cumplimientos de la concesionaria conforme a lo previsto en el respectivo contrato, las empresas integrantes del consorcio no estarían en condiciones de participar en ningún proceso licitario. De la resolución dada a la finalización del contrato resulta un claro beneficio a favor de empresas que habiendo incumplido sus obligaciones como concesionaria, ahora podrían ser beneficiarias de licitaciones de obras sobre la autopista o de la futura concesión en proceso licitatorio. · En relación a la cuantía del perjuicio económico generado por la decisión adoptada, nada señala la aclaración efectuada por el Gobierno Provincial. El valor señalado por nuestro Bloque corresponde estrictamente a la cantidad de km no repavimentados a la fecha prevista en el contrato valorados conforme a la oferta realizada y ajustados a diciembre de 2016 según la variación de la inflación. No resulta válida la pretensión del gobierno de eludir la responsabilidad del perjuicio provocado, señalando que el mismo se compensa con la posibilidad que otorgo la rescición de retomar la posesión sobre el corredor a efectos de realizar obras y tareas de emergencia que garanticen la seguridad vial, porque de este modo se carga a la ciudadanía santafesina un costo que debió soportar la concesionaria, y que de acuerdo a los antecedentes agregados, contó con fondos suficientes para ello producto de la recaudación derivadas de las tarifas aprobadas o acordadas. En definitiva, en atención a la falta de intervención en tiempo y forma del Organismo de Control y de la Asesoria Jurídica de la Autoridad de Aplicación, y la ausencia de intervención de Organismos Jurídicos de instancia previa, la decisión final de concluir la concesión mediante un acuerdo mutuo solo queda justificada por la intervención de funcionarios políticos, mediante una interpretación falsa y tendenciosa de las actuaciones labradas a efectos del acto dictado del Decreto 5194/16. Conforme a lo señalado, del análisis integral de las actuaciones no quedan acreditadas las circunstancias y antecedentes de hecho y de derecho que fundamenten, justifiquen, o permitan interpretar el acto dispuesto, sino que por lo contrario ponen de manifiesto el claro incumplimiento de la concesionaria de su obligación de repavimentar la totalidad de la traza, y la falta de razón en los argumentos expuestos en su defensa. Por ello, el convenio formulado y decreto de ratificación se presentan como un acto viciado de nulidad que provoca un millonario perjuicio a la provincia, resultando indubitablemente carente de validez jurídica o legalidad.

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