Hope Funds: cuánto dinero dice que debe el "Bernie Madoff argentino"

La empresa de Enrique Blaksley, acusada de cometer una estafa multimillonaria, presentó una lista de deudas con acuerdos firmados por supuestos ex clientes para salvarse de la quiebra en la Justicia comercial. Sin embargo, los números y los nombres son muy llamativos. Todavía no hay allanamientos a más de tres meses de la denuncia hecha a la jueza Servini.

Hope Funds: cuánto dinero dice que debe el

04-04-2017 08:24 hs.

Enrique Blaksley Señorans, dueño de la firma Hope Funds en un 97%, se convirtió en el jugador más mediático del mercado financiero argentino de la última década cubriéndose de brillo global.

Fue el sponsor, por ejemplo, de las visitas de Usain Bolt y Roger Federer a la Argentina, el logo de Hope Funds decoró la camiseta de La Dolfina, el equipo de Adolfo Cambiaso, en su histórica victoria de 2013 con la Triple Corona, el máximo logro del polo. En la City porteña, Blaksley lideró un equipo de hasta 500 agentes financieros, vendedores aguerridos y ambiciosos que captaban pequeños y grandes inversores para llevarse jugosas comisiones. Los premiaba con galas en La Rural y viajes por destinos como Hawaii o San Petersburgo con fiestas estrafalarias y hoteles top. La visita a Hawaii en 2013 incluyó estadías en el hotel Hyatt Regency en Waikiki, donde una habitación simple con vista al mar vale 400 dólares la noche. 70 vendedores participaron de aquel viaje. "Podías ir solo con el pasaporte, olvídate de la tarjeta", aseguró a Infobae una ex figura de la compañía. En el Vaticano, el jefe de Hope Funds besó los anillos de dos papas consecutivos, Benedicto XVI y Jorge Mario Bergoglio. La imagen pública, un obvio imán para inversores, no podía ser mejor.

Hoy, ya no hay brillo ni megaestrellas del deporte ni sumos pontífices. Acorralados por deudas y denuncias, Blaksley y sus allegados pelean una guerra de tres frentes judiciales para salvarse de la ruina y de la cárcel. El primero de esos frentes está en la Justicia penal federal.


En Comodoro Py, la jueza María Romilda Servini lleva dos expedientes en su contra: uno bajo la carátula de lavado de dinero, originado tras una denuncia de la AFIP y motorizada por la PROCELAC, que señala que Hope Funds habría procesado dinero de grandes inversores que no podían justificar sus ingresos. Un informe entregado por la AFIP reveló que de 521 clientes que tiene la empresa Hope Funds, apenas tres tenían la capacidad económica suficiente para hacer una inversión y la dejaron asentada en sus declaraciones de impuestos.
El otro expediente es quizás el mayor problema público de Blaksley y va al corazón de Hope Funds. Pequeños y medianos inversores que hicieron con negocios con la firma, hoy representados tanto por los abogados Gabriel Iezzi y Victor Varone, socios en el estudio que lleva su nombre junto al doctor Hernán Vega como por los abogados Gonzalo Romero Victorica y Ezequiel Altinier denunciaron al ejecutivo por estafa, en una megacausa que incluye al a su socio en la firma, Federico Dolinkué y a su mujer, Verónica Vega entre más de cuarenta allegados y firmas, entre ellas varias offshore que figuran en el escándalo de los Panama Papers.

Los inversores, entre ellos jubilados, amas de casa y jóvenes con pequeños ahorros, tentados por una oferta de tasas anuales de intereses de más de un 12%, pusieron su dinero: la gran mayoría asegura no haber visto un solo peso de vuelta. El estudio Iezzi & Varone presentó a la jueza Servini a comienzos de febrero una lista de 170 denunciantes propuestos como testigos, que ya fueron citados. El daño colectivo de ese grupo se calcula en dos millones de dólares.

El segundo frente de guerra está en la Justicia laboral: seis de sus ex vendedores estrella representados por el abogado Gonzalo Espinosa Paz -especialista en derecho del trabajo– denunciaron a Blaksley por haberes impagos y trabajo en negro. El daño colectivo, según estima el abogado, es de casi 400 millones de pesos.

El doctor Espinosa Paz apunta: "Mis clientes recibían sus haberes principalmente en negro, cerca de un 70%. El resto se facturaba. Comenzaron a cobrar en parte en diciembre pasado. En mayo de 2016, Hope Funds dejó de pagar totalmente".

El tercer frente está en el fuero comercial, donde Hope Funds recibió al menos 27 pedidos de quiebra. Hoy, es el frente más caliente de todos, el foco de la estrategia jurídica de Blaksley para salvarse, al menos en un flanco. La herramienta legal con la que el ejecutivo intenta seguir a flote es un APE, un acuerdo preventivo extrajudicial, contemplado en la Ley 25.589 de Concursos y Quiebras. Es un mecanismo muy simple: si dos tercios del total de acreedores de una empresa aceptan firmar el acuerdo y reestructurar su deuda, entonces la empresa sigue a flote y evita una quiebra.


Así, para Hope Funds -que tiene prohibido operar comercialmente luego de una resolución en su contra de la Comisión Nacional de Valores emitida en noviembre pasado-, lograr que su APE sea homologado por un juez del fuero comercial sería por lo menos una victoria en una crisis casi terminal. "No solo zafa", dice alguien que conoce bien la empresa: "Zafa de todo. Les paga solo a los que se presentaron al APE, el resto que se embrome. Y lo peor de todo: con el acuerdo ya homologado, Blaksley puede ir a la Justicia penal y decir que esto es simplemente un tema comercial". Es decir, la chance es dorada si es que gana.

Infobae adelantó los comienzos de la maniobra a principios del mes pasado: los vendedores de la firma citaban a sus viejos clientes para hacerles firmar el acuerdo, diciéndoles que recuperarían su dinero con frases poco felices. "A los que hacen juicio, Enrique -Blaksley- les va a pagar el Día de la Escarapela. Va a priorizar a los pequeños inversores que firmen los acuerdos", escuchó un joven empleado de call center que había dejado 7400 dólares a la empresa en 2015, todos sus ahorros. Asustado, el empleado firmó, según su propio testimonio; accedió a recién ver su dinero, hipotéticamente, en el año 2019. "Es mejor que nada", asegura el joven. La negociación es seguida de cerca por abogados comercialistas como el doctor Julio Simón, parte del estudio de Romero Victorica y Altinier que representa a damnificados presentados en el juzgado de Servini. La recomendación del abogado Simón a sus clientes es una sola: no firmar el acuerdo.

El 24 de febrero último, Hope Funds presentó su "certificación contable del listado de acreedores" ante el Juzgado Comercial Nº30 a cargo del doctor Sebastián Sánchez Cannavó, un documento firmado por el contador Sergio Orencel; es el presunto listado de todos los inversores que firmaron el acuerdo y de todas las personas y entidades a las que Hope Funds le debe dinero, al menos hasta el 15 de diciembre de 2016. El APE, por ley, obliga a Hope Funds a una situación incómoda: decirle a la Justicia cuánta plata debe.

Infobae accedió al documento que está firmado por Blaksley en cada página. Hay un número de firmantes del acuerdo preventivo: 277 en total. También hay un presunto número de deuda: 449 millones de pesos, 18 de ellos en deudas laborales, 34,4 en impuestos impagos a la AFIP, 395,5 en contratos de mutuo impagos y proveedores. Sin embargo, para fuentes alrededor de la causa de la jueza Servini que investiga a la empresa por estafa y lavado, la lista de acreedores es muy llamativa. El monto, también.

Con una ayudita de mis amigos

Lo que Blaksley declaró no sería la deuda completa de su holding. Hay motivos suficientes para sospecharlo. Para empezar, el contador Orencel solo presentó una lista de deudores por su principal firma, Hope Funds SA, de la cual Blaksley es responsable ante el Banco Central. Pero lo cierto es Hope Funds como grupo tomó contratos de mutuo con empresas paralelas como Marketsite, involucrada en los Panama Papers, domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas y con un apoderado de DNI argentino.

Infobae encontró un contrato celebrado en 2015 por Marketsite, imputada en la causa de Servini, con una jubilada porteña que aportó 40 mil dólares, los ahorros de su vida, con tasa de interés del 10% y que no recuperó. Asímismo, Blaksley integró los directorios de una multitud de firmas de acuerdo al Boletín Oficial, entre ellas Hope Funds Financial Services, Hope Funds Team Investments, Emprendimientos Recoleta SA, Grileon -también imputada en la causa de Servini-, entre otras.


La lista presentada al Juzgado Nº30 incluye montos individuales multimillonarios y plazos curiosos para los pagos. Un marplatense renegoció su deuda con Hope Funds por 11,7 millones de pesos para cobrarla recién en 2021. En Capital, un empresario médico de 74 años fue un poco más impaciente: puso como plazo el 2018 para ver sus 10,5 millones de vuelta. Un médico domiciliado en un country de Pacheco aceptó firmar el acuerdo por sus cuatro millones: lo más curioso es que previamente había pedido un embargo contra la empresa, en plena feria judicial.

También figuran como acreedores una pariente del contador Orencel y varios nombres fuertes de Hope Funds: están Federico Dolinkué, socio minoritario de la firma, por tres millones y Verónica Vega, mujer de Enrique Blaksley, por 700 mil pesos. No serían los únicos: fuentes que conocen la empresa aseguran que 61 de los 277 firmantes serían vendedores y ex vendedores de la empresa que siguieron leales a Hope Funds, por lo visto, a la fuerza. Un ex vendedor estrella asegura: "Muchos de los que vendían pusieron plata ellos también, las de ellos y las de sus familias".

Establecer el real pasivo de Hope Funds, saber cuánto deben Enrique Blaksley y su grupo empresarial, se vuelve una tarea incierta, con un número que las fuentes alrededor del caso no pueden estimar o responder. Blaksley, por ejemplo, no entregó sus libros contables cuando la Comisión Nacional de Valores lo pidió. Hasta ahora ningún magistrado se hizo esta pregunta. Lo cierto es que Hope Funds, a pesar de estar congelada por la CNV, todavía genera deuda. De acuerdo al Banco Central, se le rechazaron cuatro cheques a la empresa entre febrero y marzo por más de un millón de pesos, para llegar un monto total de más de cinco millones en cheques sin fondos, una cifra que luego bajó.

Así, la única respuesta posible queda en que se presente cada persona que sostiene una deuda con Hope Funds de cara a la presentación de la empresa. La convocatoria del Juzgado Nº30 fue publicada en las secciones de edictos de diarios, una herramienta que no suele ser suficiente. "El juez comercial no puede desconocer que se trata de miles de mutuos y miles de acreedores, básicamente lo están 'usando' para darle legitimidad a la estafa. No se trata de préstamos de dinero, ya que Hope Funds solo habla de mutuos y no la realidad, que era que le decían a la gente que invertían en un fondo de inversiones. Nadie les prestó plata, se la dieron para invertir. Además, quedan fuera el resto de las empresas de la trama", asegura el abogado Víctor Varone, hoy querellante en la causa de Servini. "Todo esto fue planeado por Enrique Blaksley", remata.

"El juez no se expidió sobre el plazo de cierre", dice una mano derecha del doctor Sánchez Cavanno. Según fuentes que siguen de cerca la negociación, el cierre sería este mismo viernes.

"Este trabajo no constituye una auditoría ni una revisión", aseguró el contador Orencel en la primera página del documento presentado ante el Juzgado Comercial Nº30. Y lo cierto es que un juez comercial no tiene las mismas funciones que un juez penal. ¿Puede el doctor Sanchez Cavannó, que recibió el documento, disputarlo y cuestionar su validez con pedidos de medidas de prueba? "El juez hace lo que dice la ley", afirman de vuelta en el Juzgado Comercial Nº30: la Ley de Concursos y Quiebras no lo establece. El juez, simplemente, puede homologar o no.

¿Y la plata?

La pregunta, con las operaciones de Hope Funds congeladas por orden de un ente de jerarquía ministerial, tiene validez: ¿de dónde saldrán los, como mínimo, 447 millones de pesos para pagarle a los acreedores? En una reunión privada con sus vendedores, Blaksley habló de varios negocios hipotéticos, entre ellos uno apuntado a la reducción de basura. "Ni la NASA lo tiene, lo va a tener Enrique", se ríe un ex empleado. En los papeles, la esperanza para el futuro de Blaksley tiene nombre y domicilio en Pilar: es Verazul, un proyecto de barrio cerrado que en su lanzamiento de 2013 prometió espacio para más de 2 mil unidades, con una laguna de 33 hectáreas para actividades náuticas, club house y amarradero, cancha de squash. Un terreno de 800 metros cuadrados podía valer cerca de 85 mil dólares.

Un acuerdo entre partes para el APE que está en manos de varios vendedores de Hope Funds y que fue entregado a acreedores muestra a Verónica Vega, la mujer de Blaksley, como la representante de la empresa en el contrato. El segundo capítulo, bajo el título de "reestructuración del pasivo", establece que "las partes acuerdan que que el crédito será atendido… mediante la dación en pago o transferencia o cesión de derechos, cuotas, partes, porción ideal o condominio" del fideicomiso que controla a Verazul.

Sin embargo, no es todo tan sencillo: hoy el emprendimiento está frenado por dos jueces federales, los doctores Sandra Arroyo Salgado y Adrián González Charvay, magistrado de Campana. El motivo: se lo acusa, junto con otros emprendimientos inmobiliarios, de ser responsable de causar la trágica inundación del río Luján en 2015 al impedir su correcto drenaje.

Advertencia al Ministerio de Infraestructura del juez Gonzàlez Charvay para que no se edifique en terrenos de Verazul.
Advertencia al Ministerio de Infraestructura del juez Gonzàlez Charvay para que no se edifique en terrenos de Verazul.
La causa tramita en el juzgado de González Charvay con la carátula de "estrago con peligro de muerte", con parte querellante. En un escrito firmado el 5 de julio, el juez asegura que "al haberse ordenado la realización de un amplio estudio pericial integral e interdisciplinario… urge la imposición de una medida de carácter cautelar". Es decir, no se puede colocar un solo ladrillo en los terrenos de Verazul. Ese mismo día, el Juzgado Federal de Campana anotició al Ministerio de Infraestructura de la provincia: debía abstenerse de otorgar validaciones técnicas en la zona hasta nuevo aviso. O sea, la plata con la cual especula Hope Funds no tiene ninguna certeza en el corto o mediano plazo.

Este fin de semana, la administración del fideicomiso convocó a una reunión de todos los compradores de Verazul en la entrada del predio. La presentación de un nuevo fiduciario, Nexos Consultora SA, y un recuento del estado patrimonial eran parte de la agenda así como anunciar trámites para una "convalidación técnica preliminar" a pesar de la orden de un juez federal de la jurisdicción en contra. "Nos dijeron que la plata que pagamos se destinó a la compra del lugar y que toda la plata del fideicomiso no existe porque se fue en tierra. Pero no sabemos dónde figura eso por escrito", dice un asistente, disgustado.



De vuelva en el Juzgado Federal Nº1 de Comodoro Py, la jueza Servini ya cuenta con testimonios reveladores. Entre ellos, el de una ex recaudadora de Hope Funds que aseguró que hizo, desde Uruguay,  depósitos directos a la empresa en una cuenta offshore Islas Vírgenes con la venia de la oficina de la emprea en la calle Sarmiento. Hoy, ya nadie atiende en Sarmiento. Las fotos del lugar supuestamente abandonado que ilustran esta nota circulan vía Whatsapp entre sus ex clientes y supuestos damnificados; hay papeles revueltos, cosas en el suelo.

Sin embargo, a pesar de repetidos pedidos de los abogados Varone y Romero Victorica, a más de tres meses de presentadas sus denuncias por estafa, Servini no despachó a la fuerza pública a allanar el lugar o ninguno de sus domicilios fiscales, o la casa de Blaksley en un reconocido country.

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